Los 59 presos en Caracas, dos años de cautiverio

Un galpón de unos 15 metros de largo. Camas separadas por sábanas, que hacen las veces de paredes, acordonan dos estrechos pasillos. “Answer the cuestion” (Responde la pregunta) está escrito en una de las puertas negras de los sanitarios ubicados al final del corredor. La frase imperativa está rodeada por versículos de la biblia y dibujos. Esta zona parece ser el pizarrón que atrapa la catarsis de un grupo descontento.  

En ese espacio lúgubre conviven los 59 colombianos(51 son costeños) a los que el gobierno venezolano, por órdenes del presidente Nicolás Maduro, decidió detener bajo la figura de “resguardo humanitario”, desde septiembre de 2016.

Arleis Castaño es uno de ellos, está a más de 1.200 km de María La Baja (Bolívar), lugar donde nació y vivió por 26 años. “Estamos con hambre, esperamos que nos den  la única comida que nos dan en el día. Nos la sirven a las 2:30 p.m.”, asegura tras atender el teléfono que comparte con sus compañeros detenidos para poder comunicarse con sus familiares.

El hombre de 35 años cuenta que desde hace 9 años se asentó en la capital del vecino país “para salir adelante”. “Acá me casé y tuve un hijo, pero desde hace 8 meses ya no están acá (Caracas). Estando preso no podía suplir sus necesidades, les tocó irse a Colombia”, dice con la voz entrecortada. 

Narra Castaño que el 31 de agosto de 2016 se encontraba trabajando como barbero en una peluquería en Petare (noreste de Caracas). Había funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

“No me atemoricé porque yo acá entré legal, solo tenía el pasaporte vencido. Pero cuando llegaron a la barbería pidieron los documentos y preguntaron quiénes eran colombianos, yo dije que era de allá y me dijeron que los acompañara. Me condujeron a una patrulla y allí había como 10 paisanos más”, explica el marialabajense. 

Resultados de  una OLP 

El hombre pasó detenido ese día “sin ninguna razón”. Al día siguiente, es decir el primero de septiembre de 2016, cuenta Castaño que los pusieron a ver televisión y se anunció una transmisión presidencial. En ella el presidente Nicolás Maduro anunció los resultados de un operativo policial adelantado en Caracas contra “un campamento de paramilitares colombianos”. 

“Hemos estado con la Operación de Liberación del Pueblo, OLP, capturando mercenarios. En la zona norte de Caracas, barrio El Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 personas a 500 metros del Palacio de Miraflores”, detalló el mandatario venezolano en la alocución.

El abogado venezolano Sergio Aranguren, quien ejerce la defensa de este grupo, señala que ya han transcurrido más de 720 días y hasta la fecha no existe “una investigación formal ni una acusación que demuestre que estos colombianos incurrieron en algún delito en Venezuela”.

Destaca que la justicia venezolana en noviembre de 2017, a través del Juzgado 27 de Control de Caracas, mediante sentencia 1725-17, firmada por la jueza Zulay Salazar González, ordenó la “libertad plena” de los colombianos al no existir pruebas en su contra; sin embargo, esta no ha sido acatada por el Ejecutivo venezolano.

El abogado asegura que el gobierno de Maduro alega que el grupo está bajo condición de “resguardo humanitario”.

“Legalmente esa figura no existe. He insistido en que si ellos tienen algún delito formal, que los presenten a un tribunal, y si tienen una irregularidad migratoria que los deporten”, comenta Aranguren.

De 92 a 59 

Pero el grupo, que, en un principio era de 92 colombianos, se redujo a 59 al  pasar los días. Enoc Montemiranda, barranquillero detenido, explica que a varios de sus compañeros les han dado medidas humanitarias por su  notable deterioro de  salud y otros se escaparon. 

“Vimos morir a tres compatriotas. Uno de ellos falleció debido a que una cucaracha se le metió en el oído. Le dio fiebre, él pedía ayuda y nunca se la dieron: Una mañana amaneció muerto.

Y dos personas más, un hombre y una mujer, fallecieron por complicaciones coronarias. No tenían las pastillas para tratarse sus enfermedades”, dice Montemiranda.

En un documento que el Consulado en Caracas envió al director del Servicio de Extranjeria, indica que en el grupo de los detenidos están 10 colombianos que por orden del gobierno venezolano “debían ser expulsados luego de haber cumplido sentencia y haber pagado su pena”. La misiva tiene fecha del 5 de octubre de 2017. 

