Los últimos casos de violaciones, agresiones, abusos y asesinatos cometidos a menores de edad en el país, han suscitado la polémica sobre la conveniencia de incorporar en nuestra legislación penal la figura de la también llamada cadena perpetua, iniciativa que están impulsando sectores políticos y movimientos sociales, aterrados como están del crecimiento que ha venido tomando este flagelo en la geografía nacional.
Esta iniciativa que no es nueva, fue presentada por un grupo de ciudadanos en 2009, que pedían un referendo con el que se quería modificar el artículo 34 de nuestra actual Constitución Nacional. Ante estas circunstancias, hay que ser claros que este tipo de sanción en nuestro territorio nunca ha existido, ni se ha aplicado desde nuestra independencia -desde que nos erigimos como República hace más o menos 200 años-.
Por otro lado, los informes que han rendido hasta el momento el Instituto de Medicina Legal, que han reportado 17.574 violaciones sexuales a menores de edad, nos señalan que los colombianos no debemos permanecer indiferentes ante estos hechos, pero a la vez nos permitimos exponer que no es necesario ni conveniente recurrir a la implantación de esta figura para combatir esos censurables hechos, puesto que nuestra legislación cuenta con suficientes sanciones severas y ejemplarizantes, y que tan solo lo que hay que hacer efectivo el aparato judicial del Estado para combatir este flagelo.
Valmiro de la Hoz Cantillo
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