¿Son los amparos policivos una estrategia de invasión?
EL HERALDO revela otros dos casos en los que se cuestionan las decisiones de un inspector de policía de Puerto Colombia.
Los problemas de tierras en Puerto Colombia son muchos. Aunque EL HERALDO a lo largo de varios meses ha publicado varias denuncias, cada vez son más las personas las que consideran que sus derechos han sido vulnerados por invasores o por funcionarios.
La sociedad Beiramar y Cia. Ltda. es propietaria de un terreno localizado en Sabanilla, el cual tiene más de 20 años de tradición, sin embargo, enfrenta un proceso judicial porque un tercero reclama la posesión de la tierra y hasta consiguió un amparo policivo para quedarse en ella.
Según los abogados Yudy Henao y Simón Ackerman, defensores de la compañía, han tenido que luchar contra un extrabajador de Beiramar y Cia. Ltda, quien actualmente está en posesión del predio denominado El Callao IV gracias a un amparo policivo entregado por el inspector nocturno de Puerto Colombia, Alberto Angulo Angulo.
Liquidación y posesión
Precisamente para evitar que el predio fuera invadido u ocurriera cualquier otra perturbación, la empresa contrató a una persona para que trabajara como vigilante del lugar. Según los abogados, a Enicenio Manuel Velásquez Miranda se le otorgó un salario durante más de 20 años para que estuviera al frente de la celaduría y el mantenimiento del lote.
En abril de este año, Velásquez Miranda renunció a través de una carta en la que explicaba los motivos personales que lo llevaron a tomar la decisión y además le pedía a Beiramar y Cia. Ltda. una “colaboración voluntaria” para levantar su propia casa en un lote que le fue adjudicado por la Alcaldía de Puerto Colombia. De acuerdo a Henao y Ackerman, el celador fue liquidado en debida forma, incluso se le entregó un dinero en manera de bonificación.
“Sin embargo, el 5 de julio el inspector de policía de turno del municipio de Puerto Colombia, Alberto Angulo Angulo, se presentó al predio en mención con el fin de llevar a cabo la diligencia de inspección ocular por una supuesta querella policiva por perturbación a la posesión en contra de Beiramar. Para nuestra sorpresa, Enicenio Manuel Velásquez Miranda fue quien inició la querella policiva”, expresaron Henao y Ackerman en un comunicado de prensa.
De acuerdo a los juristas, durante la diligencia no se hicieron presentes el Personero Municipal y mucho menos un perito que identificara la ubicación, medidas y linderos del predio. “Además, al trabajador que entró a reemplazar a Velásquez Miranda no se le permitió realizar llamadas telefónicas a los abogados de la sociedad.”
Ese día, el nuevo trabajador fue expulsado de la tierra y el inspector Angulo le otorgó un amparo policivo a Enicenio Velásquez.
Los representantes de Biramar y Cia. Ltda. interpusieron un recurso de apelación el cual, según ellos, no fue recibido en la Inspección de Policía, motivo por el cual tuvieron que enviarlo a la Alcaldía de Puerto Colombia a través de un correo electrónico.
“El mismo día de la diligencia ingresaron al predio unos ciudadanos extranjeros, armados, los cuales manifestaron encontrarse allí por órdenes de Enicenio Velásquez, por lo cual en días posteriores se solicitó el acompañamiento de una patrulla de Migración Colombia para verificar la situación legal de los individuos. Sin embargo, el día que se realizó la diligencia con los agentes de Migración, huyeron hacia el monte”, relataron los juristas.
Pero lo que más llamó la atención de los propietarios y sus abogados fue que en el predio había un vigilante de la empresa de seguridad privada Lost Prevention Ltda.. Les parece extraño que Enicenio Velásquez pueda sufragar los costos de contratar una empresa de vigilancia para el cuidado de este predio, por lo que sugieren que este hombre estaría siendo instrumentalizado por alguien más.
“Ante esta situación se procedió a requerir a la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada a fin de conocer quién es el titular del servicio de vigilancia y actualmente nos encontramos en espera de la respuesta de la entidad”, dijeron los juristas.
Beiramar y Cia. Ltda. logró demostrar, además, que quien pretende “invadir” su propiedad inscribió una supuesta sentencia del Juzgado 15 Civil del Circuito de Barranquilla de fecha de 17 de septiembre de 2019, pero que este documento resultó ser falso. “se demostró la falsedad con un certificado del mismo juzgado que incluso bloqueó el respectivo folio. Además, certificó que no existe acta de reparto de ese proceso judicial y que la secretaria que aparece firmando no trabajaba en ese juzgado para esa época”, dijeron los abogados.
EL HERALDO hizo una visita al predio El Callao IV y constató que en la parte externa hay dos vigilantes de la empresa Mady Security, contratados por Beiramar y Cia Ltda., y en el interior había uno con uniforme de la empresa Lost Prevention. Sin embargo, no se pudo verificar si en el predio estaba el señor Enicenio Velásquez.
