Así estructuró el gobierno el presupuesto de inversión
EL HERALDO consultó al DNP y a economistas sobre los indicadores que se tienen en cuenta para distribuir los recursos para los departamentos.
Tras la puja que se encendió entre la Bancada Caribe del Congreso y el Gobierno luego de que EL HERALDO revelara en primicia el recorte de $700 mil millones que se planteaba en la inversión del Presupuesto 2019 para la Costa, el Departamento Nacional de Planeación, DNP y economistas explicaron que para distribuir la regionalización de la renta pública se tienen en cuenta indicadores fiscales, sociales y de población.
El Estatuto Orgánico de Presupuesto determina que el DNP presenta el informe departamental del presupuesto de inversión con la financiación que el Gobierno Nacional prevé realizar en cada departamento. Este presupuesto de inversión se clasifica en los tres rubros de regionalizable, no regionalizable y recursos por demanda.
El regionalizable tiene que ver con los proyectos orientados al beneficio de una población focalizada o los bienes y servicios públicos que se proveen localmente, tales como subsidios a personas o empresas, infraestructura vial, acueductos y escenarios deportivos, entre otros. El no regionalizable con proyectos cuyos beneficiarios no se pueden identificar en una región particular y que representen bienes públicos nacionales, como la demarcación marítima del país, el espectro electromagnético, la defensa nacional, etcétera.
El desempeño fiscal
El decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda, explicó a este diario de dónde sale la regionalización del presupuesto de inversión: En términos generales, según el experto, el Presupuesto Nacional tiene un componente de gastos que lo determina el Ministerio de Hacienda y otro de inversión que lo determina el DNP. Una vez se definen los rubros generales, el DNP hace un esfuerzo para distribuir los recursos regionales, y la lógica en el Presupuesto General es sectorial, donde “cada área define sus presupuestos de inversión y funcionamiento y paso seguido se distribuye a nivel regional”.
Frente a cómo se arma el regionalizado, el experto señaló que “los criterios varían dependiendo del presupuesto sectorial, de acuerdo con los acuerdos que haya entre los ministerios y el DNP por un lado y después de las necesidades dentro de cada una de las sectores”.
En este sentido, agregó, el DNP fija las partidas luego de “un seguimiento sobre el desempeño fiscal de los municipios, los indicadores de necesidades, como el de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, pobreza y déficit en indicadores de educación y salud, que seguramente van a tener un esfuerzo mayor de inversión en ese sentido”.
Por otro lado, también cuenta con mediciones de indicadores de desempeños territoriales, particularmente municipales, capacidad del territorio, institucionalidad, cumplimiento de normas, gestión fiscal, entre otros.
El DNP dice que el presupuesto busca balancear las priorida-des naciona-les con una distribución equitativa.
Se tiene en cuenta la población
Planeación, entre tanto, indica que además se tienen en cuenta la población, los indicadores sociales y en general las necesidades sectoriales de cada región.
Según el DNP, el Presupuesto busca balancear prioridades de alcance nacional con una distribución regional equitativa, en la medida en que asigna la inversión de acuerdo con las políticas públicas, teniendo en cuenta los niveles de cobertura e indicadores sociales, así como prioridades nacionales.
Tiene en cuenta, en suma, las necesidades de cada región por sectores, de acuerdo con los criterios específicos de “prioridades nacionales, población, eficiencia fiscal, capacidad fiscal y población pobre y vulnerable”.
Y en el Artículo 122 de la Ley 1151 de 2007 se lee que el Gobierno Nacional propenderá por la equidad regional en la distribución de los recursos del Presupuesto de Inversión Nacional, con lo que en su asignación se debe tener en cuenta “el esfuerzo fiscal de cada entidad territorial, la menor renta por habitante respecto del promedio nacional y la caracterización y topologías territoriales, de tal manera que la programación presupuestal del gasto de inversión se realice en la forma más general y equitativa posible”.
A más pobreza, más recursos
El investigador de la Fundación para el Desarrollo del Caribe, Fundesarrollo, Juan David Chacón, escribió al respecto que el presupuesto de regionalización de la inversión nacional es “una herramienta de redistribución del ingreso entre departamentos, y de acuerdo al Gobierno Nacional busca disminuir las brechas económicas y sociales que existen entre territorios”.
En este sentido el analista explica que al ser una herramienta redistributiva, uno de los indicadores utilizados para determinar cómo se deberían repartir los recursos, es el de pobreza monetaria y el de Necesidades Básicas Insatisfechas.
