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Alcalde de La Paz, en líos por la corrupción de la Ocad Paz

Martín Zuleta, mandatario cesarense, miembro con voto en el Ocad Paz, habría incidido en la aprobación de varios proyectos.

 La escandalosa denuncia sobre la supuesta corrupción denunciada en el manejo de los fondos para la implementación del acuerdo de paz, además de salpicar a funcionarios del DNP y la Contraloría, también lo ha hecho con varios alcaldes del país, entre ellos, a Martín Zuleta, mandatario de La Paz, Cesar, y quien tenía voz y voto en las decisiones del Ocad Paz.

Precisamente una emisora cesarense, Candela Viva, reveló audios en los que se escucha al mandatario hablar sobre un proyecto y solicita “cuántos puntos pueden ceder” y si pueden ser cuatro o cinco “hojas de block” para que “esto salga” y luego llevar el proyecto a Ocad Paz para su aprobación.

“Si tiene algún municipio pendiente yo estoy atento”, dijo en la conversación.

Las denuncias e investigaciones periodísticas del escándalo, que fue revelado por Blu Radio, también apuntan a los conservadores Ape Cuello y al senador Samy Meregh, quienes estarían detrás de los proyectos aprobados con los recursos de la paz. 

“No soy funcionario de entidades. No encuentro una sola entrevista en la que salga mencionado. Esto no es contra el congreso. Si algún alcalde del País tiene una queja en contra mía o de algún Congresista debe inmediatamente hacerla pública”, se defendió de las acusaciones Ape Cuello.

Sobre estas denuncias, Alejandra Botero, directora del DNP, indicó que: “no tenemos actuaciones incorrectas comprobadas, solo denuncias”.

En el centro de la supuesta trama está el Ocad Paz, un organismo del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los que el actual Gobierno denominó Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que conforman los 170 municipios más pobres y más afectados por el conflicto.

Según una investigación, solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos (más de 121 millones de dólares).

El OCAD Paz no tenía un máximo de proyectos para asignar a cada territorio, a pesar de que debía “distribuir los recursos con equidad” y los proyectos que los alcaldes les presentaban para su financiación deberían contar con la aprobación del DNP, además de otros organismos como la Contraloría y la Agencia de Renovación del Territorio.

En la investigación de la radio se señala directamente, por haber decidido sobre los proyectos que se financiaron en 2021, a al exconsejero presidencial para la Estabilización y Consolidación Emilio Archila, a varios alcaldes, a miembros de la Contraloría y a varios congresistas del Partido Conservador, así como un exgobernador que hoy está imputado.

También se apunta al entonces director del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila, quien supuestamente “elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones” y no lo hacía por orden de inscripción, sino que, según relatos recabados, para que priorizara un proyecto, el alcalde necesitaba “tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6 % y 15 % de dádivas”.

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