El pleito detrás del Galeón San José, encontrado en aguas de Cartagena

BOGOTÁ. En medio de una dura carta fechada en noviembre pasado, la compañía estadounidense Sea Search Armada le advierte al Gobierno que de no acatar la sentencia de la Corte Suprema de 2007, que aparentemente le concede la mitad del tesoro del Galeón San José a la empresa extranjera, defenderá “lo que por mandato judicial le pertenece”.

No obstante, en 1993 el Gobierno autorizó la relocalización del San José y por ello, un año después, zarpa el ARC Malpelo, encargado de tal misión y basándose en las coordenadas dadas en 1982 por la empresa Glocca Morra –que en 1983 cedió sus derechos a Sea Search-. El 3 de julio de 1994, el ARC Malpelo abandona el área de búsqueda porque en las coordenadas denunciadas no había ningún tipo de naufragio. Y el 2 de agosto de ese mismo año la Comisión Asesora de Especies Náufragas autorizó contratar la reubicación del San José. Lea además: “Galeón San José se halló en un lugar nunca antes referenciado”: Gobierno.

En la misiva de Sea Search del 19 de noviembre pasado, Danilo Devis, abogado en Colombia de la compañía estadounidense, le pone de presente a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, que “desde que en 1984 surgió el litigio entre la Nación y Sea Search Armada, como resultado de la arbitraria reducción del 50 al 5 por ciento de su participación en la propiedad de los tesoros denunciados, han sido inútiles sus esfuerzos para establecer algún diálogo que pueda conducir a la solución pacífica de este asunto”.

Cita la compañía estadounidense en el documento, conocido por EL HERALDO, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, fechado el 5 de julio de 2007, “que restableció el derecho vulnerado, y declaró su propiedad en común y proindiviso con la Nación, por partes iguales”. Lea también: “No hay dudas, son los cañones del galeón San José”: Santos.

Y reclama que “sin importar una decisión judicial de tal jerarquía, actualmente se adelantan trámites confidenciales encaminados a entregar a un tercero el rescate de esos tesoros”.

Ante esta situación “anómala”, Sea Search deja  constancia en la misiva acerca de que se requirieron el 24 de agosto pasado “informaciones sobre las propuestas en trámite”, pero, advierte, le respondieron “a medias” el pasado 4 de noviembre.

Se queja además que “ante el anuncio de la verificación del naufragio en un lugar distinto” del señalado por ella el 18 de marzo de 1982, “es suficiente para concluir que en dichas propuestas están incluidas las áreas marítimas denunciadas”, pues “desde ese día el descubridor dejó perfecta y claramente establecida la ubicación de su hallazgo en un lugar distinto de las coordenadas en las que se realizará la verificación anunciada”.

Derroche de recursos. Menciona el jurista que el 7 de julio de 1994, la Presidencia confirmó en un comunicado que, tras búsquedas de empresas representadas por Thomas Thompson y Fabio Echeverri, no había naufragio alguno en las áreas denunciadas por Sea Search. Por ello, advierte la compañía que si la Nación emprende una nueva búsqueda “se incurriría en un inexcusable derroche de dineros públicos”.

Recuerda Devis que el 19 de mayo se reunieron con el Gobierno pero asevera que el 28 de julio, la mincultura los suspendió por la inexistencia de naufragios en las zonas denunciadas.

Como los diálogos surgieron con la condición de que la compañía cesara las acciones contra el Ejecutivo, reitera Sea Search su “oposición a que con fines de exploración y/o extracción, y sin su expresa aprobación escrita, la Nación o su contratista accedan a las áreas marítimas denunciadas”, igual, agrega, cómo la Nación se opuso con amenaza del uso de la fuerza militar el 13 de abril de 2010 a que la compañía accediera a esas áreas.

Fue una relocalización
Critica la Sea que “se ha acudido a un planteamiento asombroso, que consiste en endilgarle a la Corte Suprema el disparate de haber cambiado por otro el lugar del naufragio señalado por quien lo descubrió”, para, asegura, que el descubridor pierda el dominio.

La Sea Search resuelve que la decisión del Gobierno le deja la “única opción de enfrentar una situación que le ha sido impuesta, forzándola a defender lo que por mandato judicial le pertenece”.

Devis, en entrevista con EL HERALDO, aseveró que el hallazgo que hizo el Gobierno se dio a partir de las áreas denunciadas por Glocca Morra y que el fallo que prevalece en este caso es el de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que establece que el patrimonio cultural sumergido es propiedad de Colombia, pero lo que implique tesoro con valor económico debe ser repartido por mitades entre la compañía exploradora y el Estado.

“Fue una relocalización (…), así que es una especie de reconfirmación de que el naufragio se halla en esas áreas. No mencionó el pleito con la Corte, ni hizo ninguna crítica a la sentencia. Si eso lo hubiera localizado fuera de las áreas denunciadas por la compañía, sería lo primero que hubiera dicho, porque nos sacarían del paseo. Lo que pasa es que lo buscaron y lo encontraron en las áreas denunciadas. Además todo lo que está ahí, está embargado. (…) Nadie puede disponer del tesoro hasta que se cumpla la sentencia de la Corte, que es repartir el tesoro entre el Estado y Sea Search”.

Añadió que lo dicho en 2007 por la Corte Suprema “es cosa juzgada ya. Eso no se puede discutir ya ante ningún juez del planeta”. Y en relación con la sentencia de la Corte del Distrito de Columbia que en 2011 declaró ganador al Estado colombiano, asegura que “esos fueron unos pleitos secundarios, accesorios, colaterales (…). Se presentó por un tema mundial, que fue que en el 2010 prohibieron acceder al tesoro, entonces como habíamos hecho unos contratos con equipos y personal técnico, demandamos los perjuicios que nos causó esa traba”.