Alcalde de Cartagena denuncia que ha recibido amenazas de muerte
Las amenazas son materia de investigación por parte de las autoridades.
Luego de la jornada de protesta convocada por un grupo de motociclistas, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, denunció que ha recibido amenazas de muerte contra él y de dos miembros de su gabinete, la Secretaria del Interior (e), Paola Pianeta Arango, y el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Janer Galván.
"El día de hoy (lunes), la doctora Paola Pianeta, la secretaría del Interior, recibió amenazas de muerte, y de números plenamente identificados, igualmente recibió amenazas de muerte, el doctor Janer Galván, director del DATT, y yo también recibí amenaza de muerte, con unas malas palabras y después diciendo que saben donde vivo y me van a plomear. Tuvimos una mañana llena de muchos actos vandálicos, pero gracias a la Policía y a la Armada todo está bajo control, solicitamos apoyo del Comandante de la Regional Número 8 de la Policía, que cubre a los departamentos de la Región Caribe, y este accedió a la petición para traer refuerzos", aseguró el mandatario.
Entre tanto, el Brigadier General, Nicolás Zapata, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, confirmó que desde tempranas horas del lunes se desplegó un dispositivo que logró intervenir 10 puntos de bloqueo, y fueron 22 personas conducidas.
“Tenemos refuerzo adicional para la noche, hasta el momento se debe aumentar la presencia, y coordinar con Unidades de Inteligencia de la Fiscalía y la Armada Nacional para garantizar la tranquilidad de los cartageneros”, precisó el alto oficial.
“Hasta el momento de las 22 personas conducidas, hay 13 judicializadas, hay dos extranjeros dentro del grupo de capturados; estas personas están relacionadas con los delitos de obstrucción a la vía pública y por ataque a servidor público, y quiero aclarar que la Ley 2197 endurece las penas, las duplica, y hasta hay penas de prisión”, dijo.
Con relación al delito de obstrucción a vías públicas, anteriormente el capturado incurriría en prisión de 1 a 3 años, pero, con la nueva Ley 2197 del 25 de enero de 2022, la pena aumentaría de 3 a 5 años.
