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Vista aérea de Tubará, en el territorio se recomienda priorizar el complejo de bosques y matorrales secos para contrarrestar los efectos climáticos.
Orlando Amador - Cortesía
Atlántico

Once municipios de Atlántico deben adaptarse al cambio climático

Según Sirap Caribe, la vulnerabilidad de estos territorios ante situaciones de sequía e inundaciones requiere de estrategias de conservación.

Baranoa, Juan de Acosta, Luruaco, Piojó, Puerto Colombia, Repelón, Sabanalarga, Tubará, Manatí, Ponedera y Santa Lucía conforman los once territorios del Atlántico que, de acuerdo con el  Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe (Sirap), son prioridad para la adaptación al cambio climático.

La vulnerabilidad de estos municipios ante situaciones de sequía e inundaciones requiere de estrategias de conservación y protección para la mitigación del riesgo.

De acuerdo con el Ideam, la variabilidad climática en la región se expresa particularmente en los llamados fenómenos de ‘El Niño’ y La Niña. En el caso de ‘El Niño’, las zonas secas se ven amenazadas por mayor frecuencia de incendios forestales y sequías, que agravan los grados y velocidades de desertificación actual. De otro lado, el fenómeno de ‘La Niña’, representa riesgo de pérdida de la materia orgánica y la biodiversidad por inundaciones y deslizamientos.

Condición y ubicación

Teniendo en cuenta esa variabilidad climática, Sirap Caribe ha realizado un seguimiento minucioso a los territorios del Atlántico que, debido a su condición y ubicación geográfica, requieren una adaptación basada en ecosistemas. Es decir, que sus poblaciones aprendan a obtener servicios de la naturaleza tales como alimentos, agua potable, combustible, refugio, regulación del clima, protección contra deslizamientos e inundaciones, entre otros, con el fin de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático.

En palabras más simples lo que pretende es que se adopten una serie de actividades como por ejemplo el manejo integrado del recurso hídrico para conservar y proteger las cuencas hidrográficas, los bosques y la vegetación asociada en la regulación de los flujos de agua.

También que se reduzca el riesgo de desastres mediante la restauración de hábitats costeros como los manglares, un ecosistema eficaz contra las tormentas, la intrusión salina y la erosión.

Además que se establezcan diversos sistemas agropecuarios para que en la zona rural se adquieran conocimientos sobre cultivos, prácticas y variedades de ganado para asegurar la provisión de alimentos frente a condiciones climáticas cambiantes.

Y por último, que se  aprenda sobre el manejo de matorrales y arbustos para evitar incendios forestales.

Áreas prioritarias

En el departamento se definieron zonas prioritarias que requieren de estrategias en los corredores biológicos para conectar con las áreas protegidas establecidas que son: Rosales, Lurisa, Paomar y Palmar del Titi, ubicados entre Usiacurí, Luruaco y Piojó. Estas reservas garantizan la función del bosque seco y los servicios ecosistémicos tales como: la regulación hídrica, la retención de suelos, y la captura de carbono que regula el clima y la disponibilidad de agua y nutrientes. Estos servicios permiten recuperar la humedad del suelo y bajar en índice de aridez, ya que es un bosque de características endémicas que se ha adaptado a condiciones de estrés hídrico.

Además por cada municipio se establecieron las áreas de los ecosistemas que deben protegerse.

Bajo estas condiciones Sirap recomienda en el Atlántico incorporar en el Plan de Desarrollo estrategias de conservación, restauración y uso sostenible que se requieren para recuperar la función y la estructura del ecosistema.

Los municipios que contemplan una mayor extensión entre 2 mil y 5 mil hectáreas de ecosistemas son prioritarios a proteger y conservar ya que garantizan los servicios ambientales de abastecimiento y regulación del recurso hídrico. En la lista se encuentran Ponedera, Piojó y Tubará.

Degradación de ecosistemas
En Luruaco se recomienda priorizar los humedales y bosques secos del Embalse del Guájaro.

De acuerdo con el informe de Sirap, en el Caribe colombiano la degradación de los ecosistemas, la falta de valores asociados a la biodiversidad ligados al recurso hídrico y demás servicios ecosistémicos en los procesos de ordenamiento territorial, ha generado un incremento de las condiciones de vulnerabilidad frente eventos naturales recurrentes que terminan afectando las actividades económicas, la infraestructura y la calidad de vida de las poblaciones.

“Para los efectos del cambio climático hay recursos limitados y poca capacidad planificadora, contamos con un sistema político que responde más a las necesidades de la coyuntura y a las urgencias de la supervivencia política”, señala el estudio de Sirap.

A raíz de esto, la investigación detalla que hay una degradación de los ecosistemas, debido al escaso entendimiento de la que existe sobre la importancia de las prioridades de conservación, sus funciones y de los servicios ecosistémicos que son vitales para el bienestar de las poblaciones y el desarrollo de la región.

La región
En Piojó se busca proteger el complejo de bosques y arbustales secos, además del complejo cenagoso.

Dentro de los efectos asociados a los ecosistemas, el estudio dice que la región Caribe ha perdido la capacidad de absorción del cambio climático, esto ocasionado por la época seca y húmeda que a su vez provoca inundaciones marcadas y prolongadas sequías que afectan la economía, la salud de los ecosistemas y el bienestar de las poblaciones.

“Por un lado la problemática de fragmentación de los ecosistemas va camino a la desertificación, por el otro, el reflejo son las ciénagas que se están colmatando porque a los ríos cae mucho sedimento. Ya esas zonas no pueden amortiguar las inundaciones provocadas por las lluvias prolongadas; entonces, es por eso que en algunas zonas el agua termina desplazándose a otras áreas”, explica el biólogo marino Alfredo Calero.

El cambio climático es reconocido como la mayor amenaza a la biodiversidad y se destacó a las áreas protegidas como una de las soluciones más poderosas. Cada vez más, se reconoce que el manejo de los sistemas de áreas protegidas como sumideros de carbono y recursos para la adaptación es una estrategia eficaz y relativamente rentable.

Un estudio sobre la economía del cambio climático recomendó que los gobiernos desarrollen políticas para “los bienes públicos sensibles al clima, incluyendo la protección de los recursos naturales, a través de la adaptación basada en ecosistemas.

Actualmente, las redes de áreas protegidas y estrategias de conservación ayudan tanto a mitigar los efectos del cambio climático como a adaptarse al mismo, concluye el estudio ambiental.

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