Mintransporte avala las 43 cámaras de fotomultas de Barranquilla
La Agencia Nacional de Seguridad Vial dice que solo podrán continuar operando en el país las ‘cámaras salvavidas’ que estén autorizadas.
Desde el pasado martes quedó establecido que solo podrán funcionar en el país las cámaras de fotomultas o cámaras ‘salvavidas’ autorizadas por el Ministerio de Transporte.
Según el ministerio, este año 33 autoridades de tránsito, a través de 150 solicitudes, pidieron autorización para la instalación de 377 cámaras.
De esta cifra, a la fecha el Ministerio de Transporte ha aprobado 38 solicitudes que corresponden a 181 equipos de fotomultas, que previamente recibieron el concepto favorable de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tras la revisión de los estudios técnicos presentados en cada solicitud.
Dentro de las solicitudes avaladas están las de Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad y Galapa.
La secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito pidió autorización para 43 puntos de fiscalización electrónica que controlan infracciones de tránsito como el exceso de velocidad, parada sobre las cebras, bloqueo de cruce y el pico y placa para taxis. (Ver gráfico sobre ubicación de los puntos de fiscalización).
Sobre la decisión del Ministerio de Transporte, el secretario de Tránsito, Fernando Isaza, asegura que con la implementación de la detección electrónica no solo se salvan vidas de
muchos ciudadanos, sino que la capital del Atlántico pone la tecnología “en beneficio de la movilidad segura y eficiente”.
Isaza sostiene que Barranquilla siempre cumplió con los estudios técnicos y requisitos básicos que exige la ley para estos equipos. Por esa razón, cuando el Ministerio de Transporte reglamentó esta tecnología y dio una fecha para determinar cuáles son las fotomultas que cumplen con lo establecido en la norma y pueden operar sin problemas, “ya Barranquilla tenía los requisitos cumplidos y acordes a la Ley 1843 de 2017 y la resolución 000718 del 22 de marzo del 2018”, explica Isaza.
Estas normas expedidas por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial manifiestan que en caso de no cumplir con los trámites de la fotomulta se tendrá que suspender la operación de los equipos, hasta tanto obtengan la respectiva autorización, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la normatividad.
Entre los requisitos que exige el Ministerio está la ubicación del punto donde será instalado cada aparato de fiscalización y las señales que se habilitarán para advertir sobre la presencia de la cámara de fotomulta. Igualmente que cumpla la función de prevención frente a la vulnerabilidad de los actores viales (peatones, ciclistas, zonas escolares y hospitales).
Herramientas de seguridad
El Ministerio de Transporte indica que las ‘cámaras salvavidas’ son herramientas tecnológicas fundamentales para la disminución de la siniestralidad vial, ya que generan comportamientos seguros por parte de los actores viales y permiten realizar un seguimiento constante y en tiempo real de conductas de riesgo.
Según el Ministerio, por su eficiencia tecnológica pueden identificar un vehículo infractor y generar un comparendo basado en evidencia sustentable las 24 horas del día los 7 días a la semana.
Otros de los municipios que también han solicitado la instalación de este tipo de sistemas para prevenir la siniestralidad son: Bello, Copacabana, Corozal, Cúcuta, Fundación, Galapa, Itagüí, Los Patios, Ocaña, Palermo, Palmira, Planeta Rica, Popayán, Puerto Colombia, Sabaneta, Soledad, Turbaco, Ciénaga, Cartago y Santander de Quilichao.
“Queremos desde la ANSV hacer un llamado a las demás autoridades locales para que realicen los trámites ante el Gobierno nacional con el fin de sumar esfuerzos para salvar más vidas en las vías. Todas las cámaras salvavidas deberán cumplir con la señalización que advierta su presencia, siguiendo el pilar de legalidad y respetando las normas de tránsito”, expresó la directora de la ANSV, Hilda María Gómez.
Gómez indicó que 6.718 personas fallecieron en 2017 en siniestros viales; 40.088 fueron lesionadas. De esta cifra 15.173 quedaron con incapacidad permanente.
