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La pandemia golpea las finanzas del Atlántico

Departamento ha dejado de percibir 116 mil millones por recaudo de impuestos entre enero y julio. Gobernadora Elsa Noguera toma medidas.

La disminución en el recaudo por concepto de impuestos desde el inicio de la pandemia ha obligado al gobierno de Elsa Noguera a “apretarse el cinturón” y a replantear el plan de inversiones que tenía proyectado para los próximos tres años.

De acuerdo con las cifras que maneja la Gobernación del Atlántico, durante el primer trimestre del año los ingresos corrientes crecieron en un 19,2%, lo que reflejaba el “buen comportamiento” de los atlanticenses con el pago de sus obligaciones tributarias; sin embargo, este panorama cambió con la llegada de la Covid-19 y la declaratoria de la emergencia sanitaria en el país.

Uno de los primeros efectos de dicha emergencia fue justamente sobre las finanzas de los departamentos y municipios. En el caso del Atlántico, en marzo se empezaron a registrar cifras negativas, que se han profundizado al cierre del mes de julio.

Desde marzo (cuando comenzó la pandemia) hasta el mes de julio se dejaron de percibir $116 mil millones por concepto de ingresos propios si esta cifra se compara con el recaudo del año 2019. El mes de mayo presentó el mayor decrecimiento, con un 38%.

“La situación es verdaderamente crítica, debemos ajustarnos a esta nueva realidad fiscal y tomar las medidas que conduzcan a priorizar el gasto, donde con pocos ingresos podamos impactar mucho en la reactivación del departamento” explicó Juan Camilo Jácome, secretario de Hacienda del Atlántico.

Luego de un análisis de las cifras, la gobernadora Elsa Noguera expresó su preocupación por la caída en los ingresos en lo corrido del año; razón por la cual anunció que priorizará la inversión pública en la atención de la emergencia por Covid-19 y la reactivación económica del departamento.

La mandataria ha sido clara con su equipo de gobierno y le ha comunicado que se deben buscar medidas que permitan reactivar la economía del departamento.

“Tenemos que ser responsables en materia financiera, la pandemia nos ha obligado a apretarnos el cinturón y a buscar medidas que nos permitan reactivar la economía. Le he pedido a todo mi equipo priorizar los programas estratégicos de nuestro plan de desarrollo que permitan una mejor atención de la emergencia y dejar la economía del Atlántico a toda marcha una vez superemos la crisis. Solo destinaremos recursos en lo estrictamente necesario”, aseguró.

Noguera dijo igualmente que con la disminución de los ingresos de esta vigencia y el ajuste al marco fiscal de mediano plazo, la administración departamental decidió reducir el cupo de endeudamiento para el cuatrienio 2020-2023 de $802.000 millones a $510.000 millones.

El panorama financiero que señala la gobernadora Noguera se agrava con la decisión del Gobierno nacional de disminuir la asignación de las regalías para el departamento durante este año 2020, por cuenta de las medidas adoptadas por la pandemia.

Según los cálculos de la mandataria, el Atlántico solo recibirá $43 mil millones, lo que representa un recorte del 50% frente a lo presupuestado a comienzo de año, que era de $86 mil millones.

Descentralizar las regalías.

 Tras el llamado de los gobernadores costeños a privilegiar la descentralización y la autonomía regional en el proyecto de reglamentación de las regalías, desde el Legislativo se escucharon voces, algunas de respaldo al articulado del Gobierno, pero la mayoría en consonancia con las manifestaciones de los mandatarios departamentales.

Con este proyecto en cuestión se desarrolla el Artículo 361 de la Constitución y se reglamenta el acto legislativo de reforma a las regalías aprobado en 2019, por lo tanto lo que está tramitando ahora el Congreso es la ley por la cual se dictan las condiciones del nuevo Sistema General de Regalías, que reemplaza al antiguo sistema de 2012.

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, presentó el pasado 4 de agosto esa iniciativa, que ha despertado inquietudes por parte de alcaldes y gobernadores, pues el proyecto original señala algunos riesgos en materia de autonomía y también supuestamente una disminución de los montos a invertir en las entidades territoriales.

Este articulado será discutido en comisiones quintas conjuntas en primer debate y luego en plenarias, y debe quedar aprobado antes del 30 de agosto, que fue el plazo que dispuso la reforma constitucional que lo avala.

Frente a lo que trae el proyecto, los cambios en los fondos de financiación quedan con que los Fondos de Compensación Regional y Desarrollo Regional se unen y forman el Fondo de Inversión Regional que recibirá un 34% de la distribución de las regalías. De este 34% de los recursos destinados para la financiación de proyectos con el Fondo de Inversión Regional, solo el 50% podrá ser utilizado por la entidad territorial y el 50% restante será destinado a una bolsa concursable a nivel nacional.

Así mismo, establece el documento que la distribución de recursos se realizará teniendo en cuenta la población (60%), el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI (30%) y desempleo (10%).

El senador Guillermo García Realpe, del Partido Liberal, integrante de la Comisión Quinta, explicó que “en los primeros análisis del proyecto se establece que se van a recuperar recursos a favor de los municipios y departamentos productores. Antes se había hecho una distribución general, para todo el país. También promueve un apoyo a municipios de los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas (NBI), habrá para aquellos que tienen más de 25% de NBI y también para los estratos de municipios pequeños categorías 5 y 6”.

Involucra el proyecto además criterios técnicos de inversión regional, a partir de promover desde 2022 obras estratégicas y de regiones administrativas de planeación, como la RAP Caribe”.

Financiación se podría afectar.

El representante César Lorduy, de Cambio Radical, cuestiona que “con solo el 50% disponible por la entidad territorial, se podría afectar la financiación de proyectos contemplados en los planes de desarrollo departamentales. Y con la nueva distribución se disminuyen los ingresos para cada uno de los departamentos y aumentan los recursos destinados a Bogotá. Para el caso del Atlántico, los recursos disminuyen en 31%”.

También advierte sobre la pérdida de autonomía, “ya que la decisión de viabilización estaría a cargo del Gobierno nacional. Se dejan de recibir los recursos destinados para el funcionamiento de las secretarías técnicas para personal, adquisición de bienes, papelería y otros gastos de funcionamiento”.

Cambio estructural.

Por su parte, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, señala que “si en este país queremos avanzar en descentralización, tenemos que trabajar sobre un cambio estructural del Estado”.

Ante ello, planteó un nuevo modelo de categorización de los municipios: “El 92% de los municipios de este país son categoría sexta. Mientras esto siga así, veremos muchos alcaldes frustrados dependiendo de la voluntad del ministro de Hacienda de turno. Esto no es un problema de Carrasquilla, por quien tenemos todo el respeto y aprecio: es un problema estructural de organización del Estado. Y es allí donde nosotros estamos proponiendo modelos distintos”.

A su vez, el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, señala que se debe escuchar a los gobernadores: “Se deben escuchar las quejas y los reclamos por más centralización, creemos que los únicos que conocen las verdaderas problemáticas de su gente son los gobernadores y los alcaldes, y que no se debe centralizar más el Presupuesto, sino al contrario, llevarlo a las regiones y que sean ellas las que tomen las decisiones”.

Sin embargo, afirmó que va por buen camino la mesa de concertación con el presidente Iván Duque, quien se reunió con los mandatarios departamentales y la Federación Nacional de Departamentos, FND, el pasado miércoles, precisamente para ajustar el proyecto.

“Ojalá llegue a feliz término, pero desde el Senado defenderemos la descentralización de las regalías en Colombia”, aseguró.

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