Imagen nocturna de Piojó, un municipio ubicado en la zona costera del departamento del Atlántico.
Imagen nocturna de Piojó, un municipio ubicado en la zona costera del departamento del Atlántico. César Bolívar

Proyecto busca meter en cintura las concesiones de alumbrado público

La iniciativa también pretende eximir del cobro del impuesto a quienes no sean beneficiarios del servicio. En el Atlántico, la Contraloría investiga a Piojó por posible detrimento.

Atlántico

La iniciativa también pretende eximir del cobro del impuesto a quienes no sean beneficiarios del servicio. En el Atlántico, la Contraloría investiga a Piojó por posible detrimento.

En el Congreso de la República comenzó el trámite de un proyecto de Ley con el que se pretenden meter en cintura las concesiones de alumbrado público que operan en el país, especialmente en los municipios de quinta y sexta categoría.

La iniciativa, por medio de la cual se reforma el impuesto al alumbrado público, contempla que se exima del cobro de la tasa asociada con este servicio aquellos predios rurales que no sean beneficiarios o usuarios de este servicio.

El proyecto también establece una sobretasa que no podrá ser superior al 1 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial; es decir que solo se cobraría una vez al año como recargo en el gravamen. 

La iniciativa pretende modificar el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 que rige en la actualidad y que establece pagos aun en los sitios que directamente no reciben el servicio de alumbrado público. Para el autor de la iniciativa, el representante por el Cesar José Salazar, esta norma es “injusta” y por eso el Congreso busca replantear los cobros.

“En zonas rurales, por ejemplo donde el ganadero decide poner cuatro o cinco lámparas haciendo conexiones desde su contador, entonces le cargan adicionalmente el 20% por costo de alumbrado público, un costo que en este caso no se debería pagar”, explicó Salazar.

El efecto que quiere causar esta iniciativa para el país, es clara, si no se ofrece servicio en la zona cercana donde usted habita no se le deberá cobrar, esto a su vez incentivará a las administraciones y concesiones a garantizar el servicio en cada vereda o corregimiento, donde en la actualidad no hay sistemas de iluminación.

César Lorduy, representante a la Cámara por el Atlántico, dijo que ya es hora de reformar el impuesto de alumbrado público que se cobra en muchos lugares, pero no se presta.

El congresista advirtió que también hay casos donde se presta y se cobra sin ningún estudio o fundamento que justifique la tarifa que se impone, como ocurre en algunos municipios del Atlántico.

Un ejemplo de este caso es Piojó, cuyo servicio ha sido cuestionado por la comunidad y por las empresas a las que les exige pago porque sus redes soterranizadas pasan por el municipio.

La lupa en Piojó

Precisamente en el Atlántico, la Contraloría tiene puesta la lupa sobre Piojó. Los hechos que han sido objeto de denuncia en el municipio costero tienen que ver precisamente con un posible detrimento patrimonial que tiene relación con la prestación del servicio de alumbrado público.

Una fuente cercana a este proceso le dijo a EL HERALDO que un equipo interdisciplinario comisionado por la Contraloría departamental ha atendido diferentes acciones con las que se establecerá las presuntas faltas de tipo disciplinario penal y/o fiscal en las que pudieron haber incurrido los funcionarios de la administración municipal.

La investigación, que empezó su curso entre 2017 y 2018, hace referencia al contrato suscrito en 2014 entre el municipio y la firma Sentel Ltda para la prestación del servicio de alumbrado público, por “una cuantía indeterminada”.

En este último año, esta casa editorial en varios informes reveló que los habitantes de Piojó se quejaban por la deficiencia en la prestación del servicio y el alto costo de sus tarifas.

De acuerdo a la investigación del ente de control fiscal, los ingresos que obtuvo el municipio por concepto de alumbrado público en 2015 fue de $159 millones, valor que, según la investigación, no refleja la ejecución presupuestal activa del periodo 2015.

En los documentos de la Contraloría se indica que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 la administración municipal estimó el ingreso de alumbrado público en un monto de $138.290 millones y apropiaron en el presupuesto de gastos la misma suma; sin embargo, Electricaribe aportó al proceso la certificación de facturación por valor de $380.635 millones y un total de recaudo por $234.389 millones.