Cabe destacar que desde que EL HERALDO, el 8 de octubre de 2017, publicara en exclusiva y denunciara en más de 20 notas periodísticas el caso de los connacionales, las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional pidieron al Gobierno de Colombia tomar “acciones contundentes” para lograr la liberación de estos ciudadanos,  debido a que los “esfuerzos” diplomáticos no han surtido efecto. El caso hizo parte del informe de violaciones de Derechos Humanos 2017, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Un deportado 

Durante los primeros días de diciembre de 2017, Martín Gutiérrez Cera, barranquillero que hacía parte del grupo de los detenidos, fue expulsado “por cumplimiento de pena”, pues había estado preso por más de 13 años por tentativa de homicidio. 

“Yo estaba preso en Barinas (estado llanero en Venezuela)  por tentativa de homicidio. Me iban a robar y yo me defendí. Por eso estuve 13 años en una cárcel en Venezuela. En mayo de 2016 me llevaron a Caracas para hacerme la reseña de deportación. Pasaron los meses y me trasladaron a La Yaguara (lugar donde están los 59 detenidos)”.

Allí Gutiérrez Cera permaneció hasta que sufrio un derrame cerebral que agilizó el proceso de expulsión. 

El hombre de 61 años denuncia que hasta la fecha no ha tenido acceso al sistema de salud, asistencia social, asesoría jurídica y apoyo sicológico. Tampoco  ninguna entidad del Estado ha velado por la reincorporación social y laboral del expulsado. 

El grupo, en vísperas del cumplimiento de los dos años en cautiverio, denuncia “las pocas gestiones” que el Gobierno de Colombia ha realizado en favor de lograr su libertad. “¡No queremos estar un día más acá!”, claman. 

“Los agentes llegaron y nos apuntaron con armas de todos los tamaños”: acusado de paramilitar en 2009

Esta no es la primera vez que un grupo de colombianos en Venezuela es acusado por el Gobierno de ese país de ser paramilitares.

Pedro Machacón Rodríguez recuerda con exactitud la fecha del 27 de enero de 2009. “Tenía apenas 16 días de haber llegado a Caracas. Mi papá junto a unos primos y tíos me mandaron a buscar a Aguada de Pablo (Sabanalarga) para que me fuera con ellos. Allá les estaba yendo bien vendiendo helados en las plazas públicas y parques”. 

El joven, que hoy cuenta con 30 años, narra que durante la madrugada de ese día, que no olvida, un contingente de la fuerza pública (militares y policías) irrumpió en la vivienda, ubicada el barrio Petare, donde residían más de 15 personas. “Todos éramos familias. Los agentes llegaron y nos apuntaron con armas de todos los tamaños, tenían perros, patrullas. Yo no entendía lo que pasaba y nos llevaron detenidos”, cuenta el hombre. 

Pocas horas después del allanamiento, el vicepresidente de Venezuela para esa época, Ramón Carrizalez, informó a través del canal estatal que habían capturado “un grupo de 31 colombianos, presuntos paramilitares... Se trata de un proceso que está en curso en función de una investigación que se adelanta desde hace tiempo”.

“No es fantasía el hecho de que han ingresado paramilitares a Venezuela. En Colombia ha habido un proceso de desmovilización y hay paramilitares que quedaron por allí”, comentó el funcionario y agregó que habían “incautado” armas, granadas y dos kilos de explosivos C4.

“Por supuesto que éramos inocentes. Les decíamos a los funcionarios que no teníamos que ver con paramilitares, pero ellos solo decían que cumplían órdenes de Chávez”, relata Machacón y agrega que “de inmediato los enviaron a la Cárcel Militar de Ramo Verde (sitio de reclusión de los presos políticos)”. Pero este grupo de 31 colombianos demoró detenido poco más de 60 días. “El cónsul nos visitaba siempre y nos decía cómo iba el caso. Nos explicaba que el presidente Uribe estaba gestionando nuestra liberación y así fue, nos dejaron libres cuando menos lo pensamos”, señaló el sabanalarguero.

Dice la Cancillería

Habrá acciones jurídicas 
 

El pasado 10 de agosto, al citar la primera rueda de prensa tras la posesión del gobierno Duque, el canciller Carlos Holmes Trujillo anunció “acciones jurídicas” para tratar el caso. “Sobre los colombianos presos en Venezuela siempre actuaremos sin vacilación y no ahorraremos acción alguna que sea permitida por los marcos jurídicos existentes”, aseguró Trujillo al referirse a los colombianos detenidos. 

A través de un correo, la Cancillería asegura que la Embajada “ha remitido 76 notas verbales” al Gobierno venezolano abogando por la liberación de los detenidos. 

“El 30 de abril de 2018, a través de nuestra Misión Permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York, se elevó una nota al Alto Comisionado para los Derechos Humanos denunciando la privación ilegal de la libertad de los ciudadanos en mención”, señala la misiva.