Ocupación indebida de playas: “arma de doble filo” para el turismo
La Dimar reportó un incremento de estos casos en comparación con el 2020. Se están realizando trabajos con alcaldías municipales para intervenir en la situación.
En 1984, a través de un Decreto de Ley en el cual se reorganizó la Dirección General Marítima (Dimar) se establecieron las pautas para disponer de espacios como playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas del país, enfatizando en que estos son –y siempre han sido– bienes de uso público de la Nación, en los cuales nunca será posible conferir título alguno sobre el suelo a un ciudadano.
Sin embargo, en las zonas costeras del Atlántico se ha “interiorizado la costumbre” de hacer uso de estos espacios marítimos, pasando por alto los preceptos legales.
Esta situación de ocupación indebida de playas en el departamento, de acuerdo con las autoridades marítimas, es un problema recurrente que ha persistido en esta zona de la región Caribe desde hace varias décadas.
En noviembre del 2020, la Dimar entregó un reporte de 360 casos de invasiones en el sector costero del Atlántico. Actualmente, la dirección aseguró que se tiene registro de 436 casos. Para la autoridad, las cifras permiten entrever “un efecto bola de nieve” que da cuenta de un incremento acelerado del problema.
Conforme al inventario de la autoridad marítima, los casos se concentran en cuatro municipios costeros, siendo estos Puerto Colombia (175), Tubará (171), Juan de Acosta (45) y Piojó (25). También se reportaron 20 casos de esta tipología en Barranquilla.
El capitán de navío Jesús Zambrano, capitán de Puerto de Barranquilla, explicó que estas ocupaciones indebidas de playas en el Atlántico suelen utilizarse con fines turísticos o gastronómicos, sin haber tramitado inicialmente permisos temporales, licencias o concesiones para su uso.
“La mayoría de caseteros de las playas del departamento no tienen permiso de la autoridad marítima para hacer uso del suelo. Al identificar estos casos, los reportamos ante las autoridades municipales para que se haga la debida restitución del terreno”, expresó el capitán.
Pese a que la situación hace referencia directa a la ocupación irregular de bienes de uso público, el capitán Zambrano aseguró que el proceso de restitución de espacios y normalización de los bienes suele ser complejo debido a que influyen factores socioculturales.
“Muchas de las personas que están ocupando estos espacios de manera indebida han estado ahí desde hace muchos años porque ven en las playas una oportunidad para trabajar. Entonces ahí hay un problema social”, ratificó el Capitán Zambrano.
La autoridad marítima del departamento enfatizó en que, además de que la ocupación indebida va en contra de la ley, también afecta el orden de las playas, generando sobrepoblación de los espacios y colapso en zonas marítimas. Estos factores podrían terminar siendo “un arma de doble filo” para el turismo debido a que, en días con alta afluencia de personas, los balnearios se convertirían en escenarios caóticos, generando una experiencia negativa para turistas y visitantes.
En Puerto Colombia —por ser un municipio con alta demanda de turistas en el departamento y, consecuentemente, con mayor persistencia de la ocupación indebida de playas— la administración municipal está trabajando de manera articulada con la Dimar para regular la situación.
“Este es un sector del departamento donde la gente quiere tener un pedazo de playa para diferentes fines. Por eso estamos tratando de organizar los espacios que los caseteros tienen en las playas para ayudarles a ellos a seguir haciendo uso del espacio, pero de manera formal y regulada”, manifestó Fabiola Ahumada, secretaria de Turismo de Puerto Colombia.
La funcionaria enfatizó en que se están poniendo en marcha estrategias de concientización a operadores turísticos –o caseteros– para formalizar su estadía en las playas, debido a que de esta población depende el sustento diario “de gran parte de la población” de Salgar, Pradomar y el muelle.
“Todas las personas que están ocupando espacios de playas de manera irregular deben cumplir con la normativa. Quienes se rehúsen a hacerlo, no podrán estar en la playa así que se procederá a la restitución del espacio”, puntualizó.
