La voraz explotación minera que produce daños ambientales en el Atlántico
Ambientalistas y habitantes de los municipios afectados denunciaron el impacto negativo que esta práctica “indiscriminada” está causando en las fuentes de agua y suelos del departamento.
Con el pasar de los años, la explotación minera se ha convertido en una “peligrosa” actividad a cielo abierto que ha crecido generando afectaciones al medio ambiente y a la calidad de vida de los habitantes de los municipios del Atlántico donde se desarrolla.
Los recursos que son extraídos en improvisadas canteras, como el caso de la piedra china, caliza, ciclópea, arena y otros minerales, suelen ser destinados al sector de la construcción, así como en la fabricación de vidrio, objetos ornamentales y demás materiales que también generan empleos en distintos sectores del departamento.
Para algunas comunidades de los municipios de Luruaco, Repelón, Santo Tomás, Galapa, Baranoa, Sabanalarga, Juan de Acosta, Puerto Colombia y Manatí, es “alarmante” las afectaciones que viene sufriendo la corteza terrestre y la transformación de los paisajes a raíz de esta práctica, que también ha conllevado a la pérdida de cultivos, afectaciones a la fauna y embates a la atmósfera.
Frente a esta situación, EL HERALDO realizó un recorrido por algunas poblaciones del Atlántico en donde se desarrolla la minería para conocer de cerca la postura de las comunidades respecto al tema.
En el corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción de Luruaco, Antonio Pertuz, mientras atendía su negocio de víveres señaló que la explotación de la piedra caliza y china ha traído consigo una gran cantidad de sedimentación, la cual termina corriendo para los arroyos al momento de llover y a la vez al Embalse del Guájaro.
Del mismo modo, la deforestación ha sido otro de los efectos contraproducentes de la explotación en ese sector, según lo expuesto por el hombre.
Elsy Arteaga relató que las autoridades locales y nacionales se han hecho los de la “vista gorda” sobre el cuidado ambiental que se debe tener para extraer recursos. “Solo han tenido en cuenta extraer para su beneficio, olvidando totalmente lo nocivo que resulta para nosotros inhalar el polvo que producen las numerosas canteras legales e ilegales de Luruaco”, aseveró.
Por su parte, Humberto Currea Yepes, ambientalista del municipio de Luruaco, apuntó que la minería legal e ilegal que existe en Arroyo de Piedra tiene “acciones negativas” debido a que los residuos manipulados se dirigen al Embalse del Guájaro, poniendo en peligro la pesca artesanal de la cual viven más de 3.000 pescadores de esa zona.
Orlando Cantillo, lugareño del corregimiento de Rotinet en Repelón, narró que en años anteriores cuando se dedicaba a la minería en una pequeña cantera de Rotinet descubrió que “se le hace un mayor daño a la vegetación cuando se explota con maquinaria pesada” porque deja rastros en la corteza del suelo, afirmó.
Ante ello, reconoció que con la extracción de arena “contribuyen” a agravar el ambiente en la población. Pero, según el morador “es la única opción de ingreso que tienen porque en Repelón no hay empleo”, anotó.
En Santo Tomás, Saúl García, un habitante de 50 años consideró “crítica” la situación que afronta el municipio al referirse a la explotación de arena, la cual se lleva de manera “indiscriminada” área rural de la población, originando un retroceso agrícola al destruir la flora porque le quita su potencial.
Según García, para ello “no hay autoridad competente que pueda controlar o monitorear el impacto en la naturaleza, porque todos se hacen los locos cuando se trata de daño ecológico”, agregó.
Frente a esta problemática, el director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), Jesús León Insignares, enfatizó que la minería ilegal afecta casi todos los recursos naturales como la flora, fauna, aire, agua y suelo, debido a que son actividades que se desarrollan sin ningún tipo de medida de manejo ambiental, de tal manera suscita el descapote de la capa vegetal, intervenciones de cauces, modificación de los suelos, movimientos de tierra y circulación de vehículos pesados que emiten material particulado.
El funcionario a su vez comentó que las empresas que desarrollan minería legal deben cumplir con un plan de manejo ambiental que incluya las medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos.
Igualmente, una vez terminada la extracción de cada frente de trabajo se debe realizar un cierre minero en el que se vincule la recuperación de los taludes, rellenos con materiales orgánicos, recuperación paisajística y forestal sobre estos mismos, precisó Jesús León Insignares a HERALDO.
Por otro lado, Adolfo Wilches, secretario de Desarrollo Integral de Sabanalarga, dijo que en el municipio existen zonas de explotación de material seleccionado que están ubicadas en áreas donde hay algunas restricciones.
Sin embargo, reveló que la extracción en la localidad incrementa los niveles de erosión y calentamiento global. Del mismo es notorio que no hay zonas verdes que oxigenen los campos.
Además, Wilches puso de presente que se han hecho trabajos de diagnóstico para establecer unas líneas de acción y así combatir esta actividad que perjudica a la comunidad.
Karina Castellanos Romero, bióloga de la Universidad del Atlántico, manifestó que las áreas donde se extrae la piedra, la arena u otros recursos, suelen liberar un material particulado que es arrastrado por las lluvias hasta llegar a sistemas acuáticos y pueden agregar este sólido que va incrementar algunas características, lo que afecta calidad de agua.
En relación a eso, se incrementan valores como sólidos en los sistemas, PH, conductividad, alcalinidad, subrayó la profesional.
Juanita Aldana, directora del Departamento de Química y Biología de la Universidad del Norte, expuso que la minería ha llevado a la pérdida de zonas de bosques secos y tropicales en el departamento.
De acuerdo con la bióloga, este panorama resulta “grave” para la prestación de servicios de los ecosistemas, puesto que son los que mantienen el bienestar de las personas. Al mismo tiempo se producen deslizamientos e inundaciones.
Bajo ese aspecto, también existen afectaciones como la contaminación del aire, el manejo del agua y demás.
Teniendo en cuenta la repercusión que tiene la actividad en el ambiente, Aldana indicó que la extracción se debería autorizar en zonas donde no hay ecosistemas tan importantes. “El bosque seco es una prioridad para la conservación de ecosistemas en comparación con otras acciones con efecto de explotación”, anotó.
“Es importante tener en cuenta que la minería beneficia a unos pocos, pero muchos se ven afectados. Se deben valorar los ecosistemas que presta el bosque y así mismo sopesar la decisión de permitir esta actividad con base en los daños que se causan”, recalcó la bióloga de la Uninorte a este medio.