El caso Grama
La empresa Grama Construcciones y las personas que han invertido grandes sumas de dinero en el proyecto de vivienda Novaterra enfrentan un proceso judicial mucho más complejo que el de Besimar.
Por un lado, la constructora no ha terminado el proyecto por completo aunque sí ha hecho entrega de varias viviendas, y por el otro están 16 personas que invirtieron en sus casas, pero al ver que no se las habían entregado, ni siquiera terminado, decidieron iniciar un proceso para tomar en posesión las viviendas.
A través de un amparo policivo otorgado por el inspector nocturno de policía de Puerto Colombia, Alberto Angulo Angulo, los compradores de las viviendas pudieron ingresar al proyecto e instalarse en sus casas. Algunos, incluso, las han terminado de su propia cuenta.
Luis Felipe Omaña, abogado de 13 de estos poseedores, afirmó que lo que piden sus clientes es que se les entreguen sus viviendas con todo lo que la constructora les prometió. “A los señores les prometieron un club house, un megaproyecto de 52 hectáreas, no esto que tenemos ahora”, dijo.
Elkin Celis, uno de los actuales poseedores de una de las viviendas del proyecto y quien invirtió en ellas todos sus ahorros, dijo que el amparo policivo fue la única forma que tuvo para poder proteger su inversión y ahora pide que la constructora le reconozca lo que invirtió y que además responda por los perjuicios que han tenido.
Por su parte, Margarita Sierra, representante legal de Grama, afirmó que la decisión del inspector es cuestionable y que no debía entregar los amparos policivos a quienes invirtieron su dinero en comprar estas viviendas, que, entre otras cosas, sobrepasan los mil 200 millones de pesos.
Según Sierra, la empresa que representa se quejó del procedimiento del inspector ante la Alcaldía, la Procuraduría y la misma Inspección de Policía, pues considera que el procedimiento no fue del todo correcto.
Una lista de quejas
En una edición pasada, EL HERALDO informó sobre la denuncia de la empresa Ingeniería Colombiana del Caribe S.A.S., la cual se considera víctima de una perturbación de un predio localizado en Salgar.
Según la firma De La Espriella Lawyers Enterprise, asesora jurídica de la empresa, existen supuestas irregularidades en el proceso toda vez que el inspector Angulo Angulo les concedió un amparo policivo a los presuntos perturbadores.
En su momento, Juan David Ortega, personero Municipal, dijo que estaba analizando algunas de las decisiones del inspector. “Tengo varias solicitudes de vigilancia especial de unos procesos que él ha llevado como inspector, y tengo en concreto dos quejas disciplinarias que estoy dándoles trámite. Hay muchos cuestionamientos sobre el actuar del señor inspector Alberto Angulo”, expresó Ortega.
El secretario de Gobierno de Puerto Colombia, Leonel Morrón, también fue citado en el informe de la siguiente manera: “(Angulo Angulo) tiene varias investigaciones, varias quejas, varias denuncias. Sí se están adelantando investigaciones. El Personero tiene facultades disciplinarias, puede tomar decisiones administrativas. Todas las denuncian que me van llegando, las voy pasando a la Personería.”
Igualmente, este medio informó que contra el inspector Angulo Angulo existe un fallo judicial. Se trata de una orden de arresto de tres días y una multa por parte de un juzgado que consideró al funcionario en desacato ante una orden judicial.
Lo cierto es que en muchos líos de tierras en Puerto Colombia están las decisiones del inspector como común denominador y varias de estas son objeto, no solo del rechazo habitual que generan las actuaciones policivas, sino de indagaciones penales y disciplinarias.
“Hay que preservar la legalidad”: Alcaldía de Puerto Colombia
En un comunicado de prensa enviado a esta casa editorial, la Alcaldía de Puerto Colombia informó las acciones que está tomando para “promover e incentivar la inversión privada a partir de una institucionalidad sólida que preserve la legalidad en el ordenamiento del territorio.”
En el documento, la administración del alcalde William Vargas precisó que está revisando el cumplimiento de aspectos técnicos, ambientales, jurídicos, administrativos y financieros de los proyectos inmobiliarios desarrollados en su jurisdicción, así como la toma de decisiones en conflictos entre particulares generados en asuntos policivos. Igualmente evitar las invasiones y recuperar terrenos que han sido entregados en cesión al municipio y que están en manos de terceros.
“En cabeza del Alcalde municipal se conformó un comité técnico jurídico integrado por la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Territorial y la Oficina Jurídica, con el fin de ejercer el control de legalidad de los procesos bajo la jurisdicción policiva, establecer unos lineamientos de actuación de las inspecciones de Policía que garanticen el debido proceso, en especial los avocados en segunda instancia por el Alcalde Municipal”, se lee en el comunicado.
