Las 8 comunidades que prioriza la ONU en la Costa

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Las 8 comunidades que prioriza la ONU en la Costa

La instalación del Alto Comisionado cubre los departamentos de Magdalena, Guajira, Cesar, Bolívar, Sucre y Atlántico. Defender los derechos, su misión.

Dos niños miran a lo lejos en una polvorienta calle del corregimiento de Santa Rita, Magdalena.
Por: Ivonne Arroyo @ivonnearroyom

La instalación del Alto Comisionado cubre los departamentos de Magdalena, Guajira, Cesar, Bolívar, Sucre y Atlántico. Defender los derechos, su misión.

Desde Barranquilla, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos hace presencia hace tres años en la Región Caribe a través de su oficina, ubicada en el edificio Ocean Tower Business Center, en la carrera 53 número 82-86, local 406.

La dependencia, a cargo del coordinador italiano Roberto Desogus, cubre los departamentos de Magdalena, Guajira, norte y centro del Cesar, norte y centro de Bolívar, Sucre y Atlántico, con prioridad en las comunidades víctimas del conflicto armado.

“Estamos aquí y hacemos mayor énfasis en acompañar los procesos de restitución de tierras y reparación integral, así como también brindamos asesoría en la protección de los derechos étnicos e indígenas y defendemos los principios de las Naciones Unidas”, expresó Desogus, en diálogo con EL HERALDO.

Prioridad

Actualmente, según precisó, la oficina hace énfasis en proyectos con ocho comunidades o sectores del Caribe, principalmente en los corregimientos Los Corazones de Valledupar y San José de Oriente (Cesar); el sector La Lengüeta, en la Sierra Nevada de Santa Marta y los corregimientos La Pola y Palizua de Chibolo y Santa Rita de Remolino (Magdalena), el municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar) y en la Alta y Media Guajira.

“En La Guajira tenemos un trabajo especial en pro del derecho a la alimentación adecuada y también coadyudamos en el pueblo indígena Arhuaco. En departamentos como el Cesar tratamos temas en las industrias extractivas de carbón y en Atlántico, precisamente por sus características, nos enfocamos en la atención a los derechos humanos. Es decir, colaborar con los entes territoriales como la gobernaciones y las alcaldías para mejorar la situación”, explicó el coordinador.

Entre sus tareas fundamentales, la oficina tiene la labor de observar sistemática y analíticamente el panorama de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional entre los colombianos, asesorar en este tema tanto al Gobierno como a las autoridades del Estado (regionales y locales), así como prestarles cooperación técnica. Lo anterior, en conformidad con el Acuerdo por medio del cual se estableció la Oficina en Colombia.

Derechos humanos en relación con seguridad ciudadana; empresas; defensores de derechos humanos; consulta previa, libre e informada; lucha contra la impunidad y política criminal; salud y educación; víctimas; reformas al sector de seguridad; y género, entre otros, son los temas fundamentales que le interesan a la ONU para intervenir a través de su oficina. 

En la Costa, la entidad comenzó a hacer presencia a través de estas dependencias desde diciembre de 2013, luego de una petición del Gobierno colombiano para reubicar personal de la ONU en lugares con la necesidad de atención urgente.

Una de las razones principales para radicarse en diferentes regiones del país, como en el Caribe, fue la necesidad de proteger a los defensores de los derechos, destaca el Desogus.

El año pasado la Oficina observó en toda Colombia 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual. 

Entre las 59 víctimas asesinadas estaban cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes LGBTI, tres sindicalistas, un líder afrocolombiano y dos líderes juveniles, según el más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia.

El Equipo 

Desde Barranquilla, esta labor es realizada por tres personas: el coordinador Roberto Desogus y las delegadas oficiales Angélica Cotes y Juliana Poveda. Según lo indicado por Deogus, cada mes los representantes visitan a las diferentes comunidades para trabajar en la resolución de conflictos y cumplir sus funciones como garantes de derechos humanos.

“Somos pocos pero damos lo mejor para apoyar procesos importantes de resolución de conflictos. Incluso estamos abiertos a cualquier persona particular que nos requiera, aquí las podemos direccionar a las entidades encargadas”, dijo Desogus.

Alta y Media Guajira

La Oficina asesora en la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales en Alta y Media Guajira, donde los problemas nutricionales afectan primordialmente a las niñas y niños indígenas wayuu. El año pasado el Instituto Nacional de Salud reportó 75 muertes por desnutrición y 352 casos de niños con bajo peso al nacer. 

Los Corazones (Cesar)

Es un corregimiento en la provincia de departamento del Cesar donde se registra zona una escasa presencia institucional. Allí, la labor de la Oficina es fortalecer las Juntas de Acción Comunal, las cuales reciben capacitaciones para la acción y el empoderamiento, a través de nuevos conocimientos sobre el marco legal. 

San José de oriente (Cesar)

El pueblo, enclavado en la Serranía del Perijá, ha sido una zona veredal azotada por las Farc, que utilizaban algunos puntos del corregimiento como concentración. La ONU trabaja con la comunidad para fortalecer las autoridades campesinas y monitorear la futura implementación del Plan de Desarrollo Territorial.

La Lengueta (Magdalena)

El sector ubicado entre los ríos Palomino y Don Diego fue golpeado por el escuadrón de las autodefensas de ‘El Mamey’. Actualmente la comunidad es partícipe de un diálogo intercultural en pro de la restitución de tierras, tras un conflicto por más de 2.000 campesinos que viven en territorio Indígena y en el Parque Natural. 

Pola y Palizua (Magdalena)

Las veredas del municipio de Chibolo han padecido por el conflicto armado de los paramilitares al mando de Jorge 40. En esta población la ONU trabaja por la reparación colectiva de las víctimas y la transformación de ellas. Asesoran en temas como la generación de ingresos, garantías de no repetición y restitución de tierras. 

Santa Rita (Magdalena)

El corregimiento hace parte del municipio de Remolino, ubicado a la ribera del río Magdalena, donde reside una comunidad a la espera de restitución de tierras. Al ser sujetos de reparación, la Oficina acompaña a las autoridades locales en el proceso de reparación. También monitorea el aprovechamiento de la ciénaga y mantenimiento de los caños.

San Juan de Nepomuceno (Bolívar)

En la comunidad de Las Brisas, la Oficina acompaña a las autoridades en el proceso de reparación tras una de las primeras sentencias del Tribunal de Justicia y Paz sobre la protección a los habitantes del municipio, víctimas de masacres. Para eso la ONU trabaja en conjunto con las Fiscalías en el seguimiento a los procesos penales. 

Pueblo Arhuaco

 La Oficina colabora con las autoridades del pueblo ancestral indígena para que la comunidad construya un protocolo de relacionamiento con terceros, que sea particularmente y a través de una consulta previa. Aquí la Oficina funciona como un asesor técnico y facilitador del proceso, a través del acompañamiento y monitoreo.

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