El Heraldo
La Alcaldía de Malambo está trabajando de manera articulada con la fuerza pública y la Defensoría. Hansel Vásquez
Atlántico

El Clan del Golfo recluta menores en Malambo

La banda criminal está haciendo un “uso ilícito de jóvenes del municipio para la comisión de delitos”, denunció el consejero presidencial para los DD. HH., Jefferson Mena, en visita a EL HERALDO.

El reclutamiento y utilización de menores para fines ilícitos es uno de los temas que ha dinamizado la agenda, en territorio, del consejero presidencial para los Derechos Humanos, Jefferson Mena Sánchez, durante sus tres meses en el cargo.

Es por eso que, en su paso por el Atlántico, —además de inspeccionar el panorama de garantías de derechos— realizará una visita este viernes a Malambo, con el fin de reunirse con el mandatario municipal, Rumenigge Monsalve, y conocer la situación en detalle.

“El alcalde me manifestó que tiene mucha preocupación por lo que está pasando con sus jóvenes en el municipio respecto a casos de reclutamiento y uso ilícito de jóvenes para la comisión de delitos”, aseguró el consejero presidencial en diálogo con EL HERALDO, agregando que también se reunirá con las demás autoridades y con la fuerza pública con el fin de “construir un grupo de trabajo que permita proteger a los menores”.

El consejero aseguró que la preocupación de la administración municipal trasciende y “enciende alarmas” en la esfera gubernamental.

“Al Gobierno nacional le preocupa el tema de reclutamiento de menores en Malambo y en todas las zonas del país en donde se atente contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes”, enfatizó el funcionario.

Más prevención

Reconocer los indicadores de alarma y abordarlos de manera preventiva son unas de las estrategias que destaca Mena Sánchez en el proceso de intervención del Estado ante posibles casos de reclutamiento de menores para uso ilícito.

“Hemos sido muy reactivos, en lugar de ser un poco más preventivos”, ratificó el consejero, detallando que desde la Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia se está trabajando con diferentes órganos del Estado para materializar un decreto basado en la prevención.

“Si un niño que reside en contextos donde hay presencia de grupos armados deja de asistir un día a clases, ya debe ser un indicador de alarma para que las instituciones competentes lleguen a atender el caso”, expuso.

Dejar un precedente

El consejero manifestó, además, que a partir del dinamismo basado en la territorialidad y acercamiento a municipios y veredas –una vez concluido el periodo de gobierno del presidente Iván Duque–se pretende dejar un legado en la oficina de DD. HH. del Estado, siendo este un decreto basado en acciones preventivas ante el reclutamiento y uso ilícito de menores.

Alerta de Defensoría

En Barranquilla y su área metropolitana, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en el 2020, enfatizando en que se identificaron zonas donde “se conjugan factores estructurales” que hacen a los menores “más vulnerables” a ser vinculados a estructuras criminales.

Según la entidad, los menores estarían siendo utilizados como informantes y mensajeros por parte de grupos como el Clan del Golfo. También para el transporte de suministros, armas y elementos de apoyo para el grupo, transporte de sustancias ilícitas, tráfico o microtráfico de sustancias ilícitas, entre otras. 

La Alcaldía de Malambo ha estado desarrollando un trabajo articulado con la Defensoría y la fuerza pública departamental para atender esta situación.

Continúa presencia de la fuerza pública en Ciénaga

El funcionario también se refirió al enfrentamiento entre ‘los Pachenca’ y el Clan del Golfo que se registró hace unas semanas en las veredas La Secreta y Siberia, en Ciénaga, Magdalena. De acuerdo con un censo realizado por ese municipio, dejó una cifra de más de 80 familias desplazadas de manera forzosa.

“Estuvimos en La Secreta atendiendo la situación con varias entidades del Gobierno nacional. Les pedimos a las autoridades que hicieran el estudio de seguridad de la zona para garantizar el retorno de esta población, bajo el entendido de que este sea seguro, voluntario y con dignidad”, expresó el funcionario. Del mismo modo, advirtió que en esa zona de la región Caribe “hay un deseo de control del territorio por parte de grupos al margen de la ley”. No obstante, enfatizó en que cuerpos del Ejército y la Policía Nacional “tomaron acciones inmediatamente”. “Esos pelotones aún están allá y van a seguir en ese territorio. Esa es la función de nuestra fuerza pública; asegurar el área”, ratificó.

Población vulnerable

El consejero presidencial para los Derechos Humanos describió el asesinato a líderes sociales como “hechos vergonzosos” para el país, enfatizando en que los líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC) son los más vulnerables a hechos violentos.

“Son 24 clasificaciones de líderes y solo en una tenemos más de 8 millones de personas. Esa es la de las JAC. Eso está bien porque eso robustece la democracia, pero nos plantea un reto muy grande cuando se trata de defenderlos contra estos delincuentes”, dijo.

También explicó que para la protección de los casi 15 mil líderes en el país se incrementó en más de un 40 % el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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