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“Ambulancias que no reporten al 123 podrían perder habilitación”

Quienes incumplan podrán recibir diferentes sanciones como amonestaciones, multas, suspensiones o cancelación del registro o de la licencia. Solo hay 11 vehículos inscritos.

Jesús Rico
Jesús Rico
Ambulancia ubicada cerca al CAI de la carrera 21 con calle 53. Jesús Rico
Por: Alexandra De La Hoz @delahozalexa

Temas tratados

IPS -

Quienes incumplan podrán recibir diferentes sanciones como amonestaciones, multas, suspensiones o cancelación del registro o de la licencia. Solo hay 11 vehículos inscritos.

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que tengan atención prehospitalaria y traslados de pacientes a víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismo o paros cardiorrespiratorios, que requieran atención médica de urgencias, en lugares públicos o privados, están en la obligación de inscribirse al Sistema de Emergencias Médicas, SEM.

Así lo aseguró la secretaria de Salud del Distrito, Alma Solano, al explicar que de acuerdo con la resolución 0642 de 2018 existe la obligatoriedad de inscribirse en el sistema, pues de lo contrario podría perder la habilitación.

La advertencia de Solano se da teniendo en cuenta que más de la mitad de las ambulancias que operan en Barranquilla no se han acogido a la Resolución 0642 de 2018, que reglamenta el Sistema de Emergencias Médicas. De los 25 vehículos medicalizados que atienden las emergencias, solo 11 se encuentran inscritos.  

Según la reglamentación, los ciudadanos solo podrán solicitar el servicio de una ambulancia a través de la línea 123.

Sanciones

 Quienes incumplan podrán recibir diferentes sanciones como amonestación, multas, suspensión o cancelación del registro o de la licencia, cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo. También suspensión o pérdida definitiva de la personería jurídica de las personas privadas que presten servicios de salud.

Recientemente, uno de los dueños de ambulancias expresó que el sistema es inconstitucional, a lo que Solano expresó que “las IPS que presten estos servicios y no se encuentren inscritos estarían haciéndolo por fuera de la norma vigente, so pena de verse inmersos en procesos administrativos que podrían desembocar en sanciones”. 

Lo anterior se describe en el Artículo 3 Resolución 000926 de 2017, donde se define el sistema de emergencias médicas; y en el artículo 10 de la Resolución No. 0642 de 5 de septiembre de 2018, donde se reglamenta el sistema para el distrito de Barranquilla.

Con relación a algunas inquietudes planteadas por los lectores de EL HERALDO en el sentido de que si una persona pide una ambulancia, por ejemplo de Asistencia Médica Inmediata, AMI, qué pasaría, Solano respondió que los servicios prestados por esta empresa se enmarcan dentro de la actividad definida como “atención domiciliaria”, la cual para su ejecución requiere del cumplimiento de estándares adicionales a los definidos en la normatividad del SEM. 

“La atención domiciliaria no está incluida dentro de las actividades reguladas por el Sistema de Emergencias médicas, según lo descrito en la resolución 926 del 2017 emitida por el Ministerio de Salud. Por todo lo anterior este tipo de servicios seguirá operando sin inconveniente”, expresó la funcionaria.

Ante el interrogante en el sentido de que si constitucionalmente la medida del sistema no estaría violando el derecho que tiene la persona a decidir que quiere un servicio con una u otra empresa (por ejemplo para quienes necesitan un servicio de urgencias en caso de un accidente laboral si obligatoriamente tendrían que llamar 123), Solano explicó que la Ley 1438 de 2011, en  su artículo 67, estableció el Sistema de Emergencias Médicas con el propósito de responder de manera oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismos o paros cardiorrespiratorios que requieran atención médica de urgencias.

Destaca que el sistema de emergencias médicas se desarrolló como un modelo general integrado que comprende, entre otros, los mecanismos para notificar las emergencias médicas, la prestación de servicios prehospitalarios y de urgencias, las formas de transporte básico y medicalizado, la atención hospitalaria, el trabajo de los centros reguladores de urgencias y emergencias, los programas educacionales y procesos de vigilancia.

Solano enfatizó que mediante Resolución No. 00001220 de 2010, el Ministerio de Salud establece las condiciones y requisitos para la operación, organización y funcionamiento del Centro de Regulación de Urgencias, Emergencias y Desastres –CRUE–, con el objeto de lograr que en las entidades territoriales exista una adecuada y oportuna regulación de pacientes urgentes, logrando articular a todos los actores del Sistema  General de Seguridad Social en Salud, y del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, y dentro de sus funciones se encuentra  el articular con el Numero Único de Seguridad y Emergencias –NUSE– y organizar los servicios de atención prehospitalaria del territorio. 

Política de estado

 La funcionaria recordó que el sistema de emergencias médicas, por orden legal, es una política de estado liderada desde el Ministerio de Salud y que Alcaldía de Barranquilla, por conducto de la Secretaria de Salud Distrital, dando cumplimiento a sus deberes constitucionales y legales a través de la Resolución No. 0642 de 5 de septiembre de 2018, reglamentó el sistema de emergencias médicas en el Distrito.

“Ahora bien, en relación con la posible vulneración de normas constitucionales por parte de las normas del sistema de emergencias médicas del orden nacional o Distrital, dichos juicios de valor, únicamente los puede estudiar y fallar los servidores públicos investidos de facultades jurisdiccionales como son los jueces de la república”, agregó.

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