El Heraldo
Cesar

Alerta por riesgo de violencia en 7 municipios del Cesar

La Defensoría del Pueblo advirtió riesgo electoral en el Cesar ante el incremento de las acciones del Eln y Clan del Golfo, en las últimas semanas.  

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana, advirtiendo un aumento del riesgo electoral en siete municipios del Cesar por cuenta de las acciones armadas del Eln y el Clan del Golfo, en las últimas semanas. 

Valledupar, Codazzi, El Copey, Curumaní, Pailitas, La Paz y Pueblo Bello, son las poblaciones que en el departamento registran un riesgo alto por la presencia y accionar de estos grupos armados al margen de la ley. 

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, desde Quibdó, en el departamento de Chocó, epicentro de confrontaciones entre estos dos grupos armados ilegales, presentó un informe de seguimiento en el cual se destaca que, de los 521 municipios a los que se les viene haciendo monitoreo permanente, 290 presentan riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos de la población, 16 más que los registrados en febrero de este año. 

Además de recomendar nuevas acciones a las autoridades gubernamentales frente al proceso electoral, el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana 004 constató que entre febrero y mayo se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo y de 195 a 206 municipios con riesgo alto de vulneraciones a los derechos de los ciudadanos. 

El Informe de Seguimiento reconoce la influencia en los territorios de varios grupos armados ilegales y sus disputas por las actividades criminales del narcotráfico, la minería ilegal, microtráfico, ‘gota a gota’, extorsiones, entre otras. 

Ante el incremento del riesgo, la Defensoría del Pueblo recomendó la implementación de acciones extraordinarias para la protección de las comunidades por parte de las instituciones del orden municipal, departamental y nacional. También solicita que se adopten estrategias contundentes de inteligencia que permitan garantizar las condiciones de seguridad para la participación en las elecciones. 

“El Estado debe implementar más mecanismos de investigación y verificación por las denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas contra candidatos o sus campañas. También debe brindar la protección para que las personas puedan votar en zonas rurales y sobre todo garantizar la libre participación”, puntualizó. 

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