El Heraldo
De derecha a izquierda: Clemente Fajardo, Enrique Gil Botero, Pedro Lemus y Guillermo Polo.
Barranquilla

$100.000 millones costaría nueva cárcel en el Atlántico

Nación, Distrito y Gobernación firmaron convenio que pretende descongestionar los centros penitenciarios. Implementarán centro de custodia provisional.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero,  firmó con las autoridades del Departamento del Atlántico y del Distrito de Barranquilla un convenio marco de cooperación que busca desarrollar estrategias que permitan la estructuración y ejecución de convenios  encaminados a descongestionar  los centros penitenciarios  en esta zona del país, mediante la construcción de una nueva cárcel para 2.000 internos, mientras que a través de diferentes estrategias se habilitarán otros 1.000.

En el convenio también participan el Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciaros y Carcelarios (Uspec).

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó que la firma de este convenio permitirá un intercambio de información entre la Nación y  la entidad territorial; a fin de dar respuesta rápida y efectiva a las distintas necesidades en materia de política criminal y penitenciaria.

“Queremos además un control efectivo a las medidas de aseguramiento que no implican medidas intramurales, tales como la prisión domiciliaria”,  en este sentido  se firmó un convenio con la Policía Nacional a fin de que los cuadrantes tengan a su cargo la inspección y vigilancia de las personas cobijadas con estas medidas.

El Convenio Marco de Cooperación que se celebra entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Inpec, la Uspec, la Gobernación del Atlántico y el Distrito de Barranquilla busca desarrollar estrategias que permitan la estructuración y ejecución de convenios específicos encaminados a:

1. Descongestión de los centros penitenciarios y carcelarios del Departamento y del Distrito, mediante la generación de nuevos cupos carcelarios (Construcción de una nueva Cárcel)

2. Intercambio de Información entre la Nación y el Territorio; a fin de dar respuesta rápida y efectiva a las distintas necesidades en materia de política criminal y penitenciaria.

3. Control efectivo a las medidas de aseguramiento que no implican medidas intramurales, tales como la prisión domiciliaria (Convenio con Policía Nacional a fin de que los cuadrantes tengan a su cargo la inspección y vigilancia de las personas cobijadas con estas medidas)

4. Tratamiento penal diferenciado para adolescentes en conflicto con el delito asociado a drogas (Proyecto Piloto de tribunales de drogas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes)

5. Otras medidas que se consideren necesarias para la superación de la crisis carcelaria y el fortalecimiento de la política criminal (Dejar abierta la posibilidad para incorporar nuevas estrategias que las partes consideren necesarios).

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