“Lo ideal es que entre mayor sea la pobreza en una región, mayor debería ser la cantidad de recursos se deberían dirigirse para reducirla”, sostuvo el experto.
Chacón aclara, además, que los recursos de la regionalización no son los únicos con los que cuentan las entidades departamentales y municipales para el mejoramiento de los indicadores de pobreza y desigualdad. También están el Sistema General de Participaciones, SGP, el recaudo interno, la generación de recursos y las regalías, que “son importantes porciones dentro del total de ingresos que pueden ser determinantes al momento de intentar mejorar la calidad de vida de los habitantes de un departamento. Ahí es donde entra el buen manejo de los mandatarios y su capacidad de maniobrabilidad con los recursos, que se sabe son escasos, en pro de Colombia”.
El DNP fija las partidas luego de un seguimiento al desempeño fiscal de municipios, las NBI, pobreza, entre otros.
Los otros: SGP y SGR
El Sistema General de Participaciones, SGP, está constituido por los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales, es decir los departamentos, distritos y municipios, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación y demás.
Hay una participación con destinación específica para el sector educativo, con un porcentaje del 58,5%; una para el sector salud, con el 24,5% y una de propósito general que incluye los recursos para agua potable y saneamiento básico, con el 17%.
Los principios de distribución del SGP tienen en cuenta los criterios, para educación, salud y agua potable y saneamiento básico, población atendida y por atender, reparto entre población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y equidad. Y en la distribución por entidad territorial se da prioridad a factores que favorezcan a la población pobre.
Entre tanto, el Sistema General de Regalías, SGR, es un esquema de coordinación entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional a través del cual se determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables.
Estos recursos se distribuyen en todos los departamentos a través de asignaciones directas y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fcti; Fondo de Desarrollo Regional, FDR y Fondo de Compensación Regional, FCR. Adicionalmente se ahorra a través del Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial, Fonpet.
Todos los recursos del Sistema de Regalías financian proyectos de inversión presentados por las entidades territoriales a los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, Ocad, quienes serán los encargados de viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar el ejecutor de los mismos.
Las críticas de la Contraloría
Sobre estos sistemas, la Contraloría ha advertido, frente al SGP, que “ha abierto brechas entre las regiones”, debido a que “tal como está diseñado, no permite reducir de manera contundente las brechas, ni los niveles de inequidad en las distintas regiones del país: las regiones con mejores condiciones de seguridad, y aquellas con mayor desarrollo económico, son precisamente las que reciben los mayores beneficios”.
En un informe presentado hace un par de meses, el ente de control fiscal agrega que no se han logrado corregir los problemas de fondo del SGR, que son una alta dispersión que va de la mano con proyectos poco pertinentes y riesgos de corrupción y lentitud de la ejecución.
“Uno de los objetivos de la reforma de 2011 al manejo de las regalías busca que se financien proyectos de inversión de impacto regional estructurados entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales. Para ello se creó el Fondo de Desarrollo Regional, FDR y contribuir de esta forma al cierre de brechas entre las regiones, financiando proyectos de gran impacto territorial que deberían aprobarse a través de seis Ocad Regionales”, concluye el reporte.
La polémica en el Caribe
Los ánimos se encendieron el fin de semana pasado luego de que este diario revelara que se recortaban $700 mil millones a la Costa en la primera versión preliminar de la regionalización del Presupuesto 2019.
En la segunda edición del regionalizado, aunque el Caribe pasa a ganar $1,6 billones, otras regiones siguen creciendo más que la Costa: el Caribe sube de $8,2 billones en 2018 a $9,8 billones para 2019 (19,5%), el Eje Cafetero y Antioquia crecen de $4,2 a $5 billones (19,04%), la Andina pasa de $4,3 a $5,4 billones (25%) y los Santanderes suben de $2,2 a $2,9 billones (27%).
Por departamentos, Atlántico va de $1,6 a $1,8 billones (12,5%), mientras que Valle del Cauca pasa de $2 a $2,5 billones (25%) y Antioquia sube de $2,5 a $3,2 billones (28%). En el Caribe, Bolívar pasa de $1,4 a $1,9 billones (15,3%); Cesar de $1 a $1,2 billones (17%); Córdoba de $1,1 a $1,3 billones (10,3%); La Guajira de $813 a $929 mil millones (10,9%); Magdalena de $1,1 a $1,4 billones (15,8%); San Andrés de $182 a $223 mil millones (19,8%) y Sucre de $744 a $898 mil millones (13,6%).
La Bancada Caribe ha dicho que irá por más el lunes en el primer debate de las Comisiones Económicas Conjuntas de Senado y Cámara.