El Heraldo
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, durante su intervención. Luis Rodríguez
Barranquilla

Arrecian denuncias por corrupción generalizada en contratación pública

El superintendente de Industria y Comercio anunció la creación de un grupo élite para los procesos relacionados con los carteles empresariales en licitaciones oficiales.

En Colombia hay 78 “mafias” o redes de contratistas que presentan propuestas con distintas razones sociales, como consorcios o uniones temporales, con el fin de participar de manera irregular en licitaciones públicas y que han accedido a contratos por unos $20 billones, afirmó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira.

La Fiscalía investiga a estas mallas o redes que están conformadas por los mismos contratistas que a través de sus prácticas ilegales acceden a los contratos de las entidades oficiales en el país en licitaciones con un único oferente.

“El agravante es que muchos de estos contratos no se ejecutan en su integridad, tienen procesos de ejecución inferiores al 60% de los recursos públicos apropiados y se constituyen en verdadero fraude a los intereses de los colombianos”, agregó el fiscal tras su intervención en el Congreso Internacional de Libre Competencia Económica.

Los datos del ente investigador revelan que este tipo de prácticas se vienen presentando en las regiones, por lo que las investigaciones son priorizadas.

“El oferente único puede ser una modalidad de contratación que supera el 80% de la contratación pública en Colombia, allí hay un germen canceroso y lo que evidenciamos en la Fiscalía es que muy buena parte de estos contratos terminan no ejecutados o con sobrecostos”, señaló.

En un primer análisis a un informe de la Auditoría General de la República, la Fiscalía concluyó que en esas redes coinciden los socios, unas veces como gestores, otras como capitalistas, pero siempre son los mismos.

“En los últimos dos años, las entidades territoriales han contratado con estas mallas más de $20 billones, de ese monto, al menos $8,1 billones han sido contratados con oferente único, práctica que se está consolidando a lo largo de los entes territoriales y que ya ha sido denunciada por el vicepresidente de la República y la propia Cámara Colombiana de la Infraestructura”, explicó.

Martínez citó como ejemplo a una de las mallas, aunque sin identificarla, ni a sus dueños: “Integrada por los mismos socios, revisores e interventores, con compañías que utilizan un ropaje nominal diferente, es decir, denominaciones que cambian para cada contratación, ha recibido contratos hasta la fecha por $6,1 billones, a través de 801 consorcios en 29 departamentos del país”.

Grupo élite

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció la conformación de un grupo élite que se encargará de investigar los casos de cartelización empresarial en las contrataciones públicas.

Robledo dijo que el Ministerio de Hacienda destinó una partida especial de $7.000 millones para la conformación de este grupo élite.

“Este grupo fortalecerá la labor que venimos haciendo para combatir las prácticas anticompetitivas y la cartelización empresarial al interior de licitaciones públicas”, señaló.

Los responsables de este tipo de conductas están expuestos a pago de multas y a penas privativas de la libertad, ya que se constituyen en un delito que es investigado por la fiscalía y sancionado  por jueces penales.

Robledo sostuvo que la lucha contra la cartelización empresarial en las licitaciones públicas es una tarea que aún debe mejorar y para ello trabajará estrechamente con la Fiscalía General de la Nación.

La cartelización en las licitaciones públicas se presenta cuando dos contratistas se ponen de acuerdo para presentar sus ofertas y simular estar compitiendo cuando no lo está haciendo. Los daños económicos son incalculables para el Estado. “Este dinero se malgasta no por culpa del Estado sino de empresarios delincuentes que se pusieron de acuerdo en las licitaciones públicas para amañarlas y ganarlas ilíctamente”, añadió.

Esta práctica llamada colusión es objeto de varias investigaciones por parte de la SIC, unos de los casos más reconocidos es el de la seguridad privada.

El caso de La Guajira

​El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, declaró que “el país conocerá prontamente más resultados” de las investigaciones penales que se realizan en La Guajira por corrupción en contrataciones públicas. “Todas nuestras investigaciones tienen un comienzo, pero todavía no tienen un final, seguimos avanzando y yo diría que están a un 40%”, aseguró.

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