El misterio de los $117.000 millones que se invirtieron en red de acueducto
¿Qué pasó con los $75.000 millones que giró el Estado para el Plan del Suroccidente? Triple A dice que la inversión fue de $117.405 millones, aportados por la empresa y el Distrito.
de abril del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de once altos funcionarios de la empresa pública Canal de Isabel II, dueña de Triple A de Barranquilla, se destapó el escándalo de corrupción conocido como ‘Operación Lezo’.
Los detenidos son investigados por presuntos actos de corrupción, tal como lo dio a conocer EL HERALDO, y se centra la pesquisa en el supuesto desvío de fondos públicos para beneficiar a personas vinculadas al anterior gobierno regional del Partido Popular, PP.
Son varios los interrogantes que deja la ‘Operación Lezo’ por su ramificación con el Distrito de Barranquilla. Uno de ellos, es ¿qué pasó con los $70.000 millones que en 1998 envió la Nación?, según aseguró el padre Bernardo Hoyos, en una alocución en el Rincón Latino. En una publicación de la revista Semana, en ese entonces Hoyos afirmó que “ los directivos de la Triple A tenían el dinero en los bancos ganando intereses y la única forma de hacer que iniciaran los trabajos fue armándoles un escándalo”.
Han pasado 19 años y el misterio en torno a qué pasó con estos dineros continúa.
Mientras Hoyos asegura que los recursos se recibieron de la Nación: $35.000 millones que entregó el gobierno de César Gaviria y que fueron recibidos por Triple A para la ampliación de redes de acueducto y alcantarillado en el suroccidente y suroriente; el gobierno de Ernesto Samper $20.000 millones y Andrés Pastrana una cifra igual, (todos los recursos destinados a saneamiento básico, construcción de la laguna de oxidación del barrio El Pueblo y ampliación de redes), Triple A asegura que el Plan de Obras del Suroccidente costó $117.405 millones, (50 millones de dólares) recursos de la empresa en su totalidad.
Según la compañía, de esos recursos el Distrito aportó $9.596 millones y los restantes $107.809 millones fueron recursos de Triple A .
“Esta obra se amortizó completamente en el año 2013. Hay que recalcar que en la actualidad esto no se encuentra en los libros de contabilidad de la empresa, lo cual quiere decir que el Distrito no tiene que reconocer un solo peso a Triple A por estas obras”, dijo Julia Serrano, gerente de la empresa, al tiempo que explicó que cuando se acabe la concesión, la empresa entrega todo al Distrito.
Si la Nación “no hizo ningún aporte a la compañía” entonces ¿qué pasó con esos recursos?.
Registros de prensa de la época muestran que las entregas de estos dineros por parte de la Nación fueron públicas. Gaviria lo hizo en un acto realizado en la puerta de la Alcaldía de la calle 38, Pastrana lo hizo en un acto público, al igual que su antecesor Samper.
Disminuye participación accionaria
Otro interrogante que deja este caso, es ¿por qué los aportes no reembolsables que hace el Gobierno a Triple A, no modifican la participación accionaria del Distrito?, mientras que cada peso que aportan los socios privados incrementa proporcionalmente su participación accionaria. Según Triple A, la única forma de modificar la participación accionaria de la empresa es mediante aportes de capital, al tiempo que enfatizan que “la Nación no hace ningún aporte a la compañía”.
En 1992 el Distrito tenía el 85% de las acciones y el restante 15% era de capital privado local, repartido entre más de 5.481 accionistas, que representaba un aporte en dinero de $1.233 millones.
Según Serrano, el “escaso” capital con el que se conformó la empresa y la “acumulación de ineficiencias” en la operación a lo largo del tiempo, ocasionaron una crisis económica.
Detalló que ante esta situación, en septiembre de 1995 la junta directiva de la empresa decidió iniciar un proceso para la vinculación de “un socio que aportara valor agregado en términos técnicos, financieros y comerciales”. El proceso culminó en 1997 con la vinculación de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. Inassa como socio calificado de Triple A, con una participación del 62%. En ese momento, año 1997, la participación del Distrito pasa a ser del 32%.
Fue en las administraciones de Edgar George González y de Guillermo Hoenisberg (en 1997 y en 2006) en las que se disminuyó la participación accionaria del Distrito.
En 2006 se acercaba el pago de capital de una emisión de bonos realizada por la empresa en 2000 por valor de $42.000 millones y Triple A podría entrar en incumplimiento de pago.
Un directivo de la compañía en diálogo con EL HERALDO explicó que la calificación de riesgo de la emisión de bonos fue bajando en el tiempo, de manera especial por la dinámica de los principales indicadores de la empresa, los cuales evidenciaban una desaceleración en los últimos tres años, producto principalmente del no pago de los Fondos de Solidaridad y redistribución de ingresos (FSRDI) por parte del Distrito de Barranquilla, lo cual estaba generando una gran presión en el flujo de caja de la empresa.