Ante este panorama, caseteros de Puerto Colombia han iniciado las primeras etapas de legalización de su estadía en las zonas costeras, partiendo desde la concientización respecto que, a través de permisos o concesiones entregadas por la Dimar, también podría iniciar un proceso de dignificación de su trabajo.
“La mayoría de los caseteros estamos mostrando interés por obtener nuestros permisos de uso del espacio. Creemos que con esto van a estar más organizadas las playas y serán un mejor atractivo para el turista”, argumentó Leonor Ariza Peña, presidenta de la Asociación de Caseteros de Salgar.
Por su parte, Jairo Leyva, dueño de un restaurante en este sector, aseguró haber regulado su estadía en las playas desde hace más de 14 años a través de permisos temporales otorgados por la Dimar.
“Siempre me ha gustado cumplir con los requisitos para estar acá. Tener mi permiso me hace sentir tranquilo y le da más estabilidad a mi negocio durante el tiempo que establezca la autoridad”, dijo Leyva, destacando que su local cuenta con más de 40 años de funcionamiento en la playa.
En otras zonas costeras del departamento, el panorama es diferente debido a que —según lo informado por la Dimar— algunos municipios “no son tan receptivos”. Este es el caso de Tubará, donde, en la mayoría de los caseteros, existe un rezago en el cumplimiento de la normativa. Esta situación, de acuerdo con la autoridad marítima, se agudiza en espacios de bajamar en las playas de Caño Dulce.
Sobre este asunto, el alcalde de Tubará, José Coll, detalló que se están analizando los casos puntuales debido a que cada uno representa “una situación distinta”. No obstante, enfatizó en que la administración municipal recibió solicitudes de restitución del terreno por parte de la Dimar y, en ese sentido, “se están realizando estudios para iniciar acciones administrativas”.
El mandatario hizo un llamado a los caseteros y demás personas que están ocupando de manera indebida el espacio en las playas del municipio para acogerse a la normativa de las autoridades marítimas debido a que el cumplimiento de esta podría beneficiarlos en varios factores. “Lo importante de entrar en la legalidad es que estas personas pueden ser sujetos de beneficios de los programas estatales que se realizan en el eje de turismo”, ratificó.
En el caso de Juan de Acosta, pese a que la Dimar haya identificado un número considerable de casos de este tipo, la secretaria de Turismo de municipio, Miryam Goenaga, aseguró que, durante su permanencia en el cargo, no ha tenido conocimiento sobre situaciones de ocupación indebida de playas en el territorio municipal.
El uso indebido de espacios marítimos podría representar también un riesgo para los ecosistemas que confluyen en estas zonas. Es por eso que, entre los requisitos legales para ocupar estos sectores de manera legal, es indispensable tener aprobado un concepto de viabilidad ambiental, otorgado por las autoridades que regulen esta área. En el caso del Atlántico, es la Corporación Regional Autónoma (C.R.A.) del departamento.
“Las declaraciones favorables de viabilidad ambiental permiten establecer los mobiliarios permitidos en cada zona, definir el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, medir los impactos ambientales generados por cada actividad y controlar los mismos a través de la imposición de obligaciones”, ratificó Jesús León Insignares, director de la C.R.A., enfatizando en que la legalidad de ocupación de estos espacios permite ejercer control y vigilancia sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables de forma sostenible.
El suboficial de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, Manfredo Arrieta, detalló los requisitos necesarios para recibir un permiso temporal o concesión de espacios en zonas costeras del departamento. Inicialmente, el ciudadano deberá tramitar ante la alcaldía municipal la solicitud de uso del suelo en determinado espacio.
La viabilidad de esta será verificada por la administración, en relación con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. Posterior a esto, desde la C.R.A. se estudiará la viabilidad ambiental del proyecto, determinando los parámetros a cumplir. Por último, luego de evaluar el impacto del proyecto en cuestión, la Dimar otorgará el permiso o concesión del espacio por un tiempo determinado. En caso de que la funcionalidad del proyecto represente un mayor impacto, se requerirán permisos de orden nacional.
