Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a EL HERALDO que mañana en Puerto Colombia está citada la imputación de cargos contra el alcalde de ese municipio, Steimer Mantilla; el ex secretario de Planeación Mauricio Altahona y los 13 concejales de la localidad, por las presuntas irregularidades relacionadas con la formulación y aprobación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT.

La Fiscalía 43 Anticorrupción de Bogotá investiga a los funcionarios y a los concejales por las aparentes anomalías que se habrían cometido en el proceso de revisión ordinaria del PBOT y por la modificación excepcional aprobada mediante acuerdo del Concejo.

Este despacho ya ha inspeccionado en tres oportunidades la Alcaldía de Puerto Colombia para revisar la documentación sobre el caso, en medio de las pesquisas para intentar determinar si ha habido terceros beneficiados con los cambios del uso del suelo, con el agravante de que se omitió respetar las zonas de reserva ambiental.

Además, desde diciembre de 2017 el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró inválida la revisión excepcional de la norma urbanística, por no cumplir con las socializaciones y no realizar los estudios previos. 

Los cuestionamientos que se le hicieron al Acuerdo N°002 de marzo de 2017 tienen que ver con modificaciones sobre el uso del suelo en áreas aledañas al Lago del Cisne y al Club Lagos de Caujaral, permitiendo la construcción de edificios con una altura superior a los 20 pisos, así como el incremento de la densidad habitacional en sectores cercanos a Villa Campestre, pasando de cuatro a 240 viviendas por hectárea neta urbanizable, a pesar de ser zonas protegidas.

Sin embargo y pese a todas estas luces en rojo, el alcalde Mantilla sancionó la norma a través del decreto 013 de 2017.

EL HERALDO ha publicado desde hace tres años varios informes donde expertos advierten los riesgos de diversa índole que conllevaba el PBOT y que, según la CRA, tienen riesgo de inundación por encontrarse en uno de los brazos del Arroyo León.

Por esto, además, la Procuraduría asumió hace varias semanas una investigación de oficio contra los funcionarios municipales presuntamente implicados.