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Toma de posesión de Triple A sería un despojo contra Barranquilla y el Atlántico: Intergremial

Los gremios aseguran que dejar la empresa en manos de la SAE pone en riesgo su estabilidad financiera, administrativa y operativa, lo que representa una grave amenaza de perder la calidad de los servicios.

Archivo
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Por: Denis Contreras @DenisContrerasM

Los gremios aseguran que dejar la empresa en manos de la SAE pone en riesgo su estabilidad financiera, administrativa y operativa, lo que representa una grave amenaza de perder la calidad de los servicios.

La decisión de la Fiscalía de embargar las acciones de Inassa en Triple A inquieta a los gremios de la ciudad por las consecuencias negativas para la empresa de servicios. El Comité Intergremial del Atlántico manifestó su preocupación por la orden de incautar con fines de extinción de dominio el 82% de las acciones de la firma filial de Canal de Isabel II. 

En un comunicado de prensa emitido este miércoles, Intergremial sostiene que la toma de posesión de Triple A por parte de la Nación “sería en últimas un despojo” contra Barranquilla y el Atlántico, lo que representa una “grave amenaza” de perder la calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que han sido “modelo” a nivel nacional.

En la comunicación, el comité que reúne a los gremios de la producción asegura que lo procedente, si se comprueban los hechos punibles, es ejecutar acciones para identificar las conductas ilícitas y a sus autores, e imponer las sanciones a que hubiera lugar. 

Asegura, además, que si se demuestra el daño, el único tipo de “reparación aceptable” para los usuarios de Triple A es la “inversión en la empresa misma”, que necesariamente redunde en un fortalecimiento del servicio.

En concepto de Intergremial el hecho de que la Nación se “apodere” de la empresa “arbitrariamente” y que le entregue las acciones a la SAE, que “no inspira confianza ni tiene ninguna capacidad de manejo de servicios públicos”, resulta inconcebible para los sectores productivos de la ciudad y del departamento.

Según Intergremial, la decisión del ente investigador afecta también el buen nombre y la normal operación de Triple A, al tiempo que pone “en tela de juicio la legalidad de los accionistas” nacionales y extranjeros de dichas sociedades, que sin estar vinculados a los procesos, pueden verse “expropiados” vía extinción de dominio.

Dentro del proceso penal, sostiene el gremio, son viables las medidas cautelares, como el embargo y secuestro de acciones, pero sin que eso implique que se tome posesión de una empresa vía extinción de dominio, que es propia de otro tipo de delitos que exigen un accionar diferente del Estado.

Advierte también que Canal Isabel II, dueña de Inassa, la principal accionista de Triple A, es una empresa pública de España, un estado amigo, y fue la que en primera instancia denunció posibles comportamientos ilegales en sus filiales de ultramar. “Aplicarle a esa empresa una legislación para juzgar y expropiar riquezas mal habidas procedentes del narcotráfico, es subir la animosidad jurídica a un nivel sin precedentes, en una coyuntura altamente inconveniente”, agregó.

Además se preguntó: ¿si la Nación no ha recibido perjuicio por los supuestos delitos cometidos, por qué pretende apropiarse del control accionario mayoritario de la Triple A? ¿Pretende la Fiscalía expropiar en favor de la Nación? Si es así, ¿no se indemnizará entonces a las reales posibles víctimas? ¿Cómo y quién va a manejar la reanudación del contrato de aseo que se vence el próximo mes de noviembre?

Por ello, el Comité Intergremial del Atlántico hizo un llamado al gobernador Verano, al alcalde Char y a la dirigencia política para defender uno de sus mayores activos. 

La SAE

La Sociedad de Activos Especiales, SAE, informó en un comunicado que en medio de la asamblea de accionistas de Triple A, que se llevará a cabo el 16 de octubre, propondrá los nuevos miembros para integrar la junta directiva de la empresa. 

Lo anterior, en medio de la orden de embargo y secuestro por parte de la Fiscalía de la participación accionaria de Inassa en Triple A.

Según la SAE, la nueva junta tendrá las facultades jurídicas para la toma de decisiones administrativas entre las que se encuentra evaluar la continuidad del gerente general actual y el nombramiento del representante legal jurídico.

Aseguró, además, que implementará “las medidas que resulten necesarias para la administración de esta participación accionaria”, de tal manera que los usuarios de la empresa continúen disfrutando del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo “en debida forma”. 

La entidad afirmó, además, que mantendrá las condiciones técnicas.

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