Por lo anterior, dice el directivo, se realiza la Asamblea General de Accionistas No 33 de 2006, en la cual se aprueba la emisión de acciones, con el fin de que todos los socios que estuvieran interesados en participar lo hicieran.
De esta manera, en diciembre de 2006 se lleva a cabo dicha capitalización y el accionista clase “C” Inassa, adquiere acciones por valor de $42.000 millones, llevando así su participación accionaria al 82% y quedando el Distrito con una participación del 14%, “quien no ejerció su derecho de compra”.
Otro interrogante es por qué le pagan a Inassa por la operación de la Triple A (el 5% de lo facturado y recaudado) (más de $5.000 millones) si la transferencia de tecnología ya se dio y los socios operadores calificados Aguas de Barcelona no están operando la Triple A.
Según la compañía, existe un acuerdo de accionistas el cual fue aprobado por la junta directiva y en el cual se determinó el 4,5% del recaudo como remuneración de asistencia técnica al socio operador calificado Inassa.
Inassa fue creada el 19 de septiembre de 1996. Su composición accionaria era la siguiente: Aguas de Barcelona (Agbar), con el 51%; el 49% restante lo poseían los barranquilleros Enrique Gerlein Echeverría, Enrique Gerlein Jr., Luis Cárdenas Gerlein, Luis Nicollela de Caro y Julio Jácome de la Peña.
La investigación sobre la ‘Operación Lezo’ en Latinoamerica arroja como resultado dos “empresas pantallas” a dónde Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa e Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, estarían escondiendo su dinero.
Se trata de las empresas Rafaello Investment Corp y Amalfi, que habrían sido utilizadas por Rodríguez y González para canalizar parte de “las mordidas millonarias obtenidas en una cuenta Suiza” tras la adquisición de la filial brasileña Emissao.
Los investigadores sospechan que la sociedad Rafaello podría estar vinculada a Ignacio González y habría redirigido el dinero hacia la empresa Amalfi, relacionada con Rodríguez Sobrino.
Según el portal okdiario.com, las comisiones ilegales las habrían conseguido tras la compra de la brasileña Emissao en 2013 por 21,5 millones de euros a través de la colombiana Inassa, que estaba a cargo de Rodríguez Sobrino. Apenas un año después de ser adquirida por el Canal de Isabel II, el valor de Emissao era de 5,1 millones.
Los investigadores creen que a través de estas empresas lograron desviar al menos 4 millones de euros a sociedades panameñas y a otros paraísos fiscales desde la cuenta de Suiza, a la que transfirieron 19 millones por la compra de la empresa brasileña.
De esos 4 millones de euros desviados a Panamá y otros paraísos fiscales, más de un millón de euros se habrían transferido a las sociedades Rafaello y Amalfi “con disposiciones inmediatas”.
De esta manera, se resuelve el enigma de las palabras clave que los investigadores del CTI de Colombia y de la Guardia Civil Española buscaron en los computadores de la sede de Inassa en Barranquilla.
Tal como lo reveló EL HERALDO en exclusiva el pasado 11 de junio, durante la diligencia fueron revisados varios computadores y en cada uno de los equipos los policías judiciales procedieron a hacer la búsqueda de las siguientes palabras claves: “Emissao”, “Soluciones Andinas”, “Fernanda Richmond”, “Patricia Ana Rodríguez Revuelta”, “Amalfi” y “Rafaello”. Los resultados arrojados fueron almacenados en una carpeta con el nombre de “Información PC Inassa”, la cual contiene subcarpetas con el nombre de cada uno de los funcionarios de los cuales pidieron los correos corporativos.
Cuando se dio el acuerdo adicional para la ampliación de la concesión entre el Distrito y Triple A, el Concejo de Barranquilla mediante Acuerdo No 001 de Mayo 31 de 2000 facultó al Alcalde para que gestionara conjuntamente con Triple A la remodelación, conservación y mantenimiento de parques, bulevares y zonas verdes de Barranquilla.
Mediante este acuerdo se estableció que Triple A invertiría la suma de $2.000 millones en remodelación, conservación y mantenimiento de “algunos parques, bulevares y zonas verdes de la ciudad”.
Esto se cumplió solo por una vez y según acta del 23 de agosto de 2001 los dineros se invirtieron así:
En la recuperación y construcción del parque metropolitano $1.500 millones; y $552 millones en reconstrucción y mantenimiento de zonas duras del parque Calancala y parque Unión y reconstrucción de la fuente de Villa Country. Hoy el Distrito construye parques con el impuesto a la telefonía.
