Tribunal admite demanda en caso Triple A y da 10 días de plazo para descargos
España ‘baraja’ que gobierno colombiano le quite las acciones en Triple A. El Distrito dice que le están dando una “lectura inadecuada” a investigación de entes de control.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la Acción Popular presentada contra las empresas Inassa, Triple A, y otros, y les dio a los demandados diez días de plazo para presentar sus descargos y solicitar la práctica de las pruebas en este proceso.
En el auto de admisión, con fecha del 22 de junio, el magistrado ponente de la Sección Primera del Tribunal de Cundinamarca, Óscar Armando Dimaté Cárdenas, dijo que la demanda cumplía con los requisitos contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo. En el mismo documento ordenó vincular a la Alcaldía de Barranquilla, a través de su alcalde, como tercera interesada en el resultado del proceso.
En la demanda se pide la devolución de los dineros que Inassa ha recibido de Triple A producto del contrato de asistencia técnica. Además, solicita como medidas cautelares el embargo de las acciones que Inassa tiene en Triple A y embargos de las cuentas de la empresa (Inassa). Esta solicitud se tendrá que definir en próximos días, según informó la fuente.
Se conoció que el tribunal está dando traslado a las partes (Triple A e Inassa) para que ejerzan el derecho a la defensa. De igual manera, fue notificada la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La demanda
La Procuraduría en ejercicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política, demanda a la empresa Triple A, la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A, Inassa y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de “evitar la vulneración de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna”.
De la demanda, se notifica al agente del Ministerio Público, al director general o representante delegado para el efecto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano y a la Defensoría del Pueblo.
Expropiar acciones
La Comunidad de Madrid baraja la hipótesis de que el Gobierno colombiano podría expropiar sus acciones en la empresa de servicios, a lo que el secretario Jurídico del Distrito, Jorge Padilla explicó que la acción popular cuestiona que la asistencia técnica no se prestó y que el valor que se pagó por ella deben devolvérselo a la empresa, pero eso no es una expropiación, ni que le van a quitar las acciones, como se viene diciendo en España.
“Se verán obligados a devolver la plata de un contrato, si se logra probar que no se ejecutó”, explicó Padilla. Se refiere al contrato de asistencia técnica que firmaron en 1996 entre Inassa, Triple A y el Distrito de Barranquilla.
Para Padilla, a este caso le están dando una “lectura inadecuada” a los procesos de investigación que distintas entidades de control están haciendo por las posibles irregularidades que se han presentado en la empresa.
EL HERALDO conoció que el Grupo Inassa cuenta con la asesoría de la firma de abogados iberoamericanos Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
De igual manera, Padilla manifestó que el Distrito fue vinculado al proceso para efecto de una medida cautelar, cuyo propósito es evitar el pago de la asistencia técnica, el cual ya había sido solicitado por el ente de control dentro de la actuación disciplinaria.
“Tenemos diez días contados a partir de la notificación para contestar la demanda”, indicó.
La firma Triple A, controlada mayoritariamente por Inassa, está en el punto de mira desde hace meses tanto del juez Manuel García Castellón, que instruye el Caso Lezo en la Audiencia Nacional, como de los fiscales Ana Cuenca, española, y Gilberto Romero, colombiano. A través de la firma, que gestiona el servicio de aguas de Barranquilla, se habrían desviado millones de euros en comisiones tanto para responsables de la firma como para entregar dinero a políticos locales, según sospechan los investigadores que llevan el proceso en ambos países.
Dos meses ausente
Desde hace dos meses, el español Alberto Muguiro no ha vuelto de su país a la sede de la compañía en Barranquilla, accionista mayoritaria de Triple A y controlada por la madrileña Canal de Isabel II. Fuentes consultadas sostienen que el alto ejecutivo está preocupado ante eventuales acciones contra ellos por parte de la justicia colombiana.
Tras haber estallado el escándalo, Muguiro llegó a Inassa, según una fuente, con la intención de poner la casa en orden y fue así como contrató la consultora Grant Thornton para que hiciera una auditoría.
La firma detectó varios contratos suscritos por el ex gerente de proyectos de Inassa Diego Arias y a directivas de Triple A, que no se habrían ejecutado, pero representó el pago de millonarias sumas. Muguiro ordenó que se congelaran los pagos, como una medida administrativa.
