La protesta

Lo primero que hay que tener claro es que de acuerdo con el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente y solo la ley podrá establecer, de manera expresa, los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este hecho.

El abogado Juan Pablo Sarmiento, experto en temas constitucionales, explica que la protesta social hay que entenderla en términos “amplios”, teniendo en cuenta que la protesta no solo se materializa con la realización de una marcha que desemboca en situaciones violentas.

Precisa que la constitución protege cualquier forma de manifestación pacífica, por lo que el Estado debe ser el garante de este derecho. “Si existe una protesta y no es violenta el mismo Estado debe proteger a los manifestantes. La fuerza pública debería darles la espalda a los manifestantes con el propósito de que se puedan manifestar públicamente y que no existan interferencias externas”, explica el experto.

Sarmiento precisa que existen consecuencias que padecen personas que no se encuentran al interior de las manifestaciones, tales como problemas de movilidad, problemas de circulación, entre otras. No obstante —aclara— que la Corte Constitucional ha respaldado a los protestantes, alegando que para que la protesta tenga sentido y logre su objetivo de visibilizar algo, esta debe ser visible.

Es decir, de nada sirve hacer una manifestación en lugares poco transitados, calles escondidas por donde no circula nadie. “La misma Corte ha señalado que hay razones y ámbitos de protección que el Estado debe reconocer. Todos tenemos acceso a las vías públicas, pero eso no significa que una manifestación no pueda interrumpirlas transitoriamente, siempre y cuando respete el marco del artículo 37”, indica Sarmiento.

Mucho se ha cuestionado sobre la forma en la que la fuerza pública interviene durante las diferentes manifestaciones que se desarrollan a lo largo y ancho del país. Algunos aseguran que existe uso “excesivo” de los uniformados al momento de disolver las marchas. Otros, por el contrario, creen que es necesario que la policía intervenga con todo su arsenal para detener el “vandalismo” que trae consigo las manifestaciones.

El experto en temas de seguridad y consultor internacional, John Marulanda, coronel retirado del Ejército Nacional, explica que la protesta social es legal y constitucional, siempre y cuando se desarrolle en parámetros que no viole el Código Penal, ni viole los derechos de los demás ciudadanos.

En Colombia y otros países del mundo —detalla— la policía prevé escenarios de perturbación que se conoce como la “sicología de la turbamulta”, que es cuando la protesta social pasa a vandalismo, destrucción de bienes públicos, peligro o amenaza contra la vida de las demás personas.

En ese caso, Marulanda afirma que la policía debe intervenir con unidades especializadas en orden público en localidades, para garantizar los derechos de los ciudadanos, el bien público, la vida de las personas, la libre movilidad y para restablecer el orden perturbado.

El experto afirma que, en el caso de Colombia, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) está capacitado para conocer en qué momento intervenir, con que intensidad, con que fuerza, con qué armas y con qué frecuencia. “Todo eso está escrito en los manuales de la Policía y son manuales que no son secretos y se pueden consultar. Ellos saben cuándo deben tirar gas, cuando deben tirar agua, cuando reparten bolillo, cuando disparan bolas de goma y todo eso está estipulado en los protocolos del uso de la fuerza en caso de violencia civil”, asevera.

Asimismo, señala que el uso de la fuerza debe ser gradual y corresponde al uso de las armas “claramente” establecidas.

Ante esto, el Mininterior señaló que el uso de la fuerza será el último recurso de intervención por parte de la Policía y su actuación debe atender al “principio de proporcionalidad” y a la garantía de todas las personas, incluso de los que no participan en la protesta.

En 2015, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señaló que si una manifestación civil contra las autoridades que tiene lugar en una situación de conflicto armado se torna violenta, el recurso de la fuerza en respuesta a ella se regiría por las normas del mantenimiento.

Para el caso colombiano —advierte el organismo—estas normas serían el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política, el código de Policía Nacional y los reglamentos de la Policía Nacional para el uso de la fuerza.

Con referencia a la presencia de combatientes dentro de la multitud de los civiles que promueven los disturbios, en el mismo documento de 2015, el CICR  afirmó que “podrían ser objeto de ataques directos conforme a las normas del DIH sobre la conducción de hostilidades. Sin embargo, su mera presencia, o el hecho de que esos combatientes hubiesen lanzado ataques desde la multitud, no transformarían a los civiles que promueven los disturbios en participantes directos en las hostilidades”.

El experto Gabriel Orozco, experto en asuntos políticos,  explica que hay clima y un ambiente político de mucha tensión en el país, en el que la ciudadanía ha mostrado su rechazo, preocupación y apatía frente a muchos factores en los que sienten que no están reivindicados sus derechos.

Sostiene que cuando hay una manifestación, como la de universitarios en las calles, que le Gobierno ve en muchos casos estos actos con sospecha y como una afronta a su poder. “Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eso quiere decir que no van a dar todos los mecanismos de accesibilidad y facilidad para que estás manifestaciones tengan su reivindicación plena”, explica Orozco al detallar que esta situación puede llevar a que las autoridades tomen decisiones de no conceder los espacios para que las manifestaciones se lleven a cabo.

Por otra parte, la docente de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, en una de sus columnas envió un mensaje a los estudiantes para que “continuaran fastidiando”, debido a que solo así es posible “transformar la educación en un país en donde la principal preocupación de muchos es mantener sus lugares de privilegio imperturbables”.

