El Heraldo
Sede donde funciona la empresa Triple A, en el norte de Barranquilla. Archivo EL HERALDO.
Barranquilla

Líos de Triple A, este martes en la agenda del Congreso

A la reunión en la Comisión Quinta fueron citados la SAE, la Superservicios, el gerente de la empresa, el alcalde Alejandro Char y la Procuraduría.

La situación de Triple A, empresa que desde octubre de 2018 fue asumida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para administrar el 82% de las acciones que eran de Inassa, será hoy debatida en la Comisión Quinta del Senado.

En la discusión se revisarán las anomalías detectadas por la SAE  cuando asumió el manejo de la compañía. Según la entidad hubo supuestas omisiones en la contratación del operador de aseo y que había en la empresa vacíos en los procedimientos para contratar y para la aprobación en junta directiva de muchos de esos contratos a pesar de que su valor superaba los $50 mil millones. (Ver recuadros)

También se revisará por qué la empresa no recibe créditos del sistema financiero desde 2017.

Al debate de control político fueron citados el gerente de la compañía de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Guillermo Peña; el fiscal general (e) de la Nación, Fabio Espitia Garzón; el procurador general, Fernando Carrillo; el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón; la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño;  el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char y la presidente de la Sociedad de Activos Especiales, María Virginia Torres.

Este debate es citado por los senadores Jorge Enrique Robledo, (Polo Democrático )y Daira de Jesús Galvis Méndez (Cambio Radical).

El presidente de la mesa directiva de la comisión, José David Name (Partido de la U), expresó que el debate se realiza por la preocupación de que en algún momento pueda verse afectada la prestación del servicio a raíz de la situación.

“Independientemente de todo lo que ha pasado allí, la empresa ha tenido un buen desempeño financiero y se ha prestado un buen servicio y no queremos que se vaya a dañar”, dijo Name.

El congresista considera que es bueno que la opinión pública y el país sepa la verdad de lo que pasó en  Triple A.

Los miembros de la Comisión Quinta quieren conocer la opinión de los citados al debate sobre las denuncias de corrupción hechas sobre Triple A y su socia Inassa,  así como la evaluación que hacen de la concesión de Triple A y si esta ha sido benéfica o perjudicial para la capital del Atlántico.

En el caso concreto del cuestionario enviado al alcalde Alejandro Char los miembros de la comisión quieren que expliquen si la concesión debe caducar. Así como conocer cuáles son las concesiones de servicios públicos que tiene Triple A en Barranquilla y hacer una evaluación de los resultados de cada una de estas.

Otro de los puntos está relacionado con la “evolución” de las utilidades de Triple A, desde su fundación hasta la fecha y cuantificar cuánto ha recibido el Distrito por su participación en esta sociedad.

Triple A

Sin créditos

Triple A dice que el estado general de la empresa, de acuerdo con el informe a 2018, “evidencia unos estados financieros sólidos y una prestación eficiente del servicio de aseo, acueducto y alcantarillado”; sin embargo, desde agosto de 2017 no tiene acceso a créditos con el sistema financiero que le permitan apalancar proyectos de inversión.

La SAE

Contrato de aseo

La Sociedad de Activos Especiales, SAE, dice en la carta fechada el pasado 14 de mayo que Triple A “no gestionó con la planeación debida la contratación del nuevo operador de aseo” y que “faltando pocos días para el vencimiento del plazo –el 17 de noviembre de 2018– no había términos de referencia”. 

 

En la empresa

Otras anomalías

La SAE, además, señala en su respuesta a la célula legislativa que encontró a su llegada que en el manual de contratación “se concentraban facultades en determinadas áreas para la aprobación de los contratos”. Además, reporta la “ausencia de filtros y de criterios de selección objetiva” en la empresa Triple A.

 

Inassa

Busca acuerdo

Inassa le propuso a la Fiscalía, la Procuraduría y el Distrito de Barranquilla un acuerdo, mediante arbitraje, para poner fin al conflicto entre las partes. Ofrece hacer inversiones por $175 mil millones para construir una nueva planta de tratamiento, entre otros proyectos. A cambio debe ponerse fin a los procesos en su contra.

 

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