Piden mano dura para agresores de funcionarios de Electricaribe
El gremio pidió actuar contra los responsables. Verano se reunió con representantes de la empresa tras rechazar los hechos ocurridos el fin de semana en un barrio de Soledad.
Tras las agresiones contra dos operarios de la empresa Electricaribe, la Gobernación del Atlántico y el Comité Intergremial pidieron a las autoridades judiciales aplicar “todo el rigor de la ley” a las personas involucradas en el caso que se registró el pasado 13 de abril en el barrio Hipódromo, en Soledad.
En una reunión de trabajo con directivos de la empresa encargada del suministro de energía eléctrica en la Costa Caribe, el gobernador Eduardo Verano rechazó las agresiones contra los técnicos operarios y expresó el respaldo de la Administración departamental hacia las empresas que deben controlar la prestación de los servicios públicos en la Región.
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El mandatario anunció que van a ser muy fuertes y sólidos en el acompañamiento a las empresa de servicios públicos para que puedan recuperar su cartera y ejercer control sobre el sistema que atiende a cerca de 2,5 millones de usuarios en los siete departamentos de la Costa.
Recuperar pérdidas. Verano recordó que el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, está buscando un nuevo operador, del que espera sea el mejor.
En ese sentido advirtió que este operador se podrá conseguir en la medida en que se brinden garantías al sistema de energía para que reduzcan las pérdidas, recuperen la cartera y, por consiguiente, mejoren las finanzas de la empresa.
Sobre el reciente caso de agresión en Soledad, el gobernador hizo un llamado a los usuarios para que respeten la integridad física de las personas que están cumpliendo con su trabajo.
Del mismo modo, el mandatario de los atlanticenses solicitó a la empresa Electricaribe que revise el comportamiento de las cuadrillas y los capacite para que sepan cómo tratar a los usuarios cuando estén realizando procedimientos como el corte de energía por el incumplimiento en el pago de la factura o por utilizar conexiones ilegales para tener el servicio.
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Frente a las observaciones planteadas por el gobernador Verano, el gerente de Electricaribe en Atlántico Norte, Ramiro Castilla Andrade, manifestó que todos los empleados tienen el compromiso de “ofrecer un servicio cercano a los usuarios” y “continuar trabajando por la reducción de los indicadores de pérdidas y morosidad”.
Fue así como, luego de la reunión, anunció que los protocolos de los técnicos-operarios serán revisados y que seguirán trabajando en mejorar la relación con los usuarios.
Por su parte, el secretario del Interior, Guillermo Polo, también señaló que hay un respaldo de la Gobernación para que haya acompañamiento policial en función de la vigilancia en sectores de mayor riesgo para las cuadrillas de esta empresa eléctrica.
En la reunión, Polo igualmente aseguró que personal de la Fiscalía abrirá, de manera urgente, la investigación del caso. “Haremos seguimiento a este caso para que todos entendamos que si estos comportamientos se presentan, se van a judicializar de manera inmediata”, precisó el funcionario.
Los gremios. En un comunicado de prensa, el Intergremial solicitó judicializar a los responsables no solo de las agresiones físicas y las lesiones personales sufridas por los técnicos de Electricaribe que cumplían la orden de suspenderle el servicio a un usuario, sino de intentar tumbarlos cuando realizaban un trabajo en altura y en cercanía de cables eléctricos de alta tensión, “con lo cual pusieron en grave riesgo sus vidas”.
“Corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces penales conocer las conductas de los posibles infractores y a la empresa de servicios presentar las denuncias respectivas.
Conductas que por lo demás refuerzan prejuicios muy negativos sobre la cultura de la región Caribe y que perjudican gravemente los esfuerzos que hacen el gobierno y los sectores productivos para atraer inversiones que necesitamos todos los usuarios”, señaló el Intergremial en el comunicado.
Según el organismo representativo del sector gremial del Atlántico, es necesario que las autoridades investiguen si el usuario involucrado en los hechos puede ser judicializado con base en las normas legales que establecen que las conexiones fraudulentas no solo dan lugar a la suspensión y/o corte del servicio, sino que puede llevar, incluso, a la comisión del delito de defraudación de fluidos, que es sancionable con cárcel.
