Consejo de Estado deja en firme la valorización 2012
La administración tributaria distrital hace un llamado a aquellos contribuyentes que por cualquier circunstancia no han cancelado total o parcialmente este tributo para que lo hagan y de esta manera contribuyan al desarrollo de Barranquilla.
La legalidad del cobro de la contribución por Valorización, que se estableció en 2012, fue dejada en firme por el Consejo de Estado al resolver a favor del Distrito de Barranquilla una impugnación presentada por el ente territorial, en 2018, tras un fallo que había favorecido a un contribuyente, según informó la Administración Distrital
En su decisión, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo argumentó que en el fallo de primera instancia se desconoció que fue el Concejo Distrital, a través del Acuerdo 10 de 2008, el que definió la forma de aplicar el tributo y no el alcalde de Barranquilla mediante el decreto 323 de 2004.
Bajo estos argumentos, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, dejó sin efectos el fallo del 5 de julio de 2018, que planteó excepción de ilegalidad, y ordenó a la Sección Cuarta proferir una nueva sentencia en la que se acojan las consideraciones expuestas en la nueva providencia.
En ese momento, la decisión ordenaba al Distrito la obligación de devolverle la suma de $500 millones al ciudadano Jaime Lustgarten Steckerl, quien demandó a la Administración por el cobro del impuesto.
El Frente Amplio Cívico dijo en aquel momento que el cobro de la valorización estaba basado en un decreto que había sido “inaplicado” por el Consejo de Estado, debido a que era “inconstitucional”.
También argumentaron que el cobro del impuesto fue notificado de manera “indebida”, teniendo en cuenta que se informó como si fuese el impuesto predial, que es un gravamen fijo.
Ante esta situación, el Distrito salió en defensa del procedimiento efectuado para las notificaciones y de la legalidad de la contribución por Valorización.
El secretario Jurídico, Jorge Padilla, afirmó entonces que el fallo se refería a un caso “particular y aislado”, no a una acción colectiva.
Tras la nueva decisión del Consejo de Estado, el Distrito señaló que no cabe ningún recurso, por lo que la decisión queda en firme.
