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Un niño comiendo en un comedor del PAE Archivo
Bolívar

PAE en Cartagena: pechugas de pollo se pagaban a $40 mil

El contralor general de la República agregó que durante el 2016 más de 32 millones de raciones se habrían dejado de entregar por demoras en la contratación y en la ejecución de los recursos.

En el marco de la rendición de cuentas este martes de su tercer año de gestión, el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, reveló que el exalcalde de Cartagena, Manuel Duque, contrató el Programa de Alimentación Escolar, PAE, de 2016 en la capital bolivarense, en “una situación abiertamente irregular” en la que, por ejemplo, se pagaron pechugas de pollo a $40.000 cada una.

Al respecto, el titular del ente de control fiscal precisó: “el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vásquez contrató de manera directa $23.427 millones en una situación abiertamente irregular. En los contratos se encontraron pechugas de pollo a 40 mil pesos, o la compra de  2.800 kilos de canela, por más de $39 millones, que nunca llegaron a las escuelas. Y aún más: compraron 2 millones 600 mil panes, a $400 pesos cada uno, pero de los cales solo entregaron 1 millón 500 mil raciones”.

Agregó el valduparense Maya Villazón que durante el año pasado más de 32 millones de raciones se habrían dejado de entregar por demoras en la contratación y en la ejecución de  los recursos.

Se establecieron, en total, hallazgos fiscales en 17 departamentos del país por 32.951 millones de pesos.

Otro caso alarmante, indicó el contralor, se dio en el departamento del Magdalena, donde “bajo la administración de la gobernadora Rosa Cotes Vives, se presentaron también  irregularidades que generaron un presunto detrimento patrimonial por más de $3 mil millones”.

Concluyó al respecto Maya que no permitirán más saqueo con la alimentación de los niños: “desde la Contraloría General de la República no vamos a dejar que se sigan robando los recursos para la alimentación de los niños y niñas del país”.

Y añadió: “No hay derecho a que después de los malos manejos que venimos denunciando desde 2015, en las auditorías de 2017 se hayan repetido las irregularidades”.

También en el Amazonas se dio un caso indignante. Aquí en su momento la Contraloría encontró gastos también escandalosos como el costo de un huevo por 900 pesos, y se abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el gobernador Manuel Antonio Carebilla, por 297 millones de pesos.

Reportó además, en otros frentes, que la Contraloría ha proferidos 229 fallos de responsabilidad fiscal por 224.607 millones de pesos, se logró el resarcimiento del daño causado al patrimonio público por valor de $131.229 millones, en desarrollo de 275 actuaciones procesales. Y se iniciaron 350 procesos de cobro coactivo por valor de $367.677 millones, obteniendo hasta ahora, un recaudo de $51.572 millones.

Entre tanto, puso de presente Maya que el fallo más cuantioso, por 47.425 millones de pesos, se dio contra ex directivos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, Uaesp, los Concesionarios y la Sociedad Fiduciaria Bancolombia: “con recursos públicos de tarifas de aseo, exdirectivos de la Uaesp celebraron contratos entre 2008 y 2011 para financiar actividades que no guardaron ninguna relación con la prestación del servicio de aseo o que guardando relación correspondían a actividades ya concesionadas a los operadores del servicio de recolección, barrido y limpieza, y al operador del relleno Doña Juana”.

Indicó así mismo el ente en un comunicado que por cada peso invertido en la entidad recupera $128. Se ha logrado recaudar en los primeros 35 meses de la administración del contralor Maya Villazón (a 31 de agosto de 2017), $221.847 millones. Lo que equivale a recuperar cada día 340 millones de pesos, monto que cuadruplica los $68.832 millones de pesos recaudados en los 48 meses de la anterior Contraloría.

Finalmente, anunció el jefe del ente de control que se alista la nueva Unidad Delegada para el Posconflicto, creada en mayo de 2017, con la que la Contraloría jugará un papel significativo en la verificación del buen uso de los recursos asignados para la paz.

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