En ese sentido, la académica invitó a los universitarios a combatir la violencia con la que muchos quieren desvirtuar el mensaje que llevan consigo en sus protestas y manifestaciones.

Según la Real Academia de la Lengua Española una protesta es la acción y efecto de protestar (proclamar o declarar un propósito, expresar impetuosamente una queja o disconformidad). Las protestas pueden manifestarse a través de una marcha, una manifestación o una carta pública. Entretanto, manifestación o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista (económica, política o social), mediante una congregación en las calles, a menudo en un lugar o una fecha simbólicos y asociados con esa opinión. El propósito de una manifestación es mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, persona, ley, etcétera. En Colombia los ciudadanos pueden protestar, de acuerdo a la Constitución Política.

De acuerdo con el artículo 53 del Código Nacional de Policía, los organizadores de reuniones, plantones, marchas, desfiles, caravanas y cualquier otro tipo de expresión de movilización social de la ciudadanía, que conlleve a manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social o de cualquier otro fin legítimo, deberá dar aviso por escrito a la Secretaría Distrital de Gobierno.

Dicha comunicación podrá hacerse de modo físico o a través de correo electrónico, señalando día, hogar, lugar y/o recorrido de la proyectada movilización y se presentará con 48 horas de anticipación a la misma. De igual forma, deberán informar si utilizarán dispositivos de sonido, tarima o cualquier otro tipo de estructura para el desarrollo de la misma. Lo anterior, con el fin de establecer las medidas administrativas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho o para proteger los derechos de quienes no participan de las reuniones, movilizaciones y/o manifestaciones.

Sin embargo, la Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-223 de 2017, declaró inexequible los citados artículos, porque al tratarse de un derecho fundamental, el derecho a la manifestación pacífica debe regularse por medio de una ley estatutaria. Es decir, una ley de mayor complejidad en su aprobación, que exige mayorías calificadas (artículo 152 de la carta magna), y que se reguló por medio del Código de Policía, que es una ley ordinaria.

“Al no existir actualmente una ley estatutaria que recoja las normas que fueron declaradas inexequibles, no existirían reglas que establezcan permisos ni cargas a quien realizaría una manifestación”, explica el abogado constitucionalista Juan Pablo Sarmiento, quien afirmó que, inclusive, el Ministro de Defensa se pronunció en días pasados sobre la urgencia de que se tramitara esta ley estatutaria.

Por otro lado, el Gobierno sacó el año pasado un Protocolo de Protesta Social, que contempla con el que buscó que se fortaleciera la coordinación entre la sociedad, las autoridades y la Policía Nacional en el marco de las protestas sociales. De igual forma, buscaba promover un ambiente favorable para el desarrollo de las mismas.  El documento establece que se debe garantizar el respeto por los manifestantes, el fortalecimiento de la vigilancia, control de las acciones y el acompañamiento del Estado en las movilizaciones para el respeto de las libertades democráticas.

El rector de la Universidad Simón Bolívar, José Consuegra, manifestó que tan importante y respetable es el derecho a la protesta que está consagrado en la Constitución de Colombia. “A través de su ejercicio, los colombianos tenemos la posibilidad de manifestar pública y pacíficamente nuestras inquietudes, inconformidades e, incluso, exigir la toma de decisiones frente a los hechos que consideremos pertinentes para el país, dentro del Estado Social de Derecho que nos cobija”, expresó.

Asimismo, aseguró que la Carta Magna le asegura un fuero especial a la protesta, como uno de los medios para el ejercicio de la democracia. No obstante, afirmó que lo que se convierte en un “problema” es que estos espacios de expresión democrática sean aprovechados por personas con pensamientos absolutistas, utilitaristas y hasta vandálicos, que terminan distorsionando el verdadero sentido del clamor ciudadano para convertirlo en movimientos violentos y destructivos.

Por su parte, el rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca Muñoz, afirmó que no está en contra de la protesta social, teniendo en cuenta que hay fenómenos que se les suman a estas manifestaciones como los actos de corrupción en la Distrital de Bogotá y en otras universidades que no se pueden ocultar.

No obstante, aseguró que hay “mensajes claros” de las disidencias de la guerrilla de trasladarse a las universidades. “Estamos alertas frente a hechos en los que, de manera sistemática, se ha venido dando la protesta”, sostuvo Prasca.

En ese sentido, precisó que ya se adelanta una investigación si estos grupos disidentes tuvieron relación con los desórdenes del pasado lunes que terminaron en enfrentamiento entre los estudiantes y miembros del Esmad.

 Entretanto, el líder estudiantil José David Morales, aseguró que luego de que el año pasado los universitarios, gracias a las movilizaciones, lograran acuerdos para financiar la educación superior, estos no se han cumplido, lo que ha generado que las marchas todavía se sigan desarrollando.

“La corrupción dentro de las universidades ha despertado la solidaridad de todo el país. En la Uniatlántico marchamos, pero el Esmad ha arremetido, de manera agresiva, contra los estudiantes de la Distrital, la Javeriana y la de nosotros, con el agravante de que los militares hicieron disparos con arma de fuego, poniendo en riesgo la vida de las personas”, señaló el estudiante y afirmó que el próximo 10 de octubre  habrá una nueva manifestación.