APP del Canal del Dique: control de inundaciones, a partir de 2028
El proyecto fue adjudicado el pasado miércoles a la firma Sacyr, que se encuentra a la espera de suscribir el acta de inicio para poner en marcha la etapa de preconstrucción.
La restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique se realizará en tres fases. Así se encuentra contemplado en la APP que fue adjudicada el pasado miércoles a la firma Sacyr, que adelantará una serie de obras hidráulicas que representan una inversión social aproximada de $340 mil millones.
En menos de 35 días hábiles, que se dará la firma del acta de inicio del contrato, empiezan a correr los 18 meses contemplados en la fase de preconstrucción. En este tiempo, la compañía deberá realizar las actividades de diseño de las obras y los trámites sociales, ambientales y prediales.
De acuerdo con las proyecciones, a mediados de 2024 debe haberse finalizado el proceso de actualización del instrumento ambiental, el desarrollo de los estudios técnicos y el cierre financiero, así como las consultas previas y planificación de ejecución de los acuerdos.
De forma paralela, con la firma del acta de inicio se dará inicio a las actividades de mantenimiento preventivo de los diques actuales y también se emitirán las alertas tempranas pertinentes para la atención de emergencias por inundaciones para proteger a las comunidades en riesgo.
Entre las estructuras que se intervendrán se encuentran los diques de Santa Lucía – Villa Rosa, Santa Lucía, Manatí y Repelón. También se encuentran relacionadas obras a desarrollar en poblaciones de Bolívar como Calamar, San Cristóbal, Soplaviento y Gambote.
La firma Sacyr tendrá la responsabilidad, tras cuatro meses de la firma del acta de inicio, de realizar dragados de mantenimiento en los 115 kilómetros de la hidrovía, que permitan contar con la profundidad, ancho y radio de curvatura definidos. Es de anotar que estos trabajos no serán de profundización debido a que el cuerpo de agua “cuenta con la profundidad necesaria”.
Cuatro años y 3 meses son contemplados para adelantar la etapa de construcción. Para el desarrollo de las obras se definieron 14 unidades funcionales, en las cuales se incluye la construcción de dos esclusas en Calamar y Puerto Badel para el control del caudal de agua y sedimento.
También se adelantará en mejoramiento de los complejos cenagosos, amplificaciones del canal y protección de orillas, así como 29 obras de conexión individuales para optimizar el sistema de ciénagas, tales como canales, diques, box, reboses, cierre de caños existentes, puentes, entre otros.
En la tercera fase, que tendrá una duración de 9 años, se hará el control de las inundaciones y el aseguramiento de la navegabilidad del canal.
Voces a favor y en contra ha generado la adjudicación del proyecto. Mientras algunos líderes comunitarios destacan el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Ministerio de Transporte, otros aseguran que el proceso ha estado plagado de anomalías.
“Hubo muchos tropiezos jurídicos, pero luego de superarse celebramos que se haya adjudicado porque traerá beneficios para las comunidades asentadas en los alrededores del canal del Dique”, sostuvo Franklin Ortega, líder del sur del Atlántico.
Indicó, además, que el desarrollo de estas obras son “garantía” de no volver a sufrir los embates de la ola invernal.
“Esta será una nueva etapa, donde las comunidades vamos a tener tranquilidad con relación a las medidas que se puedan adoptar para evitar emergencias”, agregó.
Por su parte, Fredy Martínez, líder de Puerto Badel, dijo que “el proceso es irregular, porque no contó con todos los protocolos. No tuvieron en cuenta las denuncias que se hicieron públicamente en el marco de la adjudicación”.
Puso de presente que se pueden presentar demandas y la paralización del proyecto, debido a que “no se corrigieron los errores que fueron evidenciados por la comunidad”.
Martínez agregó que “hicimos muchas peticiones antes de adjudicarse el proyecto y no las resolvieron. Todos los impactos ambientales que puede ocasionar el proyecto, no han sido tenidos en cuenta a pesar de que nosotros somos los que vivimos en el canal del Dique”.
Para los gremios, la adjudicación de la APP del Canal del Dique se constituye en una “noticia positiva” que tendrá un “gran impacto” en las comunidades de Atlántico, Bolívar y Sucre.
Héctor Carbonell, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) capítulo Norte, sostuvo que realizarán vigilancia al desarrollo del proyecto.
“Ratifica que el modelo de concesión y de alianzas público privadas es vital para el desarrollo de infraestructura en Colombia. Conocemos sus bondades y beneficios en materia ambiental y control de inundaciones”, expuso Carbonell.
Agregó que será un proyecto “especializado y desde la CCI vamos a estar apoyando el proceso de construcción y que tendrá un impacto importante en la infraestructura y la generación de empleo”.
Para Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, la adjudicación del APP del Dique es un “paso positivo”, teniendo en cuenta el impacto que tendrá en las comunidades que se encuentran asentadas en la zona de influencia.
“Es de gran importancia porque tiene como objetivo mitigar el impacto sobre posibles inundaciones en Atlántico y Bolívar, y frenar la descarga de sedimentos sobre la Bahía de Cartagena y el Parque Natural Islas del Rosario”, indicó el líder gremial.
Cepeda fue enfático al decir que se debe desarrollar un estudio sobre “posibles impactos que pueda generar el proyecto sobre el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla; en caso de que haya alguna afectación, que se tomen los correctivos que correspondan”.
