Denuncian destrucción de zona de mangle en Puerto Colombia
En el sector se han construido varias casas. Alcaldía autorizó desalojo de invasores ante una solicitud hecha por Dimar. Hay otras 33 investigaciones.
Las zonas de manglar en Puerto Colombia siguen sin protección. A través de la línea Wasapea a EL HERALDO fue denunciada la destrucción de un área natural, ubicada en el sector de Pradomar, para la construcción de viviendas.
Los habitantes de la zona aseguraron que esta invasión es reciente, pero que han avanzado con celeridad, al punto que se han construido cuatro casas en un sector considerado de interés público y que se encuentra en jurisdicción de la Dimar.
Un equipo periodístico de EL HERALDO realizó un recorrido por la zona y evidenció que continúan las labores de relleno y movimientos de tierra para dar paso a la edificación de nuevas casas.
Los habitantes del sector aseguraron que se encuentran preocupados por la situación, pero sienten temor de denunciar por presuntas represalias en su contra.
“A la gente le da miedo denunciar, pero necesitamos de la ayuda de los medios porque no es posible que la Gobernación esté planeando reconstruir la zona turística y haya gente haciendo estas actividades ilegales”, sostuvo un residente de dicha zona de Puerto Colombia.
Restitución
Ante esta situación, este medio se comunicó con la Dirección General Marítima (Dimar) para establecer las acciones de control que se vienen cumpliendo en este sector para evitar este tipo de hechos.
El capitán de fragata Carlos Urbano Montes, capitán de Puerto de Barranquilla, ratificó que la zona está bajo la jurisdicción de la Dimar y que se adelanta un proceso investigativo.
“De acuerdo con las diferentes verificaciones e inspecciones que hemos realizado, esta zona tiene características técnicas de playa marítima o bajamar, por lo tanto hace parte de una zona determinada como bienes de uso público, el cual se encuentra bajo la jurisdicción de la Dimar”, afirmó el capitán.
El capitán Urbano señaló que en ese sector se ha presentado alguna dinámica, por esta razón emitieron una solicitud de restitución, luego de haber verificado la base de datos y realizar las inspecciones correspondientes.
Además, indicó que desde el año 2019 fueron informadas a las autoridades locales y se está haciendo el procedimiento para poder recuperar esa zona.
La autoridad marítima también expuso que, a través de su Área de Desarrollo Marítimo, cuenta con una base de datos y un análisis tecnológico que se han desarrollado para determinar las zonas que cumplen con las características de playas marítimas o zona de bajamar.
El capitán de Puerto de Barranquilla también especificó que en el caso de que una construcción no cumpla con la normatividad marítima establecida se inicia un proceso administrativo para su restitución.
La autoridad marítima, además, explicó cuáles son los pasos para hacer algún tipo de obras sobre los bienes de uso público. Se debe dar cumplimiento a la normatividad marítima de acuerdo con el decreto 2324 para tener acceso a una concesión.
Las concesiones corresponden a una serie de prerrequisitos, entre esos un certificado de la Alcaldía, un certificado de la autoridad ambiental, certificaciones de algunos ministerios como el de Transporte e Interior, una certificación del Icanh, unos estudios de vientos y mareas en el cual la construcción es viable en esa área.
Actualmente hay 33 investigaciones abiertas por invasiones de bienes de uso público en el departamento del Atlántico.
Respuesta de la Alcaldía
La Alcaldía de Puerto Colombia, a través de la Oficina de Medio Ambiente, indicó que el proceso de restitución se ha extendido por un periodo de 10 meses. Según explicó la administración municipal, durante el año pasado se capturaron siete personas, que fueron dirigidas a la URI y después se retiraron del lugar.
La Alcaldía agregó que en diciembre se volvió a presentar un episodio de intento de invasión del predio a través de menores de edad. Por esta razón, la secretaria de Medio Ambiente informó a la Corporación Regional Autónoma (CRA), entidad encargada de realizar este tipo de acciones administrativas y desalojos.
El 31 de marzo de este año, el alcalde Wilman Vargas decretó el desalojo que será realizado por la Inspección de Policía, aunque aún no hay una fecha establecida.
