El Heraldo
Aspecto de varias torres y redes eléctricas ubicadas en Barranquilla. Jennifer Blanco
Barranquilla

¿Es peligroso que el presidente asuma la regulación de servicios públicos?

Petro se defiende y reafirma su posición de asumir las competencias reguladoras. Superservicios dijo que el jefe de Estado tiene las facultades. Voces a favor y en contra del anuncio del mandatario.

Varias son las opiniones que se han conocido desde diferentes sectores tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de asumir las competencias reguladoras de los servicios públicos domiciliarios.

El jefe de Estado fue enfático al decir que esta medida, de carácter temporal, se toma en defensa de los usuarios y servirá para ponerle un freno a la tendencia alcista de las tarifas, especialmente las de energía.

“De acuerdo al artículo 370 de la constitución y el 68 de la ley 142 de 1994, retomo las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos que la presidencia había delegado en las comisiones reguladoras. Lo haré temporalmente en defensa del usuario”, señaló Petro en su cuenta de Twitter.

El mandatario, frente a diferentes cuestionamientos que ha recibido por el anuncio, precisó que tiene las facultades para hacerlo. “Propusimos un pacto tarifario a los agentes del mercado y fue burlado”, aseveró.

Ante esto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cabeza de Dagoberto Quiroga, respaldó la medida e indicó que el presidente está facultado para reasumir las funciones de las comisiones reguladoras.

“El señor presidente de la República sí puede asumir directamente vía decreto y, de manera completamente constitucional y con todo el amparo legal, la competencia para reglamentar las tarifas en materia de servicios públicos domiciliarios en aras de disminuir los costos con un impacto directo en los ciudadanos con mayor equidad y bajo la visión de una competencia regulada”, argumentó el superintendente.

Además sostuvo que el propósito del Gobierno es garantizar que la prestación de los servicios públicos sea eficiente, de calidad y a un costo razonable.

“El objetivo del Presidente es revisar los criterios técnicos para el cálculo y la formulación de las tarifas de los servicios públicos que, para el caso de la energía, no han tenido revisión desde 1994”, dijo Quiroga, quien agregó que esta sería la primera vez que un Gobierno temaría las competencias reguladoras de los servicios públicos.

“Decisión peligrosa”

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, criticó la medida anunciada por Petro argumentando que “tomar decisiones políticas y no técnicas es muy peligroso para el país”. El directivo indicó que esto podría perjudicar a los usuarios de escasos recursos.

“Esto acabaría un proceso que ha venido funcionando, lo que se evidencia en el aumento que hemos tenido en la cobertura, calidad y continuidad de los servicios. Sabemos que nos falta por mejorar, pero hemos avanzado mucho más que el resto de Latinoamérica”, dijo.

Insistió en que se deben focalizar de mejor manera los subsidios del Gobierno nacional destinados para los estratos más bajos y destinar parte de los recursos de la reforma tributaria para ayudar a las familias que presentan dificultades para pagar por el servicio de energía.

“El estado debe garantizar la seguridad jurídica y así mismo seguir un modelo que mantenga la suficiencia financiera de las empresas para no poner en riesgo la prestación del servicio”, enfatizó Sánchez.

Entretanto, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se mostró en desacuerdo con el anuncio del jefe de Estado, destacó el papel de los comisionados en la regulación de los servicios públicos.

“La independencia del regulador asegura que el Estado logré que los agentes regulados adapten su conducta a los fines constitucionales y legales de respeto por la libertad económica y de empresa. Los organismos reguladores deben tener una naturaleza independiente para asegurar que sus decisiones sean objetivas, imparciales, consistentes y técnicas”, apuntó la Creg.

“Hay que esperar una mayor claridad”

El alcalde Jaime Pumarejo indicó que no que hay que anticiparse y por el contrario pidió mayor claridad sobre esta posición del presidente Petro para así revisar los pro y los contra de esta medida.

“El presidente hizo un anuncio sobre una intención. Todavía no ha desarrollado ni explicado cómo se va a dar eso y a qué se refirió, así que tengamos un poco de paciencia y esperemos mayor claridad qué es lo que pretende hacer”, dijo.

Agregó que: “Nosotros estamos pagando errores que no nacieron y ni se hicieron en el Caribe, necesitamos que bajen las tarifas y que nos devuelvan lo que era Corelca (Urrá, Transelca y Gecelca) para que con ese holding corporativo podamos construir el desarrollo y futuro energético justo, equitativo y competitivo del Caribe colombiano”.

En beneficio de la Costa

Varios congresistas de la región Caribe respaldaron la decisión tomada por el presidente Petro en el marco de que esta traiga beneficios para la reducción de las altas tarifas de energía en los hogares de la Costa. Sin embargo, precisaron que ello debe hacerse sin afectar las finanzas del sector energético.

“En la medida de lo posible hay que tratar de conservar esa independencia de las instituciones. Si ello va a servir para regular las tarifas de energía, fundamentalmente en la Costa, bienvenida esa intervención, que debe ser comedida y que no lleve a situaciones financieras difíciles al sector”, dijo el senador conservador Efraín Cepeda. 

Por su parte, el senador por el partido de La U, José David Name, expresó estar de acuerdo con la medida “siempre y cuando tome decisiones técnicas y no que vayan a complicar el sistema eléctrico en la prestación del servicio”.

El congresista Carlos Meisel, del Centro Democrático, precisó que cualquier medida que mejore las tarifas de energía será bien recibida. Sin embargo, asintió una preocupación sobre si el Estado está en capacidad de no suspender el servicio si algún privado decide no aceptar las posibles nuevas condiciones y retirarse del mercado.

Carlos Diago, experto en temas del sector eléctrico, sostuvo que la decisión del presidente es resultado de los pocos avances alcanzados para la reducción de las tarifas de energía.

“Es una decisión sin precedentes, ningún presidente había asumido estas competencias y tampoco nunca una comisión de regulación había sido tan indolente frente a una región como lo es la nuestra en el Caribe”, puntualizó Diago. 

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