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Los puntos pendientes del proyecto urbanísticos en Caujaral

Comité de la Alcaldía revisa los planes parciales aprobados. Abogado de Más House dice que cumplen requisitos.

Son varios los puntos que tienen en el centro de una polémica al megaproyecto inmobiliario que se comercializa en el sector de Caujaral, cercano a un brazo del arroyo León, en Puerto Colombia.

Por un lado la Alcaldía Municipal señala que fue presentada una demanda de nulidad del plan parcial que le dio vida a este proyecto, que aún no se ha entregado una licencia de construcción y que hay varias falencias en el trámite administrativo del proyecto que están siendo investigadas por la Fiscalía. Cabe aclarar que hay otros planes parciales que también son objeto de una investigación.

De hecho, el alcalde Wilman Vargas constituyó un comité que tiene a cargo la revisión de todos los proyectos y construcciones para verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas.

El abogado de la constructora, Juan David Ossa, defendió el proyecto y explicó que comenzaron a planearlo desde el 2016 haciendo contacto con los propietarios de las tierras, las primeras evaluaciones de las normativas acerca del uso del suelo, lo que permitía el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Colombia y los caminos legales para poder desarrollar el proyecto.

Aseguró que la Administración municipal les entregó las determinantes urbanísticas, que son las normas bajo las cuales se puede diseñar y formular el plan parcial.

“Adelantamos todas las etapas necesarias que nos establecía la ley para poder desarrollar el proyecto antes de su lanzamiento. Nosotros el proyecto lo terminamos de lanzar apenas en mayo de este año una vez que ya sé contaba con el plan parcial aprobado desde noviembre del año pasado”, aseguró Ossa.

El abogado aseguró que, desde mayo que comenzó la comercialización, el proyecto ha sido un éxito en ventas. Sin embargo, aún están terminando de vender la etapa inicial para alcanzar el punto de equilibrio y terminar de tramitar la licencia de construcción. “Es decir, vamos dentro del paso a paso que establece la norma chuleando cada uno de los requisitos”.

Indicó que esa comercialización se está realizando bajo el amparo de una fiduciaria, la cual, en la medida en que cumplan los requisitos, les gira dinero permitiendo utilizar los recursos.

“No hemos lanzado un proyecto sin conocer las normas, sin saber si en esa zona se podía o no se podía desarrollar. Hicimos la evaluación, buscamos y tramitamos los permisos que se requerían”, añadió y aseguró que el más importante era el plan parcial, el cual les tomó tres años desarrollarlo.

Explicó que en ese tipo de obras, la licencia se hace en paralelo con la comercialización, ya que se necesita saber si el proyecto es exitoso y si cumple con las expectativas de los clientes porque “de nada sirve tener la licencia de un proyecto que no es del agrado del público”.

Además, que se busca que la aprobación de la licencia coincida lo más cercano posible al momento en que se tiene el punto de equilibrio, que se tenga el número de ventas que permita asegurar “que el proyecto si o si, se va a desarrollar”.

Sobre la vigilancia de la Fiscalía General de la Nación, recalcó que en Puerto Colombia, la entidad vigila al municipio desde hace varios años.

Aseguró que la Fiscalía se ha llevado copias de todos los expedientes de planes parciales y de solicitudes de licencias que se han venido haciendo desde el año 2016. “Ahí en esa actuación tienen copia de los planes parciales que han solicitado otras empresas”. 

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