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Procuraduría inhabilita por diez años a tres concejales de Palmar de Varela

El Ministerio Público tomó la decisión por las irregularidades en la selección del Personero Municipal, realizada en enero de 2016.

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años y cuatro meses a tres miembros de la Mesa Directiva del Concejo de Palmar de Varela, Atlántico, por las irregularidades en la selección del Personero Municipal, en enero de 2016.

La decisión proferida por la Procuraduría Provincial de Barranquilla afectó al Presidente de la corporación para esa fecha, David Egea Ramírez, el Primer Vicepresidente, Manuel Soñett Fontalvo, y el Tercer Vicepresidente, Edinson Ortiz Obredor.

Para el Ministerio Público los tres funcionarios se extralimitaron en sus funciones al entrevistar a un aspirante al cargo sin tener la competencia para hacerlo, lo que por estatutos le correspondía al Concejo Municipal y no a la Mesa Directiva.

Así mismo los investigados emitieron una resolución en la que le daban un carácter eliminatorio a la entrevista, y con fundamento en la misma excluyeron del concurso de méritos al participante.

La Procuraduría determinó que la resolución expedida contradecía lo establecido en el Decreto 2485 de 2014 (art. 2), que señala que la entrevista en el proceso de selección tiene un carácter clasificatorio y solo representa el 10 por ciento de la evaluación total de los aspirantes.

La decisión el Ministerio Público señaló que la conducta de los disciplinados ocasionó un grave daño social al someter a la Personería Municipal a una situación de anormalidad, toda vez que se afectó el concurso y el cargo tuvo que proveerse mediante la figura de encargo. Igualmente afectaron los derechos fundamentales al debido proceso del aspirante.

Por esa razón el Ministerio Público destituyó e inhabilitó a los tres funcionarios por incurrir en una falta gravísima a título de culpa gravísima por dar a la entrevista el carácter de prueba eliminatoria y por una falta grave a título de culpa grave por extralimitación en el ejercicio de sus funciones. La decisión fue apelada por la defensa de los disciplinados.

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