La relación de Acevedo con firma de abogados que recomendó a Triple A
EL HERALDO pudo establecer que la Contraloría firmó contratos con dos empresas que tienen la misma representante legal.
Transformación. Esa fue una de las banderas que Jesús María Acevedo Magaldi defendió desde su posesión como contralor distrital de Barranquilla para el periodo 2020–2023.
Desde su primer día al frente del órgano de control, Acevedo Magaldi lideró un proceso de modernización para que el trabajo fuera “aún más eficiente”.
En medio de estas acciones, el pasado 13 de julio, la Contraloría Distrital de Barranquilla suscribió un contrato de prestación de servicios por $9 millones con la empresa American Lawyers Corporation S.A.S. para adelantar la actualización del manual de contratación.
Lo sorprendente es que dicho contrato fue suscrito días después de la reunión que el contralor Acevedo sostuvo con el gerente de Triple A, Guillermo Peña, en la cual le recomendó a dicha firma de abogados para que se encargara de la defensa de la empresa de servicios públicos en los procesos investigativos que adelanta el ente de control.
Este acto generó una denuncia en contra de Acevedo ante la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República por el delito de concusión. Ante esto, Acevedo renunció al cargo para hacer frente al proceso investigativo que se inició en su contra.
Según el documento colgado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), el contrato –que tiene un plazo de ejecucción de 45 días– fue suscrito entre Jhonny Alexander Mendoza Vásquez, en su calidad de director del Departamento Jurídico de la Contraloría Distrital de Barranquilla, y Mayda Alejandra Plata Álvarez, representante legal de la mencionada firma de abogados.
Según lo pactado entre las partes, la Contraloría cancelará el 100% de los honorarios tras la entrega de la actualización del manual de contratación, previa expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor.
Cabe resaltar que en el documento correspondiente al análisis del sector, la Contraloría relacionó tres cotizaciones para adelantar esta asesoría. La primera corresponde a la de American Lawyers Corporation S.A.S., por un valor de $9 millones, mientras que la propuesta de Celymar Ayala Guerrero fue relacionada por $8 millones y la cotización de Jhair Pineda Sarmiento era por $10 millones.
Además, en el Secop fue colgado un certificado de idoneidad que el órgano de control emitió para demostrar que la firma de abogados cuenta con la “experiencia requerida para desarrollar las actividades relacionadas con el objeto contractual”.
Finalmente, el acta de inicio fue firmada el 14 de julio, de modo que “el contrato se encuentra totalmente legalizado” tras haberse cumplido todos los requisitos exigidos.
El 5 de mayo, la Contraloría Distrital de Barranquilla suscribió un contrato con la Corporación Educativa para el Desarrollo Humano Integral de Colombia (Cedhic) para la actualización en control fiscal, guía de auditoría territorial y contratación estatal en un periodo de dos meses.
La mencionada entidad, que se ganó $60 millones por dicha asesoría, también es representada legalmente por Mayda Alejandra Plata Álvarez.
En la documentación colgada en Secop sobre American Lawyers Corporation S.A.S y Cedhic se puede constatar que las dos empresas se encuentran ubicadas en la misma dirección.
La firma. La Cámara de Comercio de Barranquilla –a través de un certificado de existencia y representación legal o de inscripción de documentos– certificó que American Lawyers Corporation S.A.S. fue constituida el 22 de octubre del año anterior.
En dicho documento se expone que el objeto social de esta sociedad es, principalmente, asesorar jurídicamente a personas de derecho privado o público y en asuntos referentes al derecho laboral, ambiental, minero, penal administrativo, contractual, disciplinario tributario, comercial, civil, agrario y en general todas las disciplinas del derecho.
Además, se indica que la sociedad tendrá asamblea general de accionistas (sin relacionar los nombres de los integrantes) y representante legal.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación y ordenó la suspensión provisional del contralor Distrital de Barranquilla, Jesús María Acevedo Magaldi, por presuntos actos de corrupción, posible tráfico de influencias, abuso de autoridad y desviación de poder.
Para el Ministerio Público, la suspensión por tres meses del contralor –o hasta cuando el Concejo de Barranquilla decida nombrar un contralor encargado– procede ante el riesgo de que el recaudo probatorio ordenado en la Contraloría Distrital de Barranquilla pueda verse obstruido con la permanencia en el cargo del investigado.
Según indicó la Procuraduría, Acevedo podría emplear su influencia respecto de sus subalternos, en particular el director del Departamento Jurídico, quien habría suscrito bilaterales que vinculan a la firma American Lawyers Corporation S.A.S.
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público llamó a declarar al gerente Peña Bernal y ordenó la práctica de algunas pruebas en la Contraloría Distrital de Barranquilla y la empresa de servicios públicos.
La apertura de investigación tiene por objeto establecer si las conductas son constitutivas de faltas disciplinarias, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de modo y tiempo en que se cometieron, el perjuicio causado a la administración y la responsabilidad del investigado, como de aquellos funcionarios que puedan resultar implicados. El investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre.
Este lunes, el Concejo de Barranquilla aceptó la renuncia irrevocable presentada por Jesús María Acevedo Magaldi al cargo de contralor distrital. La dimisión de Acevedo fue aceptada con 21 votos positivos durante la plenaria, que se desarrolló de forma virtual.
Para este miércoles 29 de julio fue convocada una nueva sesión para designar un encargado en la Contraloría Distrital, una vez sean recibidos los documentos correspondientes y sean verificados por la corporación.
El concejal Samuel Radi indicó que darán trámite al encargo para abrir “rápidamente” el concurso para la escogencia del nuevo jefe del órgano de control, de acuerdo con las leyes que regulan este proceso.
