Protagonistas del año 2016: La crisis de Electricaribe tocó fondo en la Costa Caribe en 2016
Mandatarios de la Costa, el presidente Santos y el rey Felipe VI de España intervinieron en la difícil situación financiera y operacional de la empresa, que al final fue intervenida.
La intervención a Electricaribe marcó un 2016 que tuvo a la crisis de energía en la Costa como tema clave de la agenda de mandatarios de la Región, y que trascendió a la del Gobierno Nacional.
En EL HERALDO hubo más de 40 portadas que registraron información relacionada con la empresa. En 12 el titular el principal dio cuenta de la crisis financiera, las fallas en la prestación del servicio y el ruego de los gobernadores sobre una intervención. En editoriales –que fijan la posición del medio frente al problema– fueron más de 10 los publicados.
Cumbres
En enero, por primera vez, un presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, lideró una cumbre con alcaldes y gobernadores para buscar soluciones, específicamente, al deficiente servicio eléctrico que aqueja hace unos 10 años a 2,5 millones de usuarios en la Costa.
Santos trazó un plan con nueve puntos que supuestamente servirían para arreglar el problema. Las expectativas de mandatarios se centraron en que la estrategia funcionara, aunque la calidad del servicio no varió en adelante y retomaron los encuentros entre ellos para presionar al Gobierno.
Fueron varias reuniones en las que los mandatarios costeños, en su mayoría, afirmaban que la toma de posesión a la empresa propiedad de la española Gas Natural Fenosa (GNF) era la “única salida” a los problemas financieros y técnicos de la compañía. En Barranquilla y Cartagena se desarrollaron casi todos los encuentros.
Caída de ministro
Tomás González salió en marzo del Ministerio de Minas y Energía, luego de que el presidente Juan Manuel Santos aceptara su renuncia al cargo. Su retiro fue en medio de un panorama de incertidumbre nacional ante la posibilidad de que el país cayera en un racionamiento masivo como resultado de la crisis energética generada por el fenómeno de El Niño.
González fue el cuarto ministro (tras Mauricio Cárdenas, 2011 – 2012; Federico Renjifo, 2012-2013; y Amylkar Acosta, 2013-2014) que salió de esa cartera en los últimos cinco años, sin que ninguno consiguiera mejoras significativas en el servicio. Cada usuario de la Costa pasó en promedio este año 79,8 horas sin luz, el doble que la media nacional, según la Superintendencia de Servicios.
El Ministerio estuvo encargado por cerca de un mes a María Lorena Gutiérrez, entonces consejera de Presidencia. Santos eligió en mayo para el cargo en propiedad a Germán Arce, quien tendría el “reto inmediato” de atender el problema con Electricaribe.
Los cambios, sin embargo, no pararon allí. El presidente nombró a José Miguel Mendoza en el cargo de superintendente de Servicios Públicos, en reemplazo de Patricia Duque. La misión encomendada era la misma que la de Arce, “solucionar definitivamente” el problema con la empresa, según reconoció unos meses después el propio Mendoza.
Pleito
A comienzos de agosto hubo varios hechos relevantes en el caso. En el Congreso hubo debates sobre la crisis eléctrica. Gobernadores y alcaldes de la Costa volvieron a protestar en Cartagena durante una sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad). Llevaron unos letreros que decían: “Que intervengan a Electricaribe ya”.
El mismo mes se conoció que Gas Natural Fenosa inició un pleito legal contra el Estado colombiano, en el que establecieron un plazo de 6 meses para buscar acuerdos al problema de la prestación del servicio de energía en la Región. La multinacional española reclamó 1.000 millones de euros (unos 3,3 billones de pesos) a Colombia, corresponden a la supuesta deuda acumulada de miles de clientes de Electricaribe.
En septiembre cambió el tono cordial de los debates por la crisis eléctrica en los que había participado el Gobierno. Una sesión descentralizada en Barranquilla de la Comisión VI de la Cámara de Representantes sentó en la misma mesa al ministro de Minas, superservicios y al entonces presidente de Electricaribe, José García Sanleandro.
Un rosario de quejas por el “mal servicio” de Electricaribe tuvo su punto máximo poco antes de finalizar la jornada, cuando el ministro Germán Arce advirtió que a García que la empresa no estaba para “ponerle condiciones al Gobierno”.
En octubre, durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en Cartagena, el Rey Felipe VI de España medió ante el presidente Santos para abrir canales de dialogo con Gas Natural Fenosa. La tensión había aumentado porque los constantes retrasos de Electricaribe en los pagos a las generadoras que le venden la energía. Los repetidos impagos habían ocasionado que XM (operador del mercado eléctrico) notificara unas 25 veces a la compañía de posibles limitaciones del suministro, que derivarían en racionamientos masivos.
Diálogo e intervención
La cita programada con GNF se cumplió en noviembre, unos días después de que Electricaribe evitara un apagón en la Costa con un pago a última hora de $27.738 millones a XM. Ante ese panorama, durante cuatro días, dos ministros (Hacienda y Minas), el consejero Presidencial, Luis Guillermo Vélez, y Santos entablaron diálogos con el presidente de Gas Natural, Isidre Fainé. El encuentro finalizó el 14 de noviembre. Ante el evidente desacuerdo entre ambas partes, la Superservicios tomó la medida que tanto habían reclamado en la Costa: intervenir a Electricaribe.
El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la toma de posesión fue “la mejor salida” a la crisis eléctrica. El superintendente José Miguel Mendoza madrugó el 15 de noviembre y se tomó las 21 oficinas administrativas de Electricaribe. Mendoza consideró que la crisis financiera de Electricaribe podía llevarla a una “cesación de pagos” y que la compañía no estaba “en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y la calidad debidas”, como quedó consignado en la Resolución 20161000062785.
José García Sanleandro fue removido de la presidencia de la empresa, y en su reemplazo nombrado a Edgardo Sojo, hasta ese momento presidente del Comité Intergremial del Atlántico y gerente del Plan5Caribe (que contempla inversiones por más de 4 billones en infraestructura eléctrica). La intervención fue decretada por un plazo máximo de 4 meses, entonces el Gobierno tendrá que decidir si la liquida o la reestructura, un tema que hará parte de la agenda 2017.
