Corte ordena al Distrito reubicar a 259 personas afectadas por canalización de arroyo Hospital

La Corte estableció que existe “una amenaza inminente” de los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la seguridad personal “de algunas familias afectadas con la canalización del arroyo”.

Cesar Bolívar
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Por: Jesus Blanquicet @Jesub
Barranquilla

La Corte estableció que existe “una amenaza inminente” de los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la seguridad personal “de algunas familias afectadas con la canalización del arroyo”.

Un fallo proferido por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional ordena a la Alcaldía Distrital de Barranquilla “ofrecer la reubicación temporal o definitiva” a 259 personas que habitan 48 viviendas que fueron afectadas con las obras de canalización del arroyo Hospital.

La Corte estableció que existe “una amenaza inminente” de los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la seguridad personal “de algunas familias afectadas con la canalización del arroyo”.

La sentencia se sustenta en la tutela T-206 de 2019 presentada por Maribel Jiménez De la Hoz, quien le pide al máximo tribunal que sean amparados sus derechos a una vivienda digna.

Los trabajos, evoca la sentencia, comenzaron en 2016, después que la Alcaldía Distrital contrató la canalización del arroyo desde la calle 44 con carrera 29 hasta la carrera 35 con calle 17 y de la carrera 35 con calle 17 hasta el caño La Ahuyama en la calle 6.

Según los accionantes, las casas “quedaron un metro por debajo del nuevo nivel” del canal y, por lo tanto, los accionantes deben subir y bajar por la media puerta que quedó a la vista para salir o entrar a sus viviendas.

 

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Aseguran que la situación se complica cuando llueve, toda vez que las casas se inundan y las aguas se estancan produciendo contaminación ambiental y se convierte en un factor de deterioro de la salud.

“La Corte Constitucional, al revisar el expediente, determinó que la causa de la amenaza o riesgo a los derechos de los accionantes se da por omisión por parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla de adoptar medidas para mitigar el impacto que trae consigo la construcción del canal contiguo a sus viviendas, que, si bien su fin último es el bienestar de los mismos accionantes, mientras se termina la obra pública, constituye una amenaza a sus derechos fundamentales”, señala un comunicado del Alto tribunal.

Para la Corte, la situación es más gravosa si se tiene en cuenta que dentro de los afectados hay 61 menores de edad, 6 adultos mayores y tres personas en condición de discapacidad.

El falló también le ordena al Distrito “adelantar las gestiones necesarias” para verificar el riesgo actual de inundación que recae sobre cada una de las viviendas de los accionantes, salvo un grupo de predios que habían sido enajenados por la Secretaría de Planeación.

“Una vez se adelante la evaluación, la Alcaldía deberá ofrecer a los accionantes, sobre cuyas viviendas persiste el riesgo de inundación que amenace su seguridad personal y el de su familia, propuestas viables y eficaces que garanticen de manera oportuna la protección de sus derechos fundamentales, dentro de las cuales debe contemplarse la reubicación de manera transitoria hasta tanto cese el riesgo o de manera definitiva si el mismo no se logra mitigar”, declara el fallo.

Al ser consultado sobre la decisión de la Corte, el Distrito de Barranquilla aseguró que ha desplegado su equipo de colaboradores,  expertos en el tema de atención y mitigación del riesgo, para implementar un protocolo de cumplimiento de tutela, encaminado a realizar cada una de las acciones ordenadas.

En comunicación enviada a este medio, la Alcaldía explicó que dentro de su programa de canalización de arroyos la Agencia Distrital de Infraestructura (ADI) priorizó puntos estratégicos de la ciudad para invertir en soluciones urbanísticas para las corrientes de agua que afectaban algunos barrios, lo que aseguraba la seguridad de la vida y bienestar de los moradores de la zona de influencia de la obra.

Esos fueron los argumentos soportados por el Distrito dentro del proceso de la tutela de primera y segunda instancia.

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