Barranquilleros en el ‘caso Lezo’

En Barranquilla, tal y como lo adelantó en su día El HERALDO, el primer campanazo de alerta sonó en junio de 2016 con la destitución del entonces presidente de Inassa y de la Junta Directiva de Triple A, Edmundo Rodríguez Sobrino. La decisión la tomó desde España la sucesora de Ignacio González, Cristina Cifuentes, quien se había embarcado en una cruzada contra sus antecesores en lo que los analistas interpretaron como una guerra intestina dentro del PP. 

Cifuentes justificó la destitución en que Rodríguez aparecía en los ‘Papeles de Panamá’. Además, y como también contó este diario, la presidenta madrileña puso en la mira al entonces gerente de Triple A, Ramón Navarro Pereira, que también figuraba en los ‘Papeles de Panamá’. Seis meses más tarde, y tras asegurar que sus inversiones offshore eran legales, Navarro dimitió por “motivos personales”.

Rodríguez Sobrino fue detenido en Madrid el mes pasado y se encuentra hoy en prisión.

La mayor parte de las informaciones hasta ahora derivadas del sumario del ‘caso Lezo’ ponen especial atención en dos asuntos. Uno es la progresiva reducción que sufrió la participación del Distrito en Triple A (pasó de tener el 85% al 13%). El otro, la operación en Panamá, a través de sociedades ‘de papel’, mediante la cual Canal de Isabel II compró en 2001 Inassa a un grupo de barranquilleros, a través de la cual acabó apropiándose de Triple A.  

El 10 de mayo pasado, la Procuraduría General de la Nación anunció que había abierto una línea indagatoria sobre la presunta responsabilidad de “exalcaldes de Barranquilla” en la dilución de la participación del Distrito en Triple A.

Triple A fue creada en julio  de 1991 como sociedad de economía mixta, con una estructura accionaria de un 85% de participación del Distrito  y 15% del sector privado: Cámara de Comercio y gremios. 

Cuando Bernardo Hoyos llega a la Alcaldía (1992-1994) no había empezado a operar Triple A. Su primera acción fue adjudicar la concesión del servicio de aseo a la empresa Aseo Técnico S.A., de William Vélez, constituida dos meses antes de la adjudicación. La vigencia del contrato se amplió a 12 años y luego se prolongó hasta noviembre de 2018. 

En la administración de Édgard George (1995-1997), fueron creadas las acciones Clase C, con que, el 19 de septiembre de 1996, el 43,3% de la propiedad de Triple A pasa a Interamericana de Aguas y Servicios SA ESP (Inassa) como “socio calificado operador”, al que se reconoció, además, el 4,5% de los ingresos brutos de la empresa. 

Inassa se había constituido ese mismo 19 de septiembre por un millón de pesos en la Notaría Quinta de Barranquilla. La composición accionarial de Inassa era la siguiente: Aguas de Barcelona (Agbar), con el 51%; ell 49% restante lo poseían los barranquilleros Enrique Gerlein Echeverría, Enrique Gerlein Jr., Luis Cárdenas Gerlein, Luis Nicollela de Caro y Julio Jácome de la Peña, como ya publicó este periódico. Este paquete accionarial se financió a través de un préstamo del Banco Ganadero, con el que la familia Gerlein mantenía una estrecha relación.

Como resultado de dicha operación, la participación del Distrito bajó al 50%, y la del sector gremial, al 6,7%.

En la segunda alcaldía de Hoyos (1998-2000), los socios privados de Triple A pedían recuperar las inversiones realizadas y por ello que pidieron la ampliación de la concesión. Esta, que expiraba en octubre de 2013, fue extendida 20 años más, hasta octubre de 2033. A cambio, Triple A se comprometió a una serie de contraprestaciones económicas por $13.552 millones. Esta ampliación es una de las decisiones que hoy son objeto de indagación.

Bajo la administración de  Humberto Caiaffa (2001-2003), en un negocio entre privados, Canal de Isabel II adquiere el 75% de Inassa, que ya acumulaba el 64% de Triple A gracias a operaciones de ampliación de capital.

Después llegó a la Alcaldía Guillermo Hoenigsberg (2004-2007). La Junta de Triple A aumentó el capital a $65.000 millones y, como consecuencia de ello, el componente accionario quedó de la siguiente manera: Inassa, 82,16%; Distrito, 14,50%, y sector privado, 3,34%. Un esquema que se mantiene en la actualidad.

Uno de los temas clave en todo este proceso fue la ya citada operación de 2001 mediante la cual los socios barranquilleros de Inassa, que habían comprado el año anterior la parte de Aguas de Barcelona (cuando la compañía catalana se marchó de Barranquilla), vendieron el 75% de la empresa  a Canal de Isabel II a través de sociedades interpuestas en Panamá.

En una conversación interceptada al ex presidente madrileño González en el marco del ‘caso Lezo’, este calificó la operación como un “pelotazo” (negocio de dudosa legalidad con el que se gana mucho dinero de manera rápida), como informó oportunamente este diario. Uno de los más prestigiosos bufetes de abogados de España, Garrigues, desaconsejó aquella operación al considerarla lesiva para los intereses de Canal de Isabel II por el desmedido precio del paquete accionarial: USD 83 millones, más de cuatro veces el valor tasado de la empresa dos meses antes. Y también por las implicaciones legales que podía tener ante el Fisco la opacidad de la transacción.

Según informaciones de la prensa española, el dinero del sobrecosto de la operación fue depositado en paraísos fiscales y utilizado con fines que son objeto de la investigación, presuntamente para financiación del PP y enriquecimientos personales .   

Los colombianos que participaron en la transacción, de acuerdo con las escrituras de un notario de Panamá, fueron Enrique Gerlein Navas, Luis Cárdenas Gerlein, Julio Luis Jácome, Luis Nicolella y Guillermo Sanclemente.

Canal de Isabel II utilizó Inassa para su expansión latinoamericana y hoy es accionista mayoritaria, entre otras empresas, de Triple A. 

Según documento de la Cámara de Comercio del 13 de mayo pasado, en la junta de Inassa se sientan hoy los colombianos Nelson Eduardo Polo, Luis Nicollela De Caro, Germán Sanabria y Diego García Arias, junto con el español Alberto Muguiro (presidente), el panameño Luis Gonzalo González y Canal Extensa S.A.

De acuerdo con una información del medio español elconfidencial.com recogida en su momento por este diario, la Audiencia Nacional solicitó orden de extradición para Diego García Arias, que  hacía parte de la junta Directiva de la Triple A junto con el destituido Edmundo Rodríguez. La prensa española ha identificado a García Arias, de nacionalidad colombiana, como uno de los directivos que “se llevaban el dinero de la caja de Inassa para pagar a políticos sudamericanos”. Según consta en documento de la Cámara de Comercio, García Arias dimitió a sus cargos en la Junta de Inassa el 24 de abril pasado, en medio de la tormenta desatada por la detención en Madrid de 12 personas vinculadas con el ‘caso Lezo’.

La prensa española reveló unos audios según los cuales  alrededor de 25 millones de euros fueron extraídos de la empresa Canal de Isabel II para el pago de sobornos a autoridades, para comprar alcaldes a cambio de contratos y para financiar campañas. No han trascendido nombres concretos de posibles sobornados.

El diario español elconfidencial.com, de España, publicó el 23 de abril que Idelfonso de Miguel, ex director Canal de Isabel II, hizo referencia a una presunta reunión sostenida en Barranquilla en el año 2008 con el alcalde Alejandro Char. Según la información de la prensa  española, recogida en su momento por este periódico, la reunión era importante porque había problemas con Triple A, la ‘joya de la corona’ de Inassa.

Citando fuentes del ‘caso Lezo’, el medio español aseguró que se produjo una cita con el entonces presidente, Álvaro Uribe, con el propósito de que este les ayudase con el alcalde Char, que “estaba estudiando que el Canal perdiera peso en el accionariado de la Triple A para que entraran en él otros importantes empresarios del país, los hermanos Nule”. 

Dos días después de la publicación, el mandatario distrital manifestó que “esas afirmaciones son completamente falsas”, que la citada reunión nunca se realizó y que “no conoce al señor Ildefonso de Miguel”. 

La supuesta ofensiva del Distrito para recortar el peso de Canal de Isabel II no se produjo, ya que la estructura accionarial se mantuvo inalterada.

El último capítulo ha sido la revelación de unos audios captados por la Policía durante un encuentro el 21 de julio de 2016, en el hotel Villamagna, de Madrid, entre Edmundo Rodríguez Sobrino y el empresario barranquillero José Manuel ‘Yuyo’ Daes, adjudicatario de varias concesiones del Distrito. 

Según la información, Rodríguez, que ya estaba fuera de la empresa pública madrileña, se ofrecía a colaborar con Daes en posibles inversiones de este en Colombia.

En un momento de la conversación, que forma parte del sumario del ‘caso Lezo’, el empresario barranquillero pregunta: “¿Cuánto le ha entrado al Canal?”. Y Rodríguez responde: “Al Canal le han entrado 65 millones, eso es lo que le han entrao”. Más adelante dice: “A ver, invirtió en una operación, eh… que tú conoces… en la que le robaron 25 millones, porque cuando yo entré, Yuyo, aquello valía 10, aquello valía 10”.

Según okdiario.es, esta infidencia de Rodríguez constituyó uno de los primeros indicios sobre presuntas irregularidades en la compra.

En medio del aluvión informativo que está provocando el ‘caso Lezo’, ha vuelto a salir a la luz pública el nombre del empresario David Maestre, que en 2010 se desempeñaba como representante del alcalde Char ante la junta de Triple A. Ese año, el portal La Silla Vacía difundió unas grabaciones entre Maestre y Tomás Jaramillo, hoy confeso estafador de Interbolsa, en que el primero sugería a su interlocutor que entrara en Triple A, porque los españoles estaban interesados en venderla. 

En pasado domingo, y en referencia a esta conversación, el diario El Tiempo informó que “entre los audios, algunos revelados por la prensa española, hay otro que interesó al fiscal Néstor Humberto Martínez y al procurador Fernando Carrillo, quienes viajaron a Madrid “el 15 de mayo pasado en busca de información”

Las autoridades españolas también investigan unos bienes adquiridos por Edmundo Rodríguez Sobrino y Diego García Arias en Barranquilla y Cartagena, respectivamente.

En su edición del 28 de abril, el diario ‘El País’, de España, publicó que los investigadores dan especial relevancia a las tres propiedades que han descubierto a nombre de Patricia Rodríguez Revuelta, hija de Edmundo, en el extranjero, una de ellas en Colombia. Se trata de un apartamento (1803) en el edificio ‘Alto Prado’, calle 76 No 56-43. Allí funciona el hotel Estelar, de Barranquilla. El inmueble de Rodríguez está tasado en 48.000 euros. Por su parte, García Arias, en agosto de 2014 compró un apartamento en Cartagena valorado en $521 millones. Según informaciones de prensa, este lo traspasó posteriormente a familiares, miembros de una iglesia cristiana, que dicen haber pagado $630 millones. Según las investigaciones, también adquirió una propiedad en el condominio ‘Brisas del Mar’ y propiedades en El Rodadero y en el edificio ‘Bellini’, de Barranquilla, en la carrera 57 con calle 67.