El Heraldo
En la Ciénaga de Mallorquín hay 1.695 ocupaciones indebidas, del las cuales 20 pueden ser derribadas por la Alcaldía de Barranquilla. Cortesía Dimar
Barranquilla

Dimar pide a cinco alcaldías recuperar 918 lotes en bajamar

En lo corrido del año, la entidad le ha enviado a las alcaldías 18 oficios donde se encuentran todos los detalles de cada uno de los predios.

De las 4.335 ocupaciones indebidas ubicadas en los 77 kilómetros de playas, terrenos de bajamar y zonas marítimas del departamento del Atlántico, 918 terrenos pueden y deben ser recuperados inmediatamente por las distintas alcaldías, según la Dimar.

El capitán Germán Augusto Escobar Olaya, capitán de Puerto de la Dirección General Marítima (Dimar), encargada de inspeccionar, verificar, controlar y coordinar esa área, aseguró que ninguna de las personas que habitan o aparecen como dueños de esos predios, tiene documentos que certifiquen que son propietarios.

“No tienen escrituras públicas, ni registro de tradición. Es decir, se puede actuar rápidamente y derribar si hay alguna edificación, o recuperar ese terreno”, aseveró el capitán Germán Escobar.

Los mandatarios de Barranquilla, Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojó están “al tanto de la problemática”, según expresó Escobar. 

En mayo pasado se reunieron en un comité organizado por la Capitanía de Puerto y al que asistieron también miembros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Gobernación de Atlántico, Instrumentos Públicos, Agencia Nacional de Tierras, CRA, Barranquilla Verde, representantes de los notarios del departamento, Policía Nacional, inspectores de la policía, secretarios de Gobierno, concejales, veedores, Defensor del Pueblo del Atlántico, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación.

“En ese gran comité se les dijo, pero llevamos casi 10 años informándoles. Durante el presente les hemos pasado a todos los alcaldes y entes 18 oficios donde se encuentra todos los estudios detalladamente de cada uno de los puntos. Constantemente ellos les llega a su oficina los predios que se van apropiando”, puntualizó.

Puerto Colombia, con 418 casos, es el municipio donde más se pueden derribar o recuperar terrenos. Le siguen Tubará con 289 y Juan de Acosta con 148 (ver infografía).

“Estamos esperando a que hagan su trabajo. Nosotros estamos haciendo lo nuestro”, señaló el capitán de Puerto.

 

Desarrollo truncado

El capitán Germán Escobar Olaya espera que todos los terrenos ocupados, principalmente los de la zona costera, sean devueltos a los municipios, porque son “muy buenos” para proyectar el desarrollo turístico en grande, con la ayuda de empresas que puedan generar recursos y empleo.

Escobar aseguró que en las playas de Puerto Velero, pertenecientes a Tubará, tienen una extensión de 300 hectáreas de playas, donde existen dos concesiones a las que se suma la que tienen los caseteros. 

“Los demás no tienen permiso”, indicó el funcionario. Añadió que en el balneario de Caño Dulce “nadie tiene permiso”.

El problema ahora es más complejo para él, porque cree que no pueden tener una iniciativa de desarrollo de la Alcaldía o la Gobernación porque todos los predios tienen títulos. “Sabiendo que no son legales, porque iniciaron con mal proceso al permitir construcciones o adjudicándolos”, afirmó Germán Escobar.

El alto mando de la Dirección General Marítima aclaró que no toda la zona costera es ilegal, ya que hubo momentos históricos en que el Gobierno nacional, como en 1927, dio facultades a los alcaldes para que vendieran zonas de bajamar y se hicieran desarrollos en esos lugares. “Pero hay que revisar los títulos de cada uno y ver si aplican para la norma”, añadió.

 

En la parte derecha se pueden apreciar la concesión de la Marina de Puerto Velero y los otros son terrenos cercados por ocupantes que dicen ser propietarios, según Dimar.

¿Ilegales, pero con permisos?

Los artículos 63 y 102 de la Constitución Política y la Ley 2324 de 1984 dicen que los bienes de uso público de la Nación, como los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardos, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es decir, no pueden ser adjudicados, pero sí concesionados.

Según el estudio realizado por más de un año y medio por la Dimar, de las 4.335 ocupaciones indebidas, 3.417 se encuentran registradas en el Instituto Agustín Codazzi.

El capitán Germán Escobar señaló que la gran mayoría de los habitantes de la Ciénaga de Mallorquín tienen títulos, a pesar de que es un cuerpo de agua. “Eso fue rellenado y dañaron mangles. Y muchos se encuentran en el IGAC, tienen una escritura pública, registro de tradición y otros documentos, pero ¿cómo los obtuvieron? muchos pueden ser legales, pero otros no. Habría que revisarlos uno a uno”, afirmó Escobar.

Un caso

En uno de los casos indagados, que hace parte de la lista de 3.417 predios registrados en el IGAC, se encontró que entre los documentos de propiedad no aparece la resolución que debe expedir la Alcaldía para autorizarle el uso de ese espacio. Este hecho es considerado por la Dimar como una acción fraudulenta.

El inmueble, de 23 hectáreas y ubicado en Puerto Velero, tiene un proyecto de casas lujosas muy cerca del balneario.

De igual modo, se resalta en el documento de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla que “adquirieron por cesión a título gratuito de bienes fiscales del municipio de Tubará”.

Para el capitán de la Capitanía de Puerto cree que por eso hay que revisar cada uno de los lotes, para ver si tienen los documentos legales y en regla. “Deben existir muchos así y hay que averiguar cuáles son”, aseguró Escobar Olaya.

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