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Crisis social se incuba en la Costa por alzas de las tarifas

Estas entidades, con presencia en la región Caribe, precisaron que la Ley 142 permite desmontar el régimen que disparó el incremento en el costo del servicio de energía. 

Más sectores se van sumando a la “lucha” por la reducción de las altas tarifas de energía en la Costa Caribe. Esta vez el pronunciamiento proviene de las Cámaras de Comercio y los Comités Intergremiales de esta región del país en el que exigen al Gobierno nacional una acción concreta para paliar el impacto que están teniendo estos incrementos en la productividad de las empresas y el bolsillo de los usuarios. 

En un extenso comunicado, los representantes de dichas entidades expusieron que el actual panorama tarifario afecta “en gran medida” a muchos de los habitantes de esta zona.

Insistieron en que el componente de pérdidas sigue siendo el que mayor peso tiene en el aumento del costo de este servicio por lo que las actuales resoluciones  emitidas recientemente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) “no solucionan de fondo” dicha problemática. 

“Las resoluciones se limitan a  diferir en el tiempo una fracción de las alzas, que finalmente los usuarios pagaremos con intereses. Desconocen con ello la responsabilidad del Estado en la crisis que sufre la región Caribe al no haber ejercido una adecuada supervisión del sistema para que se modernizara la infraestructura de distribución, no haber intervenido a tiempo a Electricaribe y haber prolongado este proceso”. 

Precisaron que el régimen especial establecido por la CREG para la Costa puede ser “desmontado” haciendo uso del artículo 126 de la Ley 142, debido a que establece que las fórmulas tarifarias pueden ser modificadas “en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, cuando sea evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, se lesionen injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa (…)”.

Manifestaron además que si bien los operadores de red deben recuperar las inversiones mediante incrementos tarifarios, era necesario primero “mejorar la calidad del servicio con financiación del Estado o de los nuevos operadores, y bajar las pérdidas antes de aplicar las alzas en el costo del servicio”. 

Este sector pone en entredicho la sostenibilidad del modelo de gestión y el modelo regulatorio actual debido a los cambios que han sufrido y que han derivado en efectos negativos a los usuarios y a la economía. 

“El mayor costo unitario de la energía afecta la productividad de las empresas de la región Caribe y comienza a provocar el aplazamiento o el éxodo de sus programas de expansión y de contratación de personal, así como también el freno de nuevas inversiones”. 

Agrega el comunicado que “los incrementos en el costo de este servicio impactan en mayor medida a los hogares vulnerables, empobrecen aún más a la población del Caribe porque condicionan las decisiones de consumo, y están incubando una crisis social”. 

Modificación de contratos

El exsenador por el partido Dignidad, Jorge Enrique Robledo, manifestó estar de acuerdo con la declaración hecha por las Cámaras de Comercio y los Comités Intergremial de la región Caribe frente a las alzas en las tarifas de energía. 

Precisó que “es un hecho” que la Ley 142, que rige estos asuntos de servicios públicos, sí permite modificar los contratos actuales que derivaron el incremento en el servicio y que es en definitiva lo que hay que hacer. 

Por otra parte, cuestionó los recientes anuncios hechos por la CREG y el Gobierno nacional para hacer frente a esta problemática que incide en gran medida en la Costa. 

“Son insuficientes los anuncios en relación con la crisis que ya se vive y la situación insoportable que están viviendo los ciudadanos y el sector económico de la Costa en particular”, dijo Robledo. 

Agregó que la situación empeorará por los nuevos incrementos en las tarifas que se aproximan. 

En esa misma línea, se pronunció el experto en temas del sector eléctrico, Carlos Diago, quien afirmó que mediante una resolución general la ministra de Minas, Irene Vélez, quien asumió las funciones de la CREG, puede derogar las anteriores resoluciones que contemplan el marco tarifario de la energía. 

“La ministra tiene todos los elementos para suspender los efectos de estas resoluciones, la Ley 142 se lo permite. Podría expedir una primera resolución de carácter general en donde se ordene la revisión de todas aquellas resoluciones producidas entre los años 2018 al 2022, que se aparten de las leyes estatutarias”.  

Indicó que en la medida en que se vaya haciendo la revisión de esas resoluciones se encuentre la motivación de que desconocen o no se ajustan a la ley y se declararían, posteriormente, sin efecto alguno. 

“Es inviable financieramente”: Air-e sobre asumir el componente de pérdidas

John Jairo Toro, gerente general de Air-e, manifestó que la compañía es “la más interesada” en que se resuelva el tema tarifario en la región Caribe. “Nos preocupa mucho en la medida en que los precios de generación y todos los componentes de la energía que traemos a la región han tenido unos incrementos grandísimos en los últimos 16 meses”. 

Precisó que han realizado varios planteamientos al Gobierno nacional para buscar salidas al incremento y entre esas opciones está la revisión del indexador para que “tenga algún tipo de devolución y que el precio no se vea afectado  por los crecimientos extraordinarios que se dieron por el Índice de Precios del Productor (IPP)”.

“En un año a nosotros nos ha subido más del 50% la energía que le pagamos al resto de la cadena y que tenemos que pagarla todos los meses y de forma prepagada (…) nos interesa que nuestros usuarios tengan la mejor tarifa posible y la más asequible para que avancemos y puedan pagar su factura”. 

Sostuvo que se debe dar una discusión en torno a la cultura del no pago y el fraude de energía para hacer viable el mercado de energía en la Costa. Indicó que es “inviable” financieramente que una compañía asuma el componente de pérdidas. 

“La cantidad de energía que se pierde en la región Caribe es muy alta, para Air-e pueden ser más de $60 mil millones mensuales y eso alguien lo tiene que pagar (…) el Estado, todos los colombianos vía presupuesto o el mercado, pero ninguna compañía se metería a un proyecto de estos teniendo que sumir directamente del bolsillo para cargar con ese componente. Eso haría inviable cualquier proyecto de energía en la Región”. 

Por último, señaló que para hacer ajustes a la tarifa se necesita de “voluntades”. 

Afinia solicitó renegociar 26 contratos

El gerente general de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, afirmó que solicitaron la renegociación de 26 contratos que tienen vigentes en el marco de las nuevas disposiciones del Gobierno nacional y que fueron adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Por ello están a la espera de las respuestas de las empresas. Explicó que la reducción en la tarifa del servicio dependerá del indexador que sea aprobado por las compañías ya que estas pueden definirlo de manera voluntaria. “Es necesario un esfuerzo porque la gente tiene muchas expectativas. Estamos atentos para buscar las soluciones que se requieren y poder contar con clientes satisfechos”, sostuvo el gerente, quien recordó que se amplió en cinco días el plazo para terminar estas negociaciones bilaterales.

Indicó que por las presiones inflacionarias el Índice de Precios al Productor (IPP), que se usa como indexador de los contratos bilaterales, presenta un aumento histórico que ha acelerado el incremento de las tarifas que se esperaba fuera de cerca del 45 % en cinco años y que en solo dos años ya llega casi el 50 %. Lastra Fuscaldo indicó que la empresa recibe en promedio cada mes por concepto de facturación unos $235 mil millones, pero el promedio de sus obligaciones mensuales para el pago de compra de energía es de $275 mil millones. No obstante, aseguró que las inversiones que realizó la empresa en su zona de cobertura sumaron $900 mil millones con corte a agosto de este año, lo que le ha permitido bajar sus niveles de pérdidas de 27,91 % a 26,68 % entre noviembre de 2021 y agosto de 2022.

 

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