Colombia espera que laudo con Naturgy se defina a fin de año
El director de la Agencia de Defensa Jurídica, Camilo Gómez Alzate, habló con EL HERALDO de cómo va la demanda y la contrademanda por Electricaribe.
La de Electricaribe es la primera contrademanda que presenta Colombia, afirmó en diálogo con EL HERALDO el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, Camilo Gómez Alzate.
“La demanda ya surtió una buena parte de las etapas. Tuvimos, finalizando el año pasado, la audiencia en la cual se debatieron todos los argumentos. Colombia hizo una defensa sólida de su posición y enfrentó los argumentos de Electricaribe no solamente de manera jurídica, sino financiera. Es el primer caso en que Colombia presenta una contrademanda. Entonces el tribunal tendrá que decidir sobre la demanda de Electricaribe, que busca más de 1.000 millones de dólares, y la de Colombia, que está contrademandando por cerca de 500 millones de dólares”, explicó el funcionario.
El laudo arbitral o la decisión en este pleito, agregó Gómez, “calculamos puede salir a finales de este año o a inicios del otro”.
“Ellos no cumplieron”. El director de la Andje advirtió que Colombia, en sus alegatos, defendió “la posición de la intervención como elemento fundamental para poder garantizar una prestación del servicio eléctrico en toda la Costa. Y, segundo, Colombia está diciendo que quien causó el daño fue Electricaribe. Fueron los socios los que no hicieron las intervenciones que tendrían que haber hecho. A pesar de que conocían las circunstancias, no realizaron las inversiones del caso. Naturgy debió haber cumplido con sus obligaciones de inversionista, porque las obligaciones no son solo del Estado, sino también del inversionista”.
Finalmente, Gómez Alzate señaló que ante el árbitro internacional se pusieron de presente no solo las quejas de los usuarios y mandatarios del Caribe, sino también los procesos fiscales y penales que se han abierto por el caso Electricaribe en el país: “La defensa de Colombia fue coordinada con todas las entidades que han tenido que ver en el caso de Electricaribe, como en todos los casos internacionales la Agencia hizo una defensa integral no solo del Gobierno, sino del Estado”.
Desde el 12 de julio de 2016, Gas Natural Fenosa pidió a Colombia un diálogo directo, en un periodo de seis meses, en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre este país y España en 2007, para hallar “soluciones integrales que permitan garantizar la sostenibilidad de la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe”.
Los inversores extranjeros notificaron entonces en un comunicado “la existencia de una controversia con la República de Colombia”.
En ese momento, aseguraron que no había “ninguna demanda”, sino que solicitaron “que se dé inicio a la etapa de seis meses para el arreglo amistoso previsto en el Acuerdo”, mecanismo que debía garantizar, según afirmaron, que se reconocieran “los intereses de todos los afectados, incluyendo a la población de la región Caribe”.
Finalmente, advertía la empresa que “la protección a los inversionistas es condición indispensable para que recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país”.
El 18 de enero de 2017, caducado el tiempo del “arreglo amistoso” y tras ires y venires en conversaciones con el alto gobierno en Bogotá, la compañía con casa matriz en España le dijo a este diario que a partir del 3 de marzo de ese mismo año podía llevar su demanda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del grupo del Banco Mundial, con sede en Washington (Estados Unidos).
En ese momento los reclamos de Gas Natural eran el pago de $3,6 billones (1.100 millones de euros) que, según la multinacional, corresponden a la deuda acumulada por fraudes e impagos, en más de 16 años, de miles de clientes de Electricaribe.
Esto luego de que el 15 de noviembre de 2016 se activara la toma de posesión de Electricaribe tras cuatro días de diálogos de las partes en Bogotá, en los que participaron el presidente de la multinacional, Isidre Fainé, y los entonces ministros de Minas, Germán Arce; de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el consejero de la Presidencia, Juan Guillermo Vélez. El Gobierno exigió una capitalización de la empresa, pero la respuesta de la multinacional fue negativa.
Y el 14 de marzo de 2017 se anunció la liquidación de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios, tras vencerse los cuatro meses de intervención y argumentando que la empresa estaba al borde de una “cesación de pagos” a las generadoras, que amenazaban con limitaciones de suministro que hubiesen ocasionado unos racionamientos masivos en la Costa, y que además no garantizaba las “condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y la calidad debidas”.
El 22 de marzo de 2017 se conoció que Gas Natural Fenosa, en un oficio de 39 páginas, solicitó el inicio del procedimiento arbitral, pero lo hizo finalmente ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), con sede en Viena, Austria, para reclamar a Colombia la devolución de su filial Electricaribe o la indemnización de más de 1.000 millones de dólares.
En este procedimiento pidió que el Gobierno le devuelva Electricaribe “en un marco regulatorio viable” y, en su defecto, que le compense por un importe superior a los 1.000 millones de dólares (unos 926 millones de euros).
Así mismo, argumentó “ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años” en Colombia y consideró que la toma de posesión de Electricaribe “constituye una expropiación sin indemnización”, agregando “el hostigamiento” que, en su opinión, ejerció el Gobierno “sobre un inversor internacional y las personas a su servicio”.
Añadió que en ese momento el 8% de sus clientes se había conectado ilegalmente a las conexiones eléctricas y que esto es tolerado por las autoridades: “Ellos mismos han fallado al pagar la energía que las entidades públicas consumen. Para el 31 de diciembre de 2016, estas entidades le debían a Electricaribe aproximadamente USD700 millones de energía que consumieron, pero que no pagaron”.
Finalmente, recurrieron al rechazo de las protestas en contra de la compañía: “Para septiembre de 2016 se registraron más de 242 actos de violencia en contra de empleados de Electricaribe y contratistas. En 46 de los casos resultaron agredidos físicamente”.
En diciembre de 2019, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Andje, luego de dos años “de intenso litigio”, informó los detalles de la presentación de una “contundente” estrategia de defensa en el caso.
Se refería el ente gubernamental a la demanda de reconvención o contrademanda contra Naturgy –antigua Gas Natural Fenosa–, que había sido impulsada desde diciembre de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, con sede en Washington, desde diciembre de 2018. El valor estimado de la reclamación de Colombia asciende a los 1,7 billones de pesos, incluyendo intereses.
En este caso, entre el 5 y el 13 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia en el arbitraje de inversión iniciado por Naturgy en las instalaciones del Ciadi: “Durante la audiencia, el equipo de defensa de Colombia se concentró en demostrar que la empresa Electricaribe se encontraba en una precaria situación financiera, que le impedía prestar el servicio de energía eléctrica en los siete departamentos de la Costa Caribe”. La contrademanda se interpuso por los perjuicios ocasionados al país como resultado de la mala gestión de Electricaribe y se fundamenta en que Colombia ha tenido que canalizar un monto considerable de recursos a Electricaribe durante la intervención para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región.
Así mismo, sostiene la demanda de reconvención de la agencia estatal de defensa en temas jurídicos que “las deficiencias del servicio de Electricaribe impactaron de manera adversa la industria y desarrollo de la región Caribe, con la consecuente menor productividad y menor pago de impuestos” y también que “Colombia recibió menos ingresos por concepto de los impuestos que habría pagado Electricaribe si hubiera sido bien administrada”.
De igual manera, puso de presente en el recurso que “la administración de Gas Natural en Electricaribe desvalorizó la participación estatal en la empresa”, ya que, argumentó, “la Nación es dueña del 6.56% de las acciones de Electricaribe, que pierden valor en la medida que la empresa se desvaloriza”.
