En el centro de Barranquilla 9.034 vendedores tienen derecho a ser reubicados
La Alcaldía tiene proyectado trasladar este año a más de 700 comerciantes estacionarios. Último censo se realizó en 2005 y fue verificado en 2011.
Son 23 años los que lleva Rosa Tres Palacios vendiendo almuerzos en la carrera 42, entre calles 30 y 31, en el centro de Barranquilla. Llegó desde muy joven para ayudar a un familiar en la venta de un puesto de comidas y con el tiempo formó su propio ‘restaurante’, que ocupa unos 4 metros cuadrados de espacio público.
Con la venta de sancochos, pescado frito y ‘corrientazos’, Rosa logró sacar adelante a su familia y ahora ayuda en la educación de sus nietos. Dice que por llevar más de dos décadas en el sector, tiene el derecho de “ganarse la vida” cocinando en esa zona pública.
Afirma que tiene todos sus documentos en regla y que está en el censo que hicieron las autoridades. “Acá llegan a veces los de Espacio Público a revisar que uno tenga todo en orden, que esté el lugar en óptimas condiciones para preparar los alimentos. Afortunadamente nunca me han intentado desalojar o tumbar mi puesto”, manifestó la vendedora.
Así como Rosa, según la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, son 9.034 vendedores los que tienen el derecho de vender sus productos en el espacio público y que no pueden ser desalojados gracias a la ‘confianza legítima’ que adquirieron con el Distrito.
Precisamente la ‘confianza legítima’ es el argumento que utilizó la Corte Constitucional para amparar, a través de un fallo, los derechos de cuatro vendedores desalojados en Santa Marta.
La decisión de la Corte a favor de estos vendedores abrió el debate sobre los derechos de quienes ocupan el espacio público en Barranquilla. El Distrito y Asocentro coinciden en que solo los que están en el censo pueden ser reubicados.
La secretaría de Control Urbano informó que el último censo fue en 2005 y posteriormente fue verificado por el Distrito en 2011. Esta verificación determinó quiénes eran los que tenían la autorización de la Administración y que no podían ser desalojados hasta tanto no se les reubicara en un lugar con óptimas condiciones.
El secretario del ramo, Henry Cáceres, ratificó que los vendedores que tienen los permisos no pueden ser retirados de sus lugares por las autoridades. “Hemos aplicado la norma del Código de Policía a aquellos vendedores que no cumplen los requisitos y están ocupando el espacio público. Pero antes hemos realizado más de 12.000 pedagogías”, sostuvo.
Confianza legítima
El abogado constitucionalista, Fernando Borda, explicó que el concepto de ‘confianza legítima’ hace referencia a la oportunidad que da la Administración a los vendedores que trabajan en el espacio público por mucho tiempo y no pueden ser desalojados.
Es decir —detalló— es un mecanismo de conciliación entre el deber de las autoridades de conservar y preservar el espacio público y los derechos al trabajo y a la igualdad de los vendedores informales. “Hay que dejar claro que las autoridades sí pueden remover a estas personas de estos lugares, pero tienen que darle la oportunidad de establecer unos mecanismos para brindarle un espacio digno en el que puedan desarrollar su actividad”, sostuvo Borda.
Por su parte, el secretario Cáceres explicó que a quienes se les reconoce la confianza legítima han cumplido una serie de requisitos, como permanecer por más de cinco años vendiendo en el mismo lugar y demostrar una situación de vulnerabilidad. Es decir, que compruebe que el sustento de su familia y su mínimo vital depende de esta actividad.
El funcionario detalló que la zona de mayor ocupación del espacio público es la comprendida entre la Murillo y la calle 30, entre carreras 38 y 46. Además, se incluyen sectores de Barranquillita, Miami y la zona del mercado.
Afectaciones
Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, señaló que aunque los 9.034 vendedores que tienen ganado su derecho adquirido de realizar ventas en espacio público no puedan ser “tocados” por las autoridades, el Distrito sí puede realizar acciones para que los vendedores cumplan con las normas establecidas para la ocupación temporal del espacio público que están consagradas en el decreto 093 de 2005.
“Una cosa es que un vendedor tenga el derecho de estar en determinado lugar, porque el Distrito lo dejó en ese espacio durante mucho tiempo y otra diferente es que se le permita a ese vendedor a que tenga luz fraudulenta, que tenga cocinas, estufas o que no cumpla con las medidas reglamentarias”, manifestó Pardo.
La dirigente indicó que Barranquilla se encuentra en “mora” de que se haga una nueva revisión exhaustiva de las personas que ocupan el espacio público de la ciudad porque se estima que la cifra podría llegar a los 18 mil, entre estacionarios y ambulantes. “Hay muchas personas que dicen que están allí porque no tienen otra forma, pero desafortunadamente tienen otros medios de trabajo y no los asumen porque saben que en la calle no pagan absolutamente nada”, aseveró Pardo.
De igual forma, Luz Pardo afirmó que las ventas que ocupan espacio público sí perjudican a los vendedores formales del centro de Barranquilla, debido a que cuando llega la época de gran venta, como diciembre, estos exceden las medidas al momento de surtir sus espacios, la gente compra lo que ven en estos puestos y no entra a los almacenes.
Reubicación en 2018
La secretaría de Control Urbano y Espacio Público del Distrito, aseguró que tiene proyectado reubicar en 2018 a más de 700 vendedores estacionarios del Centro de Barranquilla. Henry Cáceres, jefe de la cartera, detalló que 420 de ellos serán reubicados en las casetas que serán instaladas una vez que haya finalizado la peatonalización del centro, de las cuales cinco ya están avanzadas en un 90%.
Los 280 restantes —precisó— serán reubicados en la edificación conocida como Robertico y el edificio Volpe (ver infografía).
No es la primera vez que este proceso se surte en el Distrito, pues en años anteriores se reubicaron vendedores en La Magola, Fedecafé y Casa Vargas.
Los gremios de vendedores han manifestado su respaldo a los proceso de reubicación, siempre y cuando, se garantice a los comerciantes informales mejores condiciones para sus negocios, pero que no signifiquen afectación al patrimonio.
El fallo de la corte en caso Santa Marta
La Corte Constitucional advierte que no es posible dejar “sin alternativas concretas a quienes de buena fe estaban ocupando durante mucho tiempo el espacio público. Es grave, injusto e inhumano este tratamiento, cuando a trabajadores y a sus familias se los envía a una situación de ‘no trabajo’, sin ofrecérseles concretamente soluciones alternas”.
Además, señala la Corte que en este caso, “desde ya se evidencia que la garantía constitucional que se busca en esta ocasión implica un argumento reforzado, dado que se trata de proteger la confianza legítima de accionantes que, en 3 de los 4 casos, aportaron certificados de matrículas mercantiles y registros únicos tributarios en los que consta la dirección de sus establecimientos de comercio, de los cuales hoy se ordena su reubicación. Por ende, son personas que pagan los impuestos, así como servicios públicos”.
