Al asistir a las instalaciones de la oficinas del tránsito y luego al banco Davivienda al pago de sanciones por comparendo, encontré un grupo muy numerosos de paisanos, colegas y amigos de los municipios vecinos a mi pueblo Calamar, y las peticiones que más escuché en todos ellos fueron: “por favor, no más comparendos”; “no más cámaras”.
Las autoridades departamentales, municipales, tránsito y los que manejan esta concesión, deben tener en cuenta estos reclamos que provienen de quienes transitamos con frecuencia por la vía Barranquilla-Calamar debido a la instalación de un gran número de cámaras. Son 12 en ese corredor, cuya distancia es de 80 km o sea una cámara por cada tramo de 7 km. Algunas colocadas en lugares que obligan al conductor a frenar intempestivamente, sin lograr conseguir el mínimo que anuncian, en sitios que según los entendidos, debería ser mínimo de 60 km por hora.
No se trata de oponerse a una herramienta tecnológica que debe ayudar a sancionar a los que cometen infracciones como la del exceso de velocidad, pero en esta carretera por el número y las distancias de las “fotomultas” predisponen a infracciones involuntarias que por la frecuencia y reincidencia con que se vienen presentando vienen empobreciendo los bolsillos de los conductores que transitan por esa vía.
Es muy llamativo que la mayoría de los que estaban en las filas para el pago, quienes fueron víctimas de estas sanciones, lo interpretaran como una conducta arbitraria de unas autoridades más interesadas en captar recursos que en mejorar la movilidad y la seguridad en la vía para salvar vidas. Y esto es muy grave, pues, estos reclamos por la visión que tiene la comunidad por este tipo de sanciones, son una bomba de tiempo.
Por ello solicitamos respetuosamente a la institucionalidad local, los alcaldes y la autoridad de tránsito de los municipios que tiene que ver con la carretera Barranquilla–Calamar, que revisen en forma detallada y objetiva la regulación de esta herramienta en esa vía. No solicitamos prescindir de ella, pero sí que revisen: si es justificable por criterios técnicos, el número de cámaras instaladas y el límite de velocidad fijado, y que la decisión no parta del desconocimiento de la reglamentación que pueda tener algún mandatario local; para que la intención de controlar las infracciones de los vehículos en la vía mediante el uso de cámaras, no se vea desvirtuado por tantos comparendos que conlleva a la captación de recursos que la comunidad percibe como sanciones injustas, o por lo menos, no del todo merecidas.
“Es un clamor de los coterráneos”.
Agustin Guerrero Salcedo
