Alcalde de Cartagena y tres más, a la cárcel

A las 5:17 de la tarde de este viernes quedó desvirtuada la mayor premisa con la que los electores del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente de Jesús Duque Vásquez, un periodista deportivo sin experiencia en la cosa pública, defendían su llegada al Palacio de La Aduana: “tranquilo que su primo hermano JJ no lo va a dejar meter en problemas”.

Irónicamente, el mismo José Julián Vásquez Buelvas (JJ), una persona versada en lo legal aunque arrastrando una suspensión de diez años para cargos públicos, mandó al Alcalde de Cartagena a la cárcel con su abrumadora participación en las decisiones del Distrito.

Los dos, junto al concejal de la ciudad Jorge Useche Correa y la contralora Distrital, Nubia Fontalvo, amanecieron este sábado en tres centros penitenciarios diferentes al considerar el juez de control de garantías, José Luis Robles, que la asociación que estas cuatro personas hicieron para orquestar la elección de la contralora Fontalvo, precedida de diferentes negociaciones a cambio de cargos y contratos a sus electores, entre ellos varios concejales, fue un “golpe de estado Distrital que por ignorancia o con pleno conocimiento permitió el alcalde Duque al permitir la usurpación de funciones de parte de su familiar”, dijo el juez Robles.

Para el togado, la detención preventiva se justificó porque los cargos que se le imputaron al mandatario Distrital y las otras personas, más sus actuaciones, ponen en peligro la institucionalidad y la posibilidad que la justicia se viera intervenida ante la red de corrupción que la administración, en cabeza de Duque, construyó para armar toda un entramado de influencias coercitivas para repartirse los cargos burocráticos.

En consecuencia, tanto el alcalde Duque, como el concejal Useche fueron enviados a la cárcel para funcionarios públicos en el municipio de Sabanalarga (Atlántico); la contralora Fontalvo, al centro penitenciario para mujeres en el barrio San Diego y por último a José Julián Vásquez, a la cárcel de sumariados de Ternera.

Pruebas contundentes contra Manolo y su primo hermano

En la relatoría de los alegatos de la Fiscalía y las respuestas a los argumentos de la defensa, el juez de control desestimó estos últimos al hallar suficientes pruebas en contra de Manuel Vicente Duque y José Julián Vásquez para ratificar los cargos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer en concurso homogéneo, tráfico de influencias de servidor público (en el caso de Duque) y de tráfico de influencias de particular y usurpación de funciones públicas (en el caso de JJ).

Para la justicia, JJ ejerció una influencia que desbordó cualquier tipo de caracterización que pudiera tener un asesor a la distancia de la administración Distrital y por el contrario “tuvo una participación tan activa desde su oficina alterna en un edificio de Bocagrande que se evidenció una relación permanente con los secretarios del despacho, quienes veían en él a un ‘jefecito’ como lo llamó en una ocasión la Secretaria General de la Alcaldía” cuando estaba organizando la visita de uno de los funcionarios del alto Gobierno.

La medida de enviar a la cárcel de Ternera a JJ tomó más fuerza cuando el fallador en primera instancia destacó como un agravante que el primo hermano del alcalde era conocedor de los asuntos legales y debió mantener la distancia prudente que requería el hecho que su familiar llegara al mando de los asuntos de la ciudad y, además, estar cumpliendo una sanción disciplinaria que le impide ejercer cargos públicos.

Useche hizo el papel del topo

A la semejanza del dirigente deportivo estadounidense Chuck Blazer, intervenido electrónicamente por el FBI para incriminar a toda la cúpula de la Fifa, el concejal Jorge Useche Correa abrió, sin saber que su teléfono estaba intervenido por la fiscalía, la caja de pandora que este viernes por la tarde estremeció a una ciudad como un golpe a la barbilla de Pambelé.

Fueron precisamente los audios el insumo para que el juez Robles subrayara, con matices de voz como un buen locutor, algunos calificativos con mucho énfasis para argumentar en favor de la medida de aseguramiento intramural para la primera autoridad de Cartagena y los otros imputados que desde hace unas semanas atrás había pedido el ente acusador.

“Lo que podemos evidenciar con las pruebas de los audios presentadas por la Fiscalía fue la misma prostitución de la cosa pública en la que todos los acusados se solidarizaron para que, incluso si se presentaba algún problema en la orquestación de su asociación delictiva, pagar entre todos los abogados y salir de cualquier eventualidad”, argumentó el juez.

Una intervención electrónica de uno de los investigadores judiciales pudo constatar la presencia de JJ en la reunión clave del 7 de enero de 2016 en el despacho del Palacio de La Aduana, en la que se cerró el acuerdo entre el concejal Useche, quien llevaba la vocería de varios de sus compañeros en el Concejo, JJ y Duque para encaminar la elección de Nubia Fontalvo y cerrar toda clase de acuerdos en la que se terminó de cooptar el órgano de control fiscal por los miembros del Concejo que votarían en favor de Fontalvo Hernández, repartiéndose los cargos disponibles en la contraloría con JJ.

“El seguimiento electrónico del funcionario investigador precisó que JJ había utilizado un celular adscrito a una empresa de razón social Comunicaciones y Asesorías Ltda como receptor de varias llamadas que se hicieron desde la Alcaldía y que lo señalan como el gestor de esa reunión donde se concretó todo el delictivo acuerdo”. Si bien JJ no se escucha el audio en la gestión de la reunión, si se dio por sentada su presencia y participación cuando la Secretaria General dice “ella misma le abriría la puerta del edificio de la Alcaldía”, refirió el juez.

Como si tratara todo como “un botín de piratas”, la Fiscalía pudo evidenciar que entre los acusados se presentaron transacciones y disputas por los contratos de prestación de servicios que estaban en juego en la Contraloría, al punto que el concejal Useche alcanzó a pedirle a los beneficiados con su voto en el Concejo por Fontalvo, un documento que los obligaría a futuro a cumplirle con las prebendas negociadas.

“Fue una mermelada tóxica con la que se buscó aceitar toda una maquinaria de transacciones que creó una especie de tercer estado territorial”, acotó Robles.

La mayor evidencia contra Useche se constató cuando en conjunto con una funcionaria de la Contraloría se asoció para esquilmar el erario de la entidad cuando influenció, a través de esta persona al interior de la misma, para que se tomara la decisión del alquiler un inmueble hacia donde se trasladaría el órgano de control a un precio superior al que ofrecía el contratante y de esta manera verse económicamente beneficiado.

El proceso pasa ahora a manos de un juez de control de conocimiento y la defensa tendrá la oportunidad de rebatir los argumentos en procura de modificar la decisión del juez de garantías.