Fiscalía imputa cargos en caso Aquarela a tres capturados que no se allanaron
Entre algunos de los argumentos expuestos por parte del ente investigador se encuentran la omisión por parte de la Curaduría Urbana de las normas o leyes promulgadas por el Ministerio de Cultura en zonas de protección ambiental.
Los tres capturados por el caso de la construcción del polémico edificio Aquarela no se allanaron a los cargos imputados por parte de la Fiscalía. La diligencia se extendió hasta las 9:00 de la noche el pasado miércoles en el complejo judicial donde se encontraban el Curador Urbano No 1, Ronald Llamas; el arquitecto del complejo Claudio Restrepo y el representante legal de la firma, Lucas Tamayo.
La Fiscalía General de la Nación presentó todos los elementos materiales probatorios para corroborar la serie de irregularidades que se cometieron en la construcción del complejo urbanístico en donde no midieron el impacto real en una zona de periferia histórica conformada por los barrios Torices, El Cabrero y sectores aledaños, por estar cerca al Castillo San Felipe, que además convierte a Cartagena en Patrimonio de la Humanidad.
Entre algunos de los argumentos expuestos por parte del ente investigador se encuentran la omisión por parte de la Curaduría Urbana de las normas o leyes promulgadas por el Ministerio de Cultura en zonas de protección ambiental.
Igualmente el hecho de que la Curaduría diera el visto bueno a varias resoluciones del proyecto en las cuales hay inconsistencias entre planos, predios, áreas comunes etc. Varios predios del proyecto Aquarela, según la Fiscalía, no tenían autorización de Corvivienda y no han sido tramitados en alguna Curaduría Urbana.
Señala el ente acusador que hubo irresponsabilidad de parte del curador Llamas, para desconocer que estaba en juego el Patrimonio de la ciudad, a través de la declaratoria de la Unesco. Durante la audiencia se reveló un audio entre el curador urbano y una funcionaria de la Superintendencia de notariado y registro de nombre Irma, donde según la Fiscalía, la actitud de la funcionaria es de asesoría y no de funciones públicas. Señala la Fiscalía que el proyecto Aquarela pretendía tener un helipuerto sin tener un certificado de la Aeronáutica Civil.
De igual manera, la Fiscalía dice que el representante legal Lucas Tamayo presentaba resoluciones distintas y con inconsistencias ante Corvivienda. La Fiscalía expuso algunas de las condiciones o leyes que promulga la Unesco para la conservación del patrimonio y varias de estas se estarían violando con el proyecto Aquarela principalmente en lo que tiene que ver con el paisaje y los alrededores del Castillo de San Felipe de Barajas
