El Heraldo
Javier Lastra, agente especial designado para Electricaribe. Cortesía.
Bolívar

Juez ordena diez días de arresto para el agente liquidador de Electricaribe

El agente liquidador de Electricaribe Javier Alonso Lastra Fuscaldo, además del arresto, tendrá que reconocer a los empleados sindicalizados pagos por el orden de $3 mil millones de pesos.

El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Cartagena ratificó el fallo de primera instancia del Juzgado Quince Penal Municipal del Circuito que le impuso una sanción de días de arresto por desacato a una sentencia que favorecía a los miembros del sindicato de Electricaribe, contra el agente liquidador de Electricaribe Javier Alonso Lastra Fuscaldo.

Además del arresto la empresa tendrá que reconocer a los empleados sindicalizados pagos por el orden de $3 mil millones de pesos.

El abogado Samir Samudio explicó que el proceso se remonta al año 2013 cuando la Corte Constitucional mediante sentencia T – 619 emitió un fallo a favor de la subdirectiva de Sintralecol Bolívar, en ese entonces presedida por Hernán Rángel.

Según el jurista, en ese momento, se le reconocieron unos derechos a los trabajadores sindicalizados a través de una política de restablecimiento de condiciones labores debido a que se logró comprobar que la empresa estaría beneficiando a unos empleados que no se encontraban sindicalizados y con estas prebendas pretendían que se evitara la asociación de los empleados.

“A los empleados se les estaba coartando el derecho a la libertad de asociación que todo trabajador tiene”, comentó el abogado.

La corte le permitió equiparar a los trabajadores sindicalizados en términos de contratos y beneficios que hasta la fecha no se han dado.

Ante el incumplimiento por parte de la empresa se instauró un incidente de desacato del cual salió favorablemente en primera instancia y se ratificó la imposición de la sanción en lo que son los salarios de los empleados. 

En total la indemnización es un valor superior a los $3.000 mil millones aproximadamente.

La puja de los sindicatos

El abogado explicó que infortunadamente al interior de Sintraelecol existen varias subdirectivas a nivel nacional que han terminado por afectar los intereses de los trabajadores. 

Samudio dijo que actualmente existen en Cartagena dos directivas y una de ellas es representada por Rangel quien se acogió a la normatividad para evitar que hubieran subdirectivas departamentales como lo puede ser la de Bolívar.  “De aquí se pasó del departamento a la de Cartagena siendo está última la que ha sido la titular de las convenciones desde hace 60 años”.

El jurista manifestó que ahora mismo la puja por la razón social del sindicato se encuentra en los estrados judiciales en donde se ha podido documentar con folios y denuncias laborales el fraude que ha sido cometido presuntamente por los que decidieron abrir la disidencia de Bolívar. 

El arresto, según el abogado, es para un funcionario público que ha estado renuente a una sentencia que favorece a los empleados.

“Es muy difícil que Electricaribe logre demostrar que los empleados no tienen la razón”.  

Finalmente, de no llegar a acatar el agente liquidador las sanciones o fallos que han sido dispuestos por los jueces, se expondría a una posible investigación por parte del Ministerio Público en un proceso disciplinario.

“Electricaribe hasta hoy no ha podido demostrar que ha cumplido con los fallos sancionatorios”.

Responde el defensor

Por su parte, Charles Chapman, presidente Champman y asociados, firma que asesora a Electricaribe en asuntos laborales, sostuvo que estas decisiones constituyen una vía de hecho en contra de los derechos individuales del agente especial como también una violación a los derechos de la empres a Electricaribe.

Precisa el jurista que en el mismo Juzgado I Penal en decisión anterior se había determinado que el fallo de tutela estaba cumplido. Agrega que, en los incidentes se presentaron violaciones a la ley. 

Por ejemplo, señala, que dentro del trámite del incidente de desacato no se individualizó al responsable del fallo y se violaron múltiples garantías del debido proceso.

Al respecto, Chapman sostuvo que la empresa presentó una acción de tutela en contra de la decisión de la orden de arresto la cual cursa en el Tribunal Superior de Cartagena.

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