La difusa frontera entre la maquinaria y la compra de votos

El reciente escándalo por la presunta compra de votos en el que está  envuelta la senadora electa del Partido Conservador Aida Merlano, más allá de sus implicaciones morales y éticas, permite poner sobre la mesa un debate que da cuenta del estado actual del sistema político colombiano, y en el que el clientelismo parece ser el punto nodal de la discusión. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el hecho de que a una campaña política se le señale por esta práctica perversa no se trata de un tema nuevo, ni mucho menos exclusivo de una región, partido político o de un político en particular. 

Hace tres años, por ejemplo, cuando se desarrollaba la campaña para el debate de las autoridades territoriales, el excongresista Yair Acuña fue sorprendido con $480 millones a menos de 48 horas de que se realizaran esas elecciones, en las que estaba participando su esposa Milene Jarava para la Gobernación de Sucre, por lo que se generó todo tipo de sospechas. El entonces congresista, sin embargo, posteriormente alegó que se había tratado de un dinero producto de la venta de una finca de propiedad de su familia y finalmente quedó en libertad. 

Durante este debate legislativo también fue famoso el video en el que se veía a personal de una campaña política entregando dinero a la gente luego de haber depositado su voto. 

De acuerdo con los expertos, en Colombia el sistema de relaciones clientelares, en el que un patrón y un cliente transan favores –oferta de servicios y bienes– a cambio de apoyos –votos– es una práctica que aunque no está reglada por los códigos o las leyes, tiene un fuerte arraigo en importantes sectores de la sociedad. Y esto, que en principio no es ilegal, puede sin embargo desembocar en el delito de la compra del voto. 

 “En el clientelismo se trata de expectativas. Por ejemplo, si yo voy a votar frente a la propuesta electoral de  equis candidato es porque veo que me va a beneficiar. Entonces me adhiero a él. Ese es un intercambio interpersonal de bienes, servicios y favores. Yo voto por usted, lo apoyo, y de ahí surge una relación entre unas élites y unas masas, entre un patrón y un cliente, bajo la expectativa que yo voy a recibir un beneficio. Pero eso es distinto a que yo vote  por ese mismo candidato, y a cambio reciba 50, 60 u 80 mil pesos”, señala al respecto Carlos Guzmán Mendoza, profesor e investigador del departamento de ciencia política de la Uninorte.

“La compra del voto no puede asemejarse al clientelismo como institución informal. Es un delito que constriñe el derecho legítimo de los ciudadanos a ejercer su voto”, añade el experto. 

“La compra del voto puede volverse una manifestación del clientelismo. Sin embargo, ella puede precisarse de manera más clara porque el intercambio del bien, que es el dinero, está presente, y se constituye el delito para ejercer un apoyo al momento de votar. El clientelismo, por su parte, es más amplio e incluye la promesa general de que si votaste por mí, yo te prometo que haré tal cosa por ti”, indica por su parte Adriana Algarín, experta en participación ciudadana y control social. 

“En el clientelismo existen obligaciones recíprocas alrededor del favor, el agradecimiento, la amistad; en la compra del voto, por el contrario, solo hay un mero intercambio económico, sin ningún compromiso interpersonal”, explica Ángel Tuirán, profesor de la Uninorte.

¿Por qué estas prácticas?
 

El fortalecimiento de las relaciones clientelares en un Estado como el colombiano se explica, entre otras,  por razones de nivel institucional y de cultura política, según los académicos. En esto influye, por ejemplo, el hecho de que la política es excesivamente personalista y que los partidos políticos no se alcen como instituciones visibles. 

“Nuestra política, antes que en el partido, se soporta en las personas y en el individuo, cuestión que ha conducido y exacerbado el clientelismo y la compra del voto (...). Lo que varía precisamente en otros países es la consideración que hace el ciudadano de diferenciar entre lo que es un intercambio de expectativas y apoyos electorales, y los delitos electorales. En EEUU, por ejemplo, también hay grandes grupos de interés que financian los partidos políticos, pero allá el partido no les compra el voto a los electores”, indica Guzmán. 

Algarín, por su parte, va un poco más allá y apunta a un dato histórico. “Podría también revisarse nuestra historia latifundista, en la medida que hay una no sana costumbre de esperar que el ‘señor’ ofrezca soluciones y se encargue de”. 

Red sofisticada 

Según Ángel Tuirán, si bien en los sistemas políticos democráticos el clientelismo es un fenómeno que puede presentarse, variando en intensidad de un Estado a otro, lo que sí es propio del colombiano es la sofisticación en la red de compra de votos (comúnmente conocida como maquinaria). 

De acuerdo con el docente, estas redes lo que demuestran es que no son solo el patrón y el cliente quienes hacen parte de la relación clientelista, sino que hay toda una serie de intermediarios entre aquel y este que son los que hacen eficaz  la compra del voto. 

“Aquí está el patrón, pero también el capitán, el coordinador, los taquilleros –que se encargan de los recursos– y los mochileros. Todo ellos hacen parte de la estructura, que vuelve a los partidos en empresas electorales, ejecutoras de una logística clientelar”, explica el docente. 

Cabe precisar, no obstante, que también hay otro tipo de estructuras que no están en función de la compra de votos. Partido políticos, o incluso candidatos, que no se dedican a esa práctica pueden requerir de organizaciones para su campaña política. Incluso, colectividades de otros países son grandes estructuras que no se dedican a la compra del voto. 

Los altos costos

Mantener esas estructuras clientelares para la compra del voto tiene como consecuencia un alto costo monetario para las campañas políticas, lo que, a su vez, se deriva en que son los miembros de los grandes grupos económicos quienes entran a la política o quienes influyen en la elección de los candidatos –y, por ende, en las decisiones que estos toman– pues son ellos quien los financian. 

También, por los altos costos de la política, han sido famosos los llamados cupos indicativos –la denominada mermelada–, que son partidas que son incorporadas al Presupuesto Nacional y que se asignan a los entes territoriales a través de las solicitudes que hacen los parlamentarios sobre obras en las regiones. 

Para los expertos, en algunas ocasiones, porcentajes de esos dineros pueden llegar a financiar las campañas de los parlamentarios, debido a que el parlamentario los direcciona y define a qué mandatario departamental o local va. 

Antes de los cupos, estaba la figura de los auxilios parlamentarios, que fueron derogados por las altas cortes. En todo caso, se trata de una gestión de recursos que se corresponden a una estructura presidencialista en la que el Legislativo debe negociar parte de sus decisiones con el Ejecutivo. 
 
Soluciones 

Tanto analistas como algunos políticos llegan al consenso que una de las grandes soluciones al tema del clientelismo –y de la compra del voto– es el cierre de las listas para las elecciones de corporaciones públicas, así como centralizar la financiación de las campañas en cabeza del Estado. 

En la Tertulia que organizó EL HERALDO hace un par de días, en la que participaron los senadores electos Efraín Cepeda, Luis Eduardo Díaz Granados, Antonio Zabaraín, Carlos Meisel y Mauricio Gómez, así como los representantes electos César Lorduy, Modesto Aguilera, José Amar, Martha Villalba y Armando Zabaraín, los políticos llegaron al consenso de que, para abaratar el quehacer político electoral es necesario cerrar las listas, pues la competencia con los grandes recursos que tienen bajo su manga algunas casas políticas estaba acordonando esa actividad solo a esos círculos.