Procuraduría refuerza vigilancia por elecciones
El ente de control adelanta una indagación contra un candidato a la Cámara por La Guajira por presunta compra de votos.
Cerca de 90 procesos investigativos son adelantados por la Procuraduría General de la Nación por presunta participación de funcionarios en política, así como irregularidades en el desarrollo de campañas, en el marco de las elecciones al Congreso de la República y las consultas presidenciales.
La procuradora Margarita Cabello Blanco explicó que los procesos se surten en todo el país: “Son denuncias y averiguaciones que se vienen adelantando desde el año anterior”.
Indicó que todo el equipo de la Procuraduría se encuentra haciendo seguimiento a la situación en todos los departamentos del país, teniendo en cuenta la cercanía de los comicios.
Además, dijo que durante una reunión con la cúpula militar para observar la organización del debate electoral, el cual se cumplirá el domingo 13 de marzo. En dicho encuentro también participaron la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
“Hemos articulado el trabajo en el proceso electoral y llegamos a algunas conclusiones sobre preocupaciones en seguridad. Se analizaron temas sobre las curules de paz y las zonas de votación de las mismas, así como las amenazas por paro y la integridad de los candidatos”, aseguró.
La procuradora Cabello dijo que se ha remitido al Consejo Nacional Electoral (CNE) la información correspondiente sobre vallas del movimiento Fuerza Ciudadana que han sido instaladas en varios municipios del Magdalena, en las cuales se observa el rostro del gobernador de dicho departamento, Carlos Caicedo.
“Desde la entidad hemos exigido a los alcaldes y gobernadores que emitan los actos administrativos que regulen la publicidad electoral. Si se incumple lo ordenado en esos actos, la Procuraduría ordena su retiro. Con relación al contenido, enviamos al CNE para que se haga el respectivo trámite de sanción”, expuso.
Indicó que contra el gobernador Caicedo se la ha conminado para que entregue información sobre el caso: “Se están haciendo las respectivas preguntas y avanzando en la recolección de las pruebas”.
Expuso que el traslado de la información se hizo debido a que “se está orientando a la ciudadanía contra un partido político determinado”.
Por otro lado, la procuradora Cabello dijo que se abrió una indagación preliminar contra Juan Loreto Gómez, candidato a la Cámara por La Guajira.
“Estamos en el proceso de análisis de las pruebas. Las quejas por fraude electoral son múltiples”, dijo.
La procuradora Cabello recordó que contra el senador Laureano Acuña se abrió una indagación preliminar por la presunta compra de votos y que se están analizando nuevos elementos probatorios para tomar decisiones.
“Nosotros a nivel procesal debemos analizar las pruebas y verificar su veracidad para tomar decisiones. Este análisis nos hace demorar un poco en las decisiones e investigaciones”, puntualizó.
Durante el seminario de socialización de la reforma al Código General Disciplinario, la procuradora Margarita Cabello Blanco salió en defensa de la institucionalidad del ente de control y en respuesta a las propuestas de supresión de la entidad.
“Eliminar de la estructura constitucional a la Procuraduría, como algunos quieren, implica, por lo menos, una nueva constituyente. No es tan fácil”, explicó.
Durante su intervención, Cabello Blanco puso de presente que la Constitución de 1991 entregó a la Procuraduría su autonomía e independencia del Ejecutivo, con el fin de adelantar “una misión de control frente a las autoridades públicas”.
“Hemos trabajado para que los procesos misionales se resuelvan de forma oportuna y confiable. Si lo logramos, la meta es bajar los 70 mil procesos para bajar esas voces peligrosas que hablan sin saber lo que es la Procuraduría y que tiene una historia de 200 años”, expuso la funcionaria.
Expuso que desde la Procuraduría se está trabajando en la “constante mejora de los sistemas de información y de la infraestructura tecnológica”, con el fin de adecuar las herramientas de gestión con altos estándares.
“La nueva normativa se centra en reconocer la necesidad de interpretar el derecho a la luz de los postulados de una justicia material, y también, incorporar una serie de garantías que se dirigen exclusivamente hacia el respeto absoluto al debido proceso”, precisó.
Indicó, además, que la Ley 2094 de 2021 tiene el principal objetivo de “prevenir y sancionar las conductas de aquellos funcionarios que no den estricto cumplimiento a los deberes, o que obstaculizan la correcta marcha de la administración pública”.
Por último, Cabello resaltó el interés que demuestran varios sectores en participar en estos espacios de diálogo reflexivo y de controversia. “No queremos que nos aplaudan todo, la controversia es sana para que, con el mundo académico, avancemos y sigamos construyendo conocimiento, en este caso, a nivel disciplinario”.