La diferencia por mayor valor recaudado con respecto al monto estimado es de $96.099 millones, cifra que no se observa que se haya adicionado al presupuesto. Este saldo no se encuentra en  cuentas de ahorro o corrientes del ente municipal y no hay soportes de gastos.

El contrato de concesión fue firmado por 20 años; es decir hasta 2035, con la empresa Servicios de Energía y Telecomunicaciones (Sentel Ltda), representada por Samuel Felipe Otálora Ortiz, y por el alcalde de ese momento, Carlos Imitola González.

Otro de los puntos que señala el proyecto de Ley tiene que ver con ajustar estos periodos de concesiones, que como en el caso de Piojó, actualmente se hacen por ciclos de 20 y hasta 30 años. De aprobarse la Ley, los contratos de concesión se harán por un periodo máximo de 10 años.

Según el congresista Salazar, en Atlántico hay sobrecostos en los elementos que utilizan las concesiones.

Los pliegos en el caso de Piojó hacen mención a 474 luminarias instaladas, sin embargo al momento de presentar el estado actual de las mismas solo se relaciona 288 en funcionamiento y 186 dañadas, mientras que el censo entregado por Electricaribe arrojó un total de 345 luminarias, lo que se traduce en 129 lámparas menos de las que le fueron entregadas al concesionario.

Para expertos consultores en el sector energético, la Ley se contradice, porque aunque pretende “corregir una práctica aberrante” sobre todo en la zona rural, donde no se presta al 100% el servicio y aun así se cobra, a renglón seguido dice que los alcaldes podrán establecer los predios donde se cobre.

“Gravar las actividades de autogeneración de energía, empresas y organizaciones que produzcan su propia energía desestimula el uso de sistemas de iluminación como energía solar”, señaló un experto.

Todos pagan

En la actualidad el cobro de alumbrado público en Barranquilla lo deben pagar todos, sin tener en cuenta si el ciudadano tiene o no un contador de energía, o si en su cuadra no hay sistema de iluminación. La explicación, según el jefe de la Oficina de Gestión de Ingresos de la Alcaldía, Fidel Castaño, es sencilla: el concepto que se maneja en la ciudad, está basado en el beneficio, y tiene en cuenta la ley.

“Es sujeto pasivo el que se beneficia del servicio de alumbrado público, pero este no necesariamente tiene que tener la luminaria al frente de su casa, sino que se beneficia del sistema de alumbrado público en cualquier sitio donde se desplace en la ciudad, algunos pagan este impuesto a través del predial”.

Sobrecostos. A principios de 2018, el DNP reveló los resultados de una evaluación en la que encontró a algunos municipios están pagando sobrecostos por concepto de suministro de energía para alumbrado público y citó en la región Caribe a las alcaldías de Barranquilla y la zona bananera en Magdalena.

Una de las causas que se asociaron a los sobrecostos son las malas negociaciones que hacen las administraciones a la hora de contratar el suministro de energía destinada al alumbrado público.

Al analizar los costos que se asumen por administración, operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público, la evaluación encontró que en promedio el gasto por luminaria es de $218.633, siendo la región Caribe la que registra el mayor promedio con $384.942 por luminaria.

Para solucionar este inconveniente que afecta el gasto de los recursos públicos, el DNP propuso  que la Superintendencia de Servicios Públicos asuma la vigilancia y control de la calidad en la prestación del servicio.

Pagar los conceptos por separado

De acuerdo con el contrato de condiciones uniformes de Electricaribe que todos los usuarios tienen suscrito con la empresa, los conceptos que vienen discriminados en la factura, entre ellos el cobro de alumbrado público se pueden pagar por separado. Este contrato se suscribe con la empresa cuando se acepta el servicio, a partir de entonces las partes se someten a las condiciones establecidas en este documento.

La cláusula 54 del parágrafo segundo del contrato que tiene 53 páginas, señala que la empresa debe facturar los servicios que presta por separado, y asimismo, el usuario o suscriptor tiene la libertad de cancelarlos de manera independiente.

“La gente lo desconoce, y es importante porque si un usuario tiene dinero para pagar solo el cobro por concepto de energía, podrá hacerlo”, dijo un experto en consultoría energética.

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