El Heraldo
Barranquilla

Ejecutivos de Triple A ocultaron información de la empresa: SAE

La sociedad secuestre de las acciones de Inassa explicó que la idea es ganar confianza en el sector financiero.

Durante el debate de control político que se cumplió este martes en la Comisión Quinta del Senado, María Virginia Torres, presidenta de la SAE —secuestre de las acciones de Inassa en Triple A—, dijo que por las dificultades de la empresa de servicios públicos de acceder al sector financiero, han tenido que pagar aceleradamente y cumplidamente las obligaciones para ganar confianza con la banca.

Aclaró que “en Barranquilla Triple A es muy querida y todos se preocuparon por nuestra intervención en la empresa, pero tenemos a nuestro cargo más de 1.300 sociedades, incluyendo Grajales, que es muy grande. Y como secuestres de las acciones de Inassa solo tenemos derechos políticos y de voto”.

Advirtió igualmente sobre aparentes maniobras para dificultad la labor de la SAE: “Hemos tenido un rechazo sistemático porque Inassa ha llegado a intervenir en las asambleas por el socio minoritario Canal Extensia. Y aunque la mayoría de gente en la empresa es buena se generaron unos nichos ejecutivos que participaron de la debacle administrativa. (...) Gente de muy alto nivel nos ha ocultado información en la empresa”.

Durante el debate también se refirió a las situaciones irregulares encontrada por la SAE en la empresa. Advirtió que “no solo los contratos grandes se prorrogaban, bajo la tesis de que cuando se ampliaba era un nuevo contrato. La selección objetiva inicial rompió normas de competencia, que en ultimas se terminaban saltando”.

A su turno, la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, aclaró que la Superintendencia no puede tomar partido ni avalar las decisiones de contratación de ninguna empresa de servicios públicos. “Las medidas de intervención, en la cual la Súper toma el control de una empresa para su administración o liquidación están en la ley y apuntan cuando se afecta la prestación del servicio, el orden económico y social por la incorrecta prestación del servicio”.

De otro lado, el senador Jorge Robledo, uno de los citante, pidió al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, declarar la caducidad del contrato de concesión con la Triple A por los aparentes actos de corrupción en esta empresa.

“Entre las soluciones que yo propongo está que el alcalde Char debe declarar la caducidad de ese contrato, esa es la invitación que le hago yo a la ciudad, para llegue una empresa que administre las cosas de mejor manera”, dijo el congresista opositor del Polo Democrático.

Recordó, además, las pesquisas de los entes de control sobre la empresa y dijo que “por corrupción se perdieron $334 mil millones, y todo viene de las tarifas, todo lo paga la gente de Barranquilla y el Atlántico. (...) La justicia española dice que Ignacio González dirigió una organización criminal en el Canal de Isabel II. ‘El Mundo’ dice que entró plata de la Triple A de Juan Manuel Santos en 2010”.

Finalmente, se quejó del “veto del sector financiero” a la empresa de servicios públicos: “¿Por qué los bancos no les atienden las necesidades a la empresa de agua de Barranquilla? Los barranquilleros deben protestar”.

Por su parte, el senador barranquillero José David Name, de La U, indicó que “la Triple A presta un buen servicio, y traer a las empresas públicas otra vez sería volver a la horrible noche. La preocupación es volver al pasado y que no se mantenga el excelente servicio que tenemos”.

Por último le preguntó al gerente de Triple A, Guillermo Peña, “si es cierto que él hace parte de la junta directiva de Brasilia, y por qué contrató la Triple A con Brasilia”.

No obstante, el gerente de Triple A contestó: “El 18 de enero —dos días después de asumir en Triple A— renuncié a la junta directiva de Brasilia porque sabía que existían contratos entre Triple A y Brasilia desde 2017, y me declaré impedido en decisiones sobre Brasilia. En ese contrato se han pagado $1.056 millones”.

Asimismo Peña defendió la gestión de la empresa al señalar que “Triple A definió no usar el tope máximo de su tarifa. Estamos en un 20% por debajo de lo que podríamos cobrar” y puso de presente que “en Barranquilla recibimos el agua más sucia del país y entregamos el agua más limpia del país”.

Y concluyó: “Triple A tiene 1.070 empleados que han asumido sus responsabilidades y han logrado mantener los indicadores”.

El senador liberal Guillermo García Realpe señaló que los hechos de corrupción han trascendido la ciudad de Barranquilla: “Lo que pasó con Triple A o Electricaribe son hechos muy graves para el Caribe. Los españoles no solo han cometido fechorías en Barranquilla, también en Santa Marta y otras ciudades del país”.

Y la senadora cartagenera Daira Galvis, de Cambio Radical, dijo que en Cartagena ha habido presuntos actos de corrupción similares a los de la capital atlanticense: “Mi tema concreto era demostrar cómo se había multiplicado lo de Triple A en otras ciudades como Cartagena con Aguas de Barcelona. A los cartageneros se les están cargando las pérdidas dentro del cobro. Este debate lo voy a presentar pronto. Aguas de Cartagena alteró los cobros del estrato 6 para el tema de los subsidios y tuvieron que devolver $17 mil millones”.

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