Lastra se entrega para arresto de 8 días por tutela
El interventor de Electricaribe dice que prefiere cumplir sanción a pagar $2 mil millones por pensiones, lo que, según él, puede desequilibrar las finanzas de la empresa.
Atendiendo a una orden de arresto expedida por el Juez de Tutela Segundo Promiscuo de Ciénaga (Magdalena), el agente interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, se entregó ayer para cumplir con ocho días de captura tras desacatar un fallo.
Asimismo, la orden del juez obliga a cancelar el pago de $2.020 millones a 13 pensionados de la empresa de servicio de energía eléctrica en el Atlántico por concepto del reajuste por Ley 4 de 1976 (15% anual a la mesada pensional).
Tras las acciones que se llevaron a cabo en su contra, Lastra Fuscaldo señaló que, si bien acata la medida de detención, no la comparte por cuanto se trata de recursos que por expresa disposición legal están “congelados” por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde el día de la intervención, por lo que no es viable que se ordene pagar acreencias anteriores al 15 de noviembre de 2016.
De acuerdo con un comunicado emitido por Electricaribe, este fallo, que ordena pagar acreencias antes de la intervención y obligaciones prescritas por vía de tutela, “pondría en riesgo el proceso de intervención” toda vez que otros acreedores acudirían a este mecanismo y la empresa tendría que desembolsar recursos que se requieren para el funcionamiento de la compañía e inversiones.
Lastra Fuscaldo asegura que reconocer estos pagos de incrementos pensionales pondrían en riesgo la operación y el servicio en toda la Costa Caribe.
De igual manera, la entidad dio a conocer que se han presentado 27 nuevas acciones de tutela por parte de pensionados, es decir en promedio más de una por mes en que ha durado la toma de posesión.
Estas acciones, según indica Electricaribe, han sido atendidas mediante la interposición de acciones con las que cuenta legalmente para lograr su revocatoria o suspensión, logrando que, hasta la fecha, las altas Cortes y tribunales fallen a su favor.
Finalmente, el funcionario arrestado solicitó a la Corte Suprema de Justicia “una revisión del caso con mayor celeridad”, para interponer una tutela por vía de hecho pidiendo revocatoria de la medida.
El proceso
El litigio entre los pensionados de Electricaribe y los abogados de la empresa comercializadora de energía llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se espera que en un plazo no mayor de 20 días se defina el caso.
El abogado Charles Chapman explicó en su momento que enviaron un recurso a la Sala Penal de la Corte en el que exponen e insisten en los motivos por los cuales no pueden acceder a las solicitudes de pago que ordenó un juez, a través de un fallo de tutela, en los que se reconocen derechos de reliquidación de 13 accionantes. El recurso fue aceptado ayer por la Corte.
De acuerdo con Chapman, reliquidar por esta vía subsidiaria las pensiones de jubilación y el pago de deudas, que en algunos casos son anteriores a la intervención de la compañía, que se hizo en noviembre de 2016, pondría en jaque los gastos de funcionamiento de la empresa.
En ese sentido, recordó que uno de los argumentos presentados por los abogados de la empresa es que las deudas están congeladas, a partir de la intervención. Por esta razón, les llama la atención que hay unas reclamaciones de más de 15 años y para casos prescritos, pero los jueces insisten en solicitarla.
El abogado y socio de la firma Chapman y Asociados evocó que el proceso ha sido desgastante y definido como una “labor titánica” en los despachos de revocar 17 desacatos entre los que se encuentra aún la orden de cárcel del agente interventor, Javier Lastra Fuscaldo.
“Son 3.000 pensionados los que tiene Electricaribe y son tantas demandas que son interminables. Queremos que se ponga punto final y que esas compulsas de copia terminen. Eso no puede ser un hecho repetitivo esos desacatos. Por eso se corre el riesgo, y Lastra está valorando entregarse a las autoridades. Él ha dicho que prefiere irme preso a pagar esa suma, que es un problema, y podría llevar a la liquidación a la empresa”, agregó Chapman.
El abogado explicó sobre las acciones de tutela que no hay derecho fundamental violado en dichas acciones, pues al tener los accionantes una mesada pensional no se afecta su mínimo vital.
Al abogado le llama la atención que las tutelas son de accionantes pensionados en el Atlántico, con domicilio en Barranquilla, sin embargo presentan tutelas en Ciénaga, Magdalena, porque en Barranquilla los jueces no acogen sus reclamos por vía de tutela”.
Según el jurídico, a la fecha más de 700 pensionados han presentado tutelas por este asunto, agrupados en un total de más de 97 tutelas. Reitera, que todos los accionantes reciben mesada pensional por parte de Electricaribe.
