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El titulo es:Fiscalía radica extinción de dominio sobre las acciones de Inassa

Fiscalía radica extinción de dominio sobre las acciones de Inassa

El Heraldo conoció la radicación de la demanda de extinción de dominio. El organismo inició este proceso de embargo, por más de 200 mil millones de pesos, en octubre del año pasado.

Archivo
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El Heraldo conoció la radicación de la demanda de extinción de dominio. El organismo inició este proceso de embargo, por más de 200 mil millones de pesos, en octubre del año pasado.

Ante el juez del caso fue radicada por parte de la Fiscalía, la demanda de extinción de dominio de las acciones de Inassa en la empresa triple A, que fueron embargadas por el ente investigador.

Así lo señalaron a EL HERALDO fuentes de la Fiscalía. El organismo inició este proceso de embargo de dichas acciones, por más de 200 mil millones de pesos, en octubre del año pasado.

Luego de que se registraran presuntas inconsistencias en contratos que involucran a las dos compañías.

El plazo para la demanda de extinción de dominio vencía hoy, y en el caso de que la Fiscalía no hubiera presentado este recurso, las acciones podrían volver a Inassa.

Cabe recordar que Triple A tiene acciones de Inassa, filial en Latinoamérica de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II.

Según la Fiscalía, en las pruebas que aparecen en el expediente desde el año 2000 hasta 2017, se detectaron supuestos pagos fraudulentos a través de un “contrato de asistencia técnica”, que habría causado un detrimento cercano a los $236.853 millones.

En enero, la fiscal anticorrupción del Caso Lezo, Ana Cuenca, aseguró que habían llegado al final de la investigación y que tenía pruebas suficientes para acusar a los directivos europeos y latinoamericanos de las empresas involucradas en el caso: Sebastiao Cristovam, Ignacio González, Edmundo Rodríguez, Luis Vicente Moro y a los colombianos Ramón Navarro Pereira y Diego García Arias, de los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.

En marzo de 2018 el juez 15 con control de garantías de Barranquilla, Daniel Corrales, ordenó la detención domiciliaria de Ramón Navarro Pereira, exgerente de Triple A, investigado por presuntos hechos de corrupción en el manejo de los recursos de la compañía y por el aparente incremento patrimonial injustificado de los socios de Inassa.

El pasado 7 de febrero, el vicepresidente del Gobierno de Madrid, Pedro Rollán, aseguró que emprenderían “cuantas acciones judiciales correspondan para la defensa de los intereses de Canal de Isabel II y su filial Inassa, tras el embargo del 82% de participación que la multinacional tiene en la empresa Triple A, por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El anuncio se dio, en aquella oportunidad, durante la plenaria de la Asamblea de Madrid, donde el diputado Diego Cruz Torrijos preguntó a Rollán  por las consecuencias que puede tener para el Canal de Isabel II el embargo de Inassa en Barranquilla y solicitó  que recupere “el futuro” de la empresa, al suponer que “no son buenas noticias” y que “habrá consecuencias”.

Como respuesta el vicepresidente aseguró en aquel momento que “no se ha producido ningún embargo” de estas acciones, y aseguró que es “una medida cautelar de carácter transitorio y temporal” y “hasta la fecha” no tienen conocimiento de que “se hayan iniciado los trámites legales necesarios para el proceso de extinción del dominio” de la empresa madrileña.

“La medida cautelar adoptada por la Fiscalía General de la Nación no compromete ni la solvencia ni la solidez de las cuentas de Canal”, señaló  Rollán, al tiempo que  argumentó que Canal “siempre ha mantenido una política de prudencia financiera, basando su gestión en un crecimiento sostenible que equilibra las inversiones”